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Soberanía alimentaria
Soberanía y seguridad alimentaria fue uno de los temas centrales en el debut del Congreso Futuro en la Región de Los Lagos. Esta materia resulta relevante para una región que lidera la producción de alimentos ricos en proteína -carne, leche, salmones y mitílidos-, pero cuya población consume productos de menor calidad, mayoritariamente importados de Asia o de nuestros vecinos sudamericanos.
La discusión sobre la soberanía, la seguridad y la sustentabilidad alimentaria no admite marcha atrás ni puede reducirse solo al ámbito académico. La necesidad de mejorar y diversificar la producción de alimentos para mantener la calidad de las exportaciones y garantizar, a la vez, un adecuado nivel de consumo interno se ha convertido en un imperativo al que los gobiernos, centrales y regionales, deben poner atención.
La FAO sostiene que el pescado, sus derivados y los productos marinos en general, deben ser considerados como elementos de la seguridad alimentaria y la nutrición. Entonces ¿qué estamos haciendo? Las algas son un área importante de explorar. Poco habituales en nuestra dieta, son de amplio consumo en Oriente por sus amplias propiedades nutritivas. La región tiene un vasto y reconocido potencial para producir diversos tipos de algas comestibles, a las que se les puede dar valor agregado. Enfrentar este desafío requiere investigación, recursos y voluntad, tanto de las comunidades como de las autoridades. Las universidades poseen estudios más que suficientes sobre este tema, sus académicos cuentan con la capacidad y la disponibilidad para trabajar en estas materias. Las comunidades costeras de la región están dispuestas a dar el salto. Y las empresas salmoneras también han manifestado su disposición a contribuir en este proceso, porque comprenden que la sustentabilidad depende de la capacidad de diversificar la actividad acuícola.
¿Por qué no se avanza? Los gobiernos -ni este ni los anteriores- han logrado dimensionar la magnitud del cambio que podría provocar una política pública apuntada a la acuicultura, con recursos, planes de acción y metas claras y definidas.
Rabindranath Quinteros, presidente de la Fundación Región y Futuro
Conservación privada
El cambio climático y la crisis medioambiental son fenómenos con los que definitivamente la humanidad está en deuda, pues no hemos sido capaces de tomar medidas profundas para detener su avance. En esto, las cifras hablan por sí solas: Menos del 30% del planeta está conservado y la vida salvaje ha disminuido en 68% durante los últimos 50 años. Y si hacemos zoom en nuestro país, el gasto del Estado en conservación es de menos de dos dólares por hectárea, solo un 21% de nuestro territorio está bajo Áreas Protegidas, y el reciente conflicto de los guardaparques nos hizo recordar que apenas uno de ellos debe resguardar cerca de 36 mil hectáreas.
Sin embargo, es un privilegio que en nuestro país contemos con bosques capaces de almacenar tres veces más carbono por hectárea que la Amazonía, al mismo tiempo que tenemos la tercera reserva de agua dulce más importante del mundo. Pero, es evidente que el Estado, filántropos, ONGs y grandes grupos económicos no pueden ser los únicos actores de la conservación, ya que más del 65% del bosque nativo en Chile está en manos de privados.
La conservación privada ha jugado un importante rol subsidiario de estas deficiencias. En 1997 los privados conservaban 450 mil hectáreas en Chile y en 2013 esa cifra creció casi hasta el millón 700 mil hectáreas. Dicho trabajo está siendo actualizado y prontamente se darán a conocer los números actuales, que se anticipan aún más altos.
Un modelo eficiente y eficaz para democratizar la conservación es el de los parques rurales, los que existen gracias a la voluntad de miles de personas que, de manera particular, se acogen a un formato donde el resguardo de espacios naturales que les pertenecen es total, dejándolos asegurados a perpetuidad y monitoreados por un tercero que actúa como garante y fiscalizador. Así, el dueño mantiene su derecho de propiedad, pero bajo "nuevas reglas", en las cuales la protección del patrimonio ambiental se impone al concepto más tradicional de propiedad privada.
Esta tendencia, inspirada en el modelo Land Trust de EEUU, e impulsado en diferentes lugares del mundo, lleva años teniendo presencia en Chile con iniciativas lideradas por Geute Conservación Sur, Patagonia Sur, Fundación Tierra Austral y muchas otras organizaciones.
Sin embargo, pese a lo innovador del modelo, no todo ha sido fácil en el desarrollo de estos proyectos, ya que líneas más puristas de conservación, sin fundamento técnico ni jurídico, quieren dejar a toda costa a las personas como turistas de la naturaleza y no como protagonistas.
Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿Es la conservación únicamente la protección absoluta sin presencia humana de un área natural?.
Entonces, el camino parece ser el desarrollo de una gran alianza público privada, porque definitivamente el Estado no pudo, no puede, ni podrá por sí solo, y el actual escenario no deja más espacio que sumar esfuerzos.
Diego Varela, Fundador de Biósfera AustralNulidad del proceso penal
En los últimos años han entrado en vigencia varias leyes que protegen a las víctimas de delitos sexuales y evitan su victimización secundaria, tales como la Ley 21.057 que establece la entrevista videograba respecto de niños y adolescentes víctimas de graves delitos, y la Ley 21.523 que establece medidas de protección para evitar la victimización secundaria de víctimas de delitos sexuales.
Sin embargo, la nulidad en caso Pradenas y del caso del Hogar de niñas Anita Cruchaga de Recreo en Viña del Mar, dejan en evidencia la delicada situación de las víctimas en el proceso penal. En el primer caso, el juicio fue anulado por declaraciones de un integrante del tribunal con posterioridad a la sentencia condenatoria. El segundo caso, relativo a explotación sexual infantil fue anulado de oficio por el tribunal de alzada por falta de análisis en la prueba rendida, aunque la defensa no solicitó la nulidad por este motivo.
Ambos casos dan cuenta de lo feble que es la situación de las víctimas en el proceso penal que, si bien cuentan con una protección adicional en el proceso gracias a iniciativas como las señaladas, que establecen una serie de medidas de protección a las víctimas de delitos sexuales, se ven expuestas a pasar nuevamente por el proceso penal, debido a errores procedimentales.
En ambos casos fue incuestionable la contundencia de las pruebas que justificaban la condena de los acusados, sin embargo, ambos juicios deberán realizarse nuevamente debido a circunstancias ajenas a las víctimas y a los intervinientes. Ellas se verán expuestas nuevamente a concurrir a declarar, repitiendo otra vez su relato, el que será confrontado con declaraciones anteriores.
Dra. María Lorena Rossel, académica de Derecho UDLA Sede Viña del Mar