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"Si lo miramos desde el punto administrativo, sin duda que los municipios se verán aliviados si les sacan la Educación como responsabilidad, pero por otro lado, bajará tremendamente la calidad de las prestaciones que se entregan a las comunidades educativas, lo que ya se ha visto en otras comunas donde se concretó el traspaso. En esta ley no se está tomando en cuenta a comunas pequeñas, como la nuestra, con mucha ruralidad, con escuelas con baja matrícula (tienen planteles con 5 alumnos y menos), la realidad es que necesitan inyección de recursos y nosotros como municipios lo hacemos año a año, aun con la precariedad del presupuesto municipal", explicó Gunckel.
Se trata de una realidad evidente en la provincia, ya que actualmente la subvención de la educación pública está dada por la matrícula y la asistencia, siendo empleado el mismo criterio para zonas urbanas y rurales. Esto afecta directamente el financiamiento rural, ya que la asistencia disminuye incluso a cero durante el invierno, sumado a los pocos alumnos matriculados. Aquello se contrapone a la necesidad de mantener el pago de sueldos de todo el equipo docente y administrativo.
"Creo que aquí se está haciendo una mezcla muy mala que nadie entiende. Están desconociendo todos los costos que asumen los municipios en locomoción, mantención, postulación para mejoramiento de los recintos, entre otros puntos clave. Debemos pensar, por ejemplo, que hay muchos terrenos que se deben traspasar porque son de escuelas, pero que con el tiempo se cerraron y ahora están habilitadas como postas, sedes sociales, centros deportivos y que debemos entregar, pero ¿qué pasará con la infraestructura?. Y eso no tiene responsabilidades, porque en 40 años las cosas y leyes han cambiado. También ocurre al revés, infraestructura educacional emplazada en terrenos municipales que no son traspasados. Y el broche es el personal de los Daem. Es mucha la incertidumbre", indicó Gerardo Gunckel.
El peso en una comuna
Juan Carlos Velásquez, concejal por Osorno, presidente de la Comisión de Educación del Concejo y además ex funcionario del Daem de Osorno, donde trabajó durante más de 35 años, comentó que efectivamente el Estado debe garantizar la educación, pero la nueva ley no está logrando mejorar este servicio, porque sólo apunta a un cambio de administración, pero con las mismas formas de financiamiento y desconociendo la experiencia del personal de los distintos Daem que están en su mayoría excluidos.
"Cuando llegué a trabajar al Daem en 1983 había una matrícula de 28 mil alumnos, con un total de 58 a 60 establecimientos. Y entonces se comenzó un trabajo fundamental que fue mejorar los establecimientos en su infraestructura y darles estabilidad laboral a todos quienes estaban en los colegios. La mayoría de los docentes eran normalistas y tenían un compromiso importante con la educación y sus alumnos. Esto se ha mantenido por más de 40 años, donde el Daem de Osorno siempre ha logrado autofinanciarse y tener una gestión de excelencia", precisó Velásquez.
Agregó que existe actualmente una grave confusión entre el traspaso de la enseñanza y el traspaso de administración, que es lo que finalmente se está realizando y con una gran cantidad de falencias que deben ser resueltas y abordadas para evitar que este proceso termine significando la debacle total de la educación pública.
"Tenemos que pensar que en este proceso, el Daem de Osorno, que será traspasado con números azules y cifras constantes en su financiamiento, tendrá que solventar al resto de las comunas. Y eso no significa mejor calidad de educación, al contrario, pone un peso mayor en una sola comuna. No hubo un estudio ni análisis a fondo y en detalle de cada administración y mucho menos conocimiento territorial, los nuevos sistemas dejan muchos hilos sueltos. Aquí los parlamentarios deben asumir la responsabilidad de una decisión que aprobaron y que entre otras cosas no piensa en nuestros alumnos, deja a cientos de personas cesantes a causa de no incluir el traspaso de los Daem en su totalidad. Los municipios deberán despedir gente y todo por una muy mala legislación. Aún estamos a tiempo de evitar este desastre y si queremos concretar los traspasos que sea de forma seria y con claridad de qué hacer, algo que hoy no ocurre. Fui testigo por 35 años de la administración municipal y el problema no está en ellos, es el financiamiento, y pasar ese error a otro lado, mantendrá e incluso empeorará la realidad educacional", precisó Velásquez.
Las comunidades educativas, principalmente de escuelas rurales, han manifestado su total preocupación por este eventual traspaso que en la provincia será una realidad recién en 2027, lo que a juicio de muchos es positivo, dado que permitirá mantener por un mayor tiempo los Daem operativos con sus funcionarios activos, además de ganar tiempo para mejorar los nuevos sistemas que generan más incertidumbres que certezas.