El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró ayer en Radio Cooperativa que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir los requerimientos presentados por la oposición para impugnar los indultos que el Presidente Gabriel Boric otorgó a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, amplía el debate jurídico a "todos los indultos que se han otorgado desde la dictación de la Ley 18.050, es decir, desde 1981 hasta la fecha". Según su argumentación, esto ocurre porque "cuando declara admisible estos requerimientos, el TC oficia al Ministerio de Justicia en una medida para mejor resolver y no solo para que acompañe los expedientes de estos indultos, sino que el TC solicita copias de todos los indultos" bajo la citada ley.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Gobierno inició los trámites para solicitar a Argentina la extradición de Facundo Jones Huala, líder mapuche del autodenominado grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) detenido ayer en estado de ebriedad en una casa de El Bolsón, en la Patagonia del país vecino, y prófugo de la Justicia chilena desde febrero de 2022.

"Corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público, y el Gobierno va a estar atento porque nos interesa que no haya impunidad ni en este, ni en ningún caso. Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde", dijo Monsalve desde el Congreso.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte, señaló que "lo importante es destacar que nadie está por sobre la ley; las instituciones están funcionando y por eso el proceso de detención".

Jones Huala fue detenido en El Bolsón, según informó el Gobierno de la provincia argentina de Río Negro, en el sur del país, mientras se encontraba escondido en el cobertizo de una vivienda.

El arresto

La captura se realizó alrededor de las 04:00 de la madrugada en el barrio La Esperanza, consignó el medio trasandino Río Negro, tras el llamado de una mujer quien denunció que un sujeto merodeaba su propiedad.

Jones Huala se encontraba solo y "en estado de ebriedad", sostuvo la gobernadora Arabela Carreras a TN.

La ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro añadió que para ingresar al quincho, Jones Huala no opuso resistencia.

El líder mapuche fue condenado en diciembre de 2018 a nueve años de cárcel por delitos de incendio y porte ilegal de armas cometidos en 2013 en un fundo de la Región de Los Ríos.

En enero de 2022, la Corte de Apelaciones de Valdivia le otorgó la libertad condicional, pero la medida fue revertida por la Corte Suprema y nunca más pudo ser encontrado.

Ante la crisis de las isapres, el Gobierno volvió a remarcar que la responsabilidad de esta situación es de las aseguradoras y que están buscando en cómo proteger a las personas que forman parte del sistema.

La ministra vocera, Camila Vallejo, manifestó que "evidentemente, todos sabemos que la crisis que están atravesando las isapres es de su propia responsabilidad".

En ese sentido, comentó que este viernes tendrán una reunión entre el Ejecutivo, representantes del Congreso y del Colegio Médico "para abordar la mejor estrategia legislativa para encontrar un camino de solución a esto, porque entendemos el sentido de urgencia".

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que "parece muy inconsistente que, refiriéndose los fallos al desempeño y las decisiones que fueron tomando las isapres los años anteriores y habiendo habido una serie de acciones legales, las isapres se pongan en una situación de exigir determinadas acciones al Gobierno".

"Lo que corresponde es colaborar dado que todos tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y los afiliados del sistema", añadió haciendo referencia a la decisión de la Asociación de Isapres de congelar su participación en la mesa de trabajo con el Gobierno.

Por otro lado, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, aseguró tras reunirse con exministros de Salud que "esto es urgente de resolver, pero no nos obliga a tomar decisiones apresuradas. Un error que cometamos en esto, puede transformarse en una crisis sanitaria".

Agregó que "es un problema país, de todos, puesto que las cosecuencias de resolver bien o mal este problema nos van a afectar a cada uno de nosotros, tanto a los usuarios del sector privado como del público, de Fonasa o de isapre, lo que le pase a uno puede potencialmente afectar directamente a los otros".

Redacción

Cada vez está más lejos la posibilidad de que el oficialismo se presente en una lista única a las elecciones de consejeros constitucionales, de mayo, en especial porque el ahora la Democracia Cristiana (DC) y el PPD firmaron un acuerdo para ir juntos.

El presidente de la falange, Alberto Undurraga, afirmó que "valoramos mucho la decisión que tomó el PPD, que sumada a la decisión que ya había tomado el partido Radical y a la decisión que tomamos nosotros, da cuenta que esta lista de la DC y partidos del Socialismo Democrático, ya es una realidad".

El timonel agregó que "en eso no hay vuelta atrás" y contó que los secretarios generales de los partidos se reunieron para acordar "los aspectos más prácticos para esta lista de la centroizquierda que ya es una realidad, una lista distinta de Apruebo Dignidad".

"Naturalmente que en la conformación específica de las listas tenemos que esperar la resolución final del Partido Socialista", que decidirá hoy su camino tras postergar el anuncio que estaba para el sábado.

Undurraga aprovechó de "invitar a nuestros amigos y amigas del partido Socialista y del partido Liberal, a integrarse a la lista de la centroizquierda, somos respetuosos de las decisiones que ellos puedan tomar, pero los invitamos".

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, comentó tras el comité ampliado en La Moneda que en la instancia "no ahondamos en el tema de si una o dos listas, sino que más bien desdramatizamos el que haya dos opciones, porque ninguno de los partidos ha puesto en cuestión jamás su lealtad al Gobierno y a las reformas que ha planteado".

"Esto de seguir hablando de una lista es poco realista", agregó, valorando que "la construcción para caminar juntos se basa en concepciones de más largo plazo, diálogo y fraternidad, lo que hoy está en ciernes".

La ministra vocera de Gobierno, lCamila Vallejo, dijo que "nosotros fijamos una posición, tuvimos una opinión, pero vamos a respetar, y no cabe otra opción que respetar, la decisión que tomen. Nuestro interés es que se logre el mayor entendimiento posible, la unidad del mundo progresista es clave para el avance de los proyectos de cambio".

Según la secretaria de Estado, esa unidad "no dice solo relación con lo que tenga que ver con este Gobierno, sino que con un proyecto de sociedad que creemos es el que puede de mejor forma cumplir con las expectativas de mayor democracia, mayor justicia social e igualdad".

"Pero bueno, este es un proceso que llevan los partidos, nosotros respetamos y fijamos ya una posición, pero el resto ya es parte de la autonomía partidaria", sentenció Vallejo.

Previo al receso legislativo, el Senado aprobó un nuevo proyecto que busca las prórrogas del estado de excepción constitucional de 15 a 30 días, por 30 votos a favor y uno en contra del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Sin embargo, no regirá para la medida que aprobó ayer mismo el Congreso para la macrozona sur por décimo séptima vez, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una nueva extensión del estado de emergencia con 95 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones. "Esta solicitud del Presidente es por la convicción que durante el mes de febrero necesitamos mantener condiciones de seguridad en la macrozona sur", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.