Preocupadas se encuentran las autoridades de Salud ante el lento avance que ha tenido la inmunización de la población objetivo con la vacuna bivalente contra el covid-19. Esto, considerando el avance de nuevas variantes que ya están circulando en el país, por lo que -afirman- resulta de vital importancia que la mayor parte de la población pueda estar protegida con la fórmula bivalente que contiene anticuerpos contra la variante original (Wuhan) y la de mayor circulación actualmente en nuestro país (Ómicron).

Para avanzar en esta estrategia es que se habilitaron puntos de inmunización en distintas comunas de la región, como una forma de elevar los niveles de adherencia al fármaco que se aplica una vez al año y que según la experiencia medida en Israel, reduce en un 81 por ciento el riesgo de hospitalización y 86% el riesgo de morir en los mayores de 65 años.

Es así como en esta nueva etapa de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria pueden acceder a la vacuna bivalente, además de los grupos priorizados en la primera etapa, que eran todos los mayores de 60 años, el personal sanitario, los enfermos crónicos desde los 15 años y las personas inmunosuprimidas; las personas de 50 o más años, personas con discapacidad severa y profunda (inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad), cuidadores de pacientes con dependencia (ley preferente), el personal de Gendarmería, personas privadas de libertad, personal de Fuerzas de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas, quienes cumplen funciones en Senapred (ex-Onemi), Conaf y Bomberos; profesores, educadores de párvulos y asistentes de la educación. Además, del personal que desarrolla funciones consideradas esenciales en empresas de servicios básicos y de transporte, entre otros.

La eficacia de las vacunas ha sido comprobada en el transcurso de la pandemia, además de que éstas fueron el principal recurso que ayudó a ponerle fin a las cuarentenas. De ahí que quienes se hallan dentro del grupo objetivo deben ponerse al día con su esquema.

La investigación en el campo de las desigualdades se ha fortalecido notoriamente desde el retorno a la democracia. Se han incorporado dimensiones anteriormente excluidas como el género, el territorio y la etnicidad. El lugar que ocupan las variables socioecológicas en la promoción de desigualdades aún es un problema emergente para los estudios de pobreza en Chile.

Su interés principal está en el rol que juegan ciertas industrias en la precarización y el empobrecimiento de un territorio específico. Como ejemplo podemos mencionar el caso de la Comuna de San Juan de la Costa, donde el 75% de los terrenos corresponde a plantación comercial de monocultivos como el pino y el eucaliptus.

Algunas desventajas socioecológicas asociadas a este tipo de industrias son la pérdida de bosque nativo y con ellos de plantas medicinales utilizadas en prácticas culturales, pérdida de terrenos para agricultura familiar, en definitiva, el deterioro de las condiciones de existencia de las comunidades, no solo las indígenas, sino la de todos los habitantes.

Para las comunidades locales, estas anomalías podrían derivar en problemas sociales como la precarización de formas de vida, migraciones forzadas, conflictos por el uso de tierra y agua, disminución de empleos y el deterioro de paisajes de alto valor histórico, cultural y natural.

Evitar el avance de desigualdades socioecológicas supone pensar procesos de gobierno orientados a la interdependencia y coordinación negociada entre los diversos estamentos de gobierno y las organizaciones territoriales.

Aceptar una concepción de desarrollo local como ésta implica cuatro dimensiones mínimas. Una económica, vinculada a la creación, acumulación y distribución de la riqueza. Una social y cultural, referida a la calidad de vida, equidad e integración social. Una política, vinculada a la gobernabilidad del territorio en base a un proyecto colectivo específico. Y ambiental, asociada a recursos naturales que se mantengan de manera intergeneracional.

Las instituciones de educación superior pueden responder a este desafío formando profesionales que sean capaces de producir conocimiento para la intervención y transformación de territorios afectados por desigualdades de sobrecarga ambiental. Urge revertir los "costos" que brotan de un paradigma que se ha limitado a lo económico.

Daniel Silva y Galicia Stuardo, académico Licenciatura en Trabajo Social; y directora de Licenciatura en Trabajo Social de UST