Cuatro casos de hurto de material de guerra investiga la Fiscalía Militar en la región
DILIGENCIAS. El organismo investigador castrense de Puerto Varas indaga hechos ocurridos entre el 2020 y 2022. Se trata de hurtos o extravío de armas o municiones en Carabineros y el Ejército. Ello sumado a las diligencias que realiza la Fiscalía Naval por el robo en la Capitanía de Puerto de Cochamó, lo que no ha tenido resultados.
Cuatro son los casos de hurto o extravío de material de guerra que investiga la Fiscalía Militar de Puerto Varas en la actualidad, por hechos ocurridos y denunciados durante los últimos tres años, a propósito de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Naval por el caso del robo con violencia de cuatro pistolas y 300 municiones de guerra en la Capitanía de Puerto de Cochamó. Hecho ocurrido el jueves pasado durante la madrugada.
Los antecedentes recopilados por El Llanquihue indican que los cuatro sucesos que investiga la Fiscalía Militar de Puerto Varas, ocurrieron uno en el 2020 y tres en el 2021, y afectan a Carabineros y al Ejército.
Se trata de hurtos o extravío de material de guerra, lo que considera municiones y armas de fuego entre otros objetos de las instituciones castrenses y de Carabineros.
Durante ese lapso no existen procesos por hurtos o extravíos de material de guerra ni en la Fuerza Aérea (FACh), ni en la Armada. Ello, de acuerdo a lo publicado a través de la ley de Transparencia, en un informe correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.
La Fiscalía Militar de Puerto Varas procesó por estos hechos -2020 y 2021- a un cabo segundo de Carabineros, a un carabinero (raso), además de un sargento segundo del Ejército.
Chaitén
Un caso que es llamativo y que ocurrió en la zona de la provincia de Palena y cuyo estado de proceso no es factible conocer, porque no está en el informe de Transparencia, tiene que ver con el hurto de dos armas de fuego.
Esos datos dan cuenta que el hecho se registró en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Chaitén, comuna capital de la provincia de Palena.
Ambos sucesos ocurrieron el 15 de enero de 2018. En la unidad fue hurtado un revólver con un avalúo de 210 dólares, es decir alrededor de $170.000, y una pistola con un costo aproximado a los 385 dólares, es decir aproximadamente $313.000.
Civiles
El abogado Nain Lamas, ex fiscal de Puerto Montt, explica que el Código de Justicia Militar contempla expresamente dentro de los delitos de su competencia el robo o hurto de material de guerra, entre lo que se encuentran armas, municiones, aparatos, instrumentos destinados a los servicios de las Fuerzas Armadas.
Producto de ello "tiene la competencia y el deber de investigar (la Fiscalía Militar) esos delitos y más aún si ocurren en un recinto militar", asegura Lamas. Al relacionarlo con lo ocurrido en la Capitanía de Puerto de Cochamó, el ex persecutor penal explica que "gracias a modificaciones de los años 2010 y 2016, los menores y civiles, ya sean víctimas o imputados, no pueden quedar sometidos a tribunales militares. Por ello, si la investigación que sigue adelante el fiscal militar (en este caso el fiscal naval) establece participación de determinados civiles en el hecho, debería separar investigación respecto de dichos civiles y remitirlas a la Fiscalía Local del Ministerio Público. Si no se logra establecer la identidad de algún civil que amerite la incompetencia, la causa queda en la justicia militar", asegura.
Garantías
Nain Lamas cuenta que los cuestionamientos a nivel nacional e internacional que se hace a la justicia militar tienen relación con las garantías procesales.
Respecto del caso que afectó a la Armada en Cochamó, el penalista señala que "si la Fiscalía Militar y el Ministerio Público investigaran todo en paralelo, sería un caos", recalca.
"Imagine un solo sitio del suceso donde dos fiscales -uno militar y otro del Ministerio Público- envíen a dos policías diversas a trabajarlo, sólo fundado en el por si acaso. Es por ello que el fiscal militar, especializado en indagatorias de delitos militares, comienza una investigación, dando instrucciones a la policía especializada que estime conveniente, levantando las evidencias y haciendo todas las diligencias necesarias, tal como lo haría un fiscal del Ministerio Público".
"Luego, si del desarrollo de esa investigación aparecen sólo imputados civiles, la causa se traspasa a la justicia penal ordinaria, es decir, Fiscalía y Juzgado de Garantía, pero si hay militares y civiles involucrados (muy habitualmente) la causa se separa y cada justicia -militar y civil- siguen adelante con los procedimientos respectivos".
Revela el abogado Lamas que los cuestionamientos que existen incluso a nivel internacional respecto de la justicia militar "se relacionan mas bien con afectación de garantías procesales para los investigados, cuestión que incluso ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional (TC) en favor de militares investigados por delitos comunes al interior de cuarteles militares (ejemplo el porte de estupefacientes), declarando inconstitucional para esos casos en concreto la norma que radica la competencia en esa justicia militar".
Competente
El también ex fiscal del Ministerio Público, Sergio Coronado, argumenta que debe existir claridad respecto a los roles que cumplen ambos organismos tanto en el civil como en el militar.
Al referirse al robo de armas en dependencias de la Armada en Cochamó sostiene que cuando se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus cargos y vinculados a recintos militares, quien debe realizar la indagatoria es la Fiscalía Naval, "pero la ley es clara que cuando se trata de la intervención de civiles en esos hechos o delitos comunes. Para tal caso, el competente es el Ministerio Público".
Insiste Coronado que cuando existen sospechas o se prueba que en el hecho hubo civiles involucrados, el competente es el respectivo fiscal del Ministerio Público, "pero en este caso el fiscal naval debe investigar de qué manera lo ocurrido le da competencias, en el sentido que puede haber infracción de los militares (marinos), pero ello no impide que se investiguen las otras aristas (por parte de la Fiscalía) del caso (que es) un robo con violencia cometido por civiles".
Para el penalista lo ocurrido con la indagatoria del caso de Cochamó, y las competencias para indagar "puede afectar la legalidad o la posibilidad de recopilar los medios de prueba".
Justicia naval
El ex intendente y ex defensor penal público, Nofal Abud, dijo que esta materia tiene que ver con la sobrexposición de la competencia de la justicia ordinaria -Fiscalía en este caso- como ente investigador y la justicia militar, en este caso la Fiscalía Naval.
"A mi parecer existe una competencia preferente al menos en esta etapa de la investigación que indica que los hechos deben ser investigados por la justicia naval y una vez que esa indagatoria determine el tipo de hechos, si son o no delitos comunes o militares. Es decir, una vez que la investigación determine si los involucrados son militares o civiles, habrá que determinar efectivamente si esa investigación continúa o no en la justicia naval o debe ser derivada a la Fiscalía local y a los tribunales ordinarios para su prosecución".
Según Abud, "inicialmente entiendo que es correcto que los hechos sean investigados por la Fiscalía Naval".
El viernes la Fiscalía de Puerto Montt confirmó que también se hará parte de la indagatoria del robo ocurrido en la Capitanía de Puerto de Cochamó, ante la posibilidad que los asaltantes sean civiles.