Tras la molestia del gobierno peruano por el discurso del Presidente Gabriel Boric en la cumbre de la Celac, donde criticó duramente la represión de las protestas en el país vecino, el Mandatario chileno aseguró ayer que "nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y los mecanismos constitucionales del Perú".

"Lo que yo he hecho en particular en la Celac, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por la violación de Derechos Humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas que se han llevado adelante en Perú", insistió Boric a pocas horas de haber recibido el reclamo del canciller peruano por sus dichos de la víspera.

En ese sentido, aseveró que "yo tengo la tranquilidad que tanto como Presidente y como diputado he mantenido un solo estándar en esta materia".

Por su parte, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, abordó el tema en Tele 13 radio y comentó que "extremar a que existe un socavamiento de la política exterior o que existe un deterioro o una situación crítica, en verdad no comparto ese juicio".

"En las relaciones internacionales no tenemos ningún tipo de conflicto suscitado a propósito de la política exterior chilena, salvo el puntual reclamo de Perú. No creo que podemos hablar de una situación de deterioro o deficiencia en materia exterior, sin desconocer que el episodio de la filtración del audio fue incómodo", explicó la secretaria de Estado.

Sobre la filtración de la grabación, la calificó como "un episodio por cierto incómodo", pero que "verdaderamente celebramos que no haya implicado un deterioro de las relaciones con Argentina, sino que por el contrario. El mismo Presidente Fernández y el canciller argentino han reconocido que no tuvo impacto en ese ámbito".

Boric, en tanto, descartó nuevamente desde Aysén la salida de Urrejola de su equipo de ministros y también dijo que "yo no hago cambios de gabinete por presiones".

La Cámara de Diputados aprobó con 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y zonas fronterizas.

La iniciativa había generado rechazo en la oposición y algunos cuestionamientos desde el Ejército, pero el miércoles por la noche una Comisión Mixta llegó a buen puerto para llevar la idea a la sala incluyendo un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y parlamentarios donde se establece que se constituirán mesas técnicas de trabajo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza para elaborar un proyecto en la primera semana de abril.

Por otro lado, se reafirmó que el Gobierno impulsará iniciativas legales como facultar controles de identidad en fronteras, facultades a tribunales para que puedan considerar penas en el extranjero en circunstancias de reincidencia y habilitar al Ministerio Público a realizar actuaciones ante embajadas y organismos consulares ante una detención.

El proyecto permite que mediante un decreto suscrito por Interior y Defensa, las FF.AA: se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica nacional "cuando exista peligro grave o inminente a su respecto". Esa atribución también se puede usar para resguardar áreas de las zonas fronterizas del país.

Para esto, el Presidente deberá designar a un oficial general que estará al mando de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública en el área específica y la medida puede durar hasta 90 días, aunque se puede renovar con acuerdo del Congreso.

Sobre la posible creación de una policía de fronteras, se desarrollará una propuesta que deberá estar lista en mayo.

"En esta mesa tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esto no es militarismo, es empleo democrático de las FF.AA. para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad de país", afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, por las críticas a las atribuciones de las FF.AA.