El Gobierno francés avisa de que hay límites a la protesta contra su reforma
PENSIONES. Sindicatos amenazaron con cortar la luz a autoridades que la apoyan.
El Gobierno francés lanzó este lunes una advertencia a los organizadores de las protestas contra su reforma de pensiones, a la que se oponen de forma unánime todos los gremios sindicales, en un momento en que algunos piden endurecer las acciones, en particular con cortes de electricidad.
"No todo es aceptable", subrayó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, al término del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de reforma, cuando se le preguntó por esas amenazas de cortes de luz.
En clara referencia a los mensajes de algunos representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), que en los últimos días han advertido que podrían interrumpir la corriente a responsables políticos que apoyan la reforma, Dussopt dijo que algunas cosas de las que se habla no entran dentro de "una acción militante reivindicativa, sino que pueden ser delito".
El secretario general de la federación de energía y minas de la CGT, Sébastien Manesplier, que hace una semana había proferido ese tipo de amenazas, afirmó hoy que "la huelga está bien, pero no basta" y hacen falta "acciones que tengan impacto".
Los sindicatos, que organizaron una primera jornada de huelgas y manifestaciones el pasado jueves, con entre uno y dos millones de personas en la calle, convocaron a una segunda para el 31 de enero.
El Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, pretenden por su parte desplazar el debate hacia el Parlamento, donde la situación les resulta más favorable, y por eso se guardan cierto margen de maniobra para introducir cambios, pero con límites.
El titular de Trabajo insistió en que ya se han integrado "muchas demandas" y, consultado sobre si en el debate en el Congreso Pleno del 6 de febrero podrían llegar a renunciar al retraso de la edad de jubilación, respondió negativamente. "Nuestro objetivo -explicó- es volver al equilibrio (financiero) desde 2030" y "el retraso de la jubilación es lo que lo permite", de forma que "renunciar a ese punto sería renunciar al equilibrio".
La reforma prevé retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a 64. De no hacerlo, el déficit que se espera en régimen es de entre 10.000 y 15.000 millones de euros anuales para 2030, el 3% del gasto total en pensiones.