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Fue el 2 de mayo de 1980 cuando mediante el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°13.063 del Ministerio de Educación (Mineduc), se estableció la municipalización de la enseñanza, proceso que significó el traspaso de la administración de las escuelas y liceos públicos desde el Mineduc a las municipios de la comuna en la cual estaban ubicados.
Cuarenta y dos años después aquel sistema está en proceso de revertirse mediante la ahora desmunicipalización, donde los municipios dejarán de operar como sostenedores para traspasar sus prestaciones educativas a uno de los 70 Servicios Locales de Educación que agrupan a ciertos números de comunas. Hasta la fecha sólo se han creado 11 servicios que han concretado el traspaso educacional de 43 de los 345 municipios del país.
Provincia
En un inicio, el Slep de la provincia de Osorno debía entrar en funcionamiento en 2024, al igual que otros 17 en el resto del país, pero el nuevo calendario contenido en el decreto presidencial detalla que el proceso culminará en todo el país en 2027, siendo la provincia de Osorno la última el implementar el nuevo sistema, y por lo tanto, hasta esa fecha los municipios seguirán siendo los sostenedores de la educación pública en la provincia a través de sus respectivos Daem.
El decreto precisa en los artículos 157, 158 y 159 que el Servicio Local de Osorno tendrá en su ámbito de competencias las comunas de Osorno, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo, Puerto Octay, Puyehue y Purranque, con la oficina principal en la capital provincial. Iniciará sus funciones a partir del 1 de marzo del 2027.
La comuna de Osorno cuenta con 40 establecimientos educacionales municipales con una matrícula superior a los 15 mil estudiantes, siendo reconocido a nivel nacional entre los 18 Daem con mejor rendimiento económico, administrativo y educacional, factor que sería determinante para ser la última provincia del país en concretar la desmunicipalización.
Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno, explicó que la experiencia que han tenido las 43 comunas donde ya se ha iniciado el traspaso a los Servicios Locales no ha sido positiva, presentando un gran número de problemas durante el proceso.
"El problema no estaba dado por la administración y operatividad que realizan los municipios como sostenedores de la educación pública, más bien tiene que ver con un tema de recursos que vienen justamente del Estado. Entonces, si estos nuevos sistemas de administración educacional pública no cuentan con recursos necesarios, el problema será el mismo y mayor,
porque se sumará la burocracia que generará depender de servicios que están territorialmente ajenos para toda decisión que debe ser tomada en conocimiento directo de la realidad donde está emplazado el establecimiento", precisó.
Agregó que efectivamente una de las razones de la postergación hasta 2027 del traspaso provincial está relacionado con los resultados positivos que maneja la comuna de Osorno con la educación pública.
"Pero eso no termina con el problema que tienen las comunas más pequeñas, donde se hacen esfuerzos enormes por mantener adecuadamente los establecimientos con una baja matrícula por la ruralidad que tienen. Esa realidad no se solucionará con este nuevo sistema. Lo que también preocupa es qué ocurrirá con los funcionarios del Daem, donde existe una gran incertidumbre respecto de su futuro", comentó Carrillo.
Debido a todas las aristas que aún están sin respuesta ni soluciones claras, ser los últimos en concretar el traspaso es positivo tanto para los funcionarios como para los propios estudiantes y sus familias. "También sería bueno que los parlamentarios que aprueban estas leyes, que tienen recursos asociados y dejan enormes vacíos, se hagan responsables de responder a la comunidad respecto a todas las inquietudes que provoca una legislación sin recursos, con falta de claridad y que deja en desventaja nuevamente a las familias más vulnerables", enfatizó Carrillo.
Según cifras entregadas por el Mineduc, una vez que finalice el proceso de desmunicipalización, el nuevo Sistema de Educación Pública contará con 7.137 funcionarios en los 70 servicios locales de educación pública; 103.886 docentes y 75.074 asistentes de la educación; y un millón 300 mil estudiantes en 5.196 establecimientos educacionales.
Los más afectados
Además de los 40 establecimientos municipalizados de la comuna de Osorno, al nuevo sistema de educación pública provincial se sumarán 70 recintos distribuidos en San Juan de la Costa (10 ); San Pablo (11); Purranque (13), Río Negro (13), Puyehue (15) y Puerto Octay (8).
Bernando Candia, alcalde de San Juan de la Costa, explicó que existe una mala evaluación de los primeros sistemas implementados en el país, porque lo que logran finalmente es alejar la educación pública de la comunidad y los territorios.
"Se debe reconocer que para municipios pequeños como el nuestro le sacan un peso, porque para que la educación municipal pueda funcionar siempre le estamos inyectado recursos desde nuestros presupuestos. Si ese es el problema, el financiamiento, y si van a mantener el mismo, entonces el problema seguirá. Por eso donde han funcionado existe un mal desempeño, por lo tanto, ya tienes un antecedente que hace pensar y reflexionar sobre la continuidad del sistema, donde alejan la educación de la toma de decisiones, no descentralizan, sino que concentran la educación. Ningún estudio demuestra que la educación mejorará por cambiar de administrador, eso no es así. No existe ningún estudio serio o fundamento real que diga que la dependencia administrativa tiene relación con la calidad de la educación, ahí parte el primer error", precisó.
Agregó que existen muchas preguntas e incertidumbre frente a la desmunicipalización, "esto nace por un tema ideológico, una vez más estamos frente a una legislación mal hecha y producto de mentes de personas que toman las decisiones afiebradas con la ideología, que entre otras cosas se les ocurrió que los municipios son los malos administradores de la Educación, eso también es una falsedad. En la mayoría de las comunas del país no existen recursos suficientes para educación y aun así hacemos grandes esfuerzos, variable que tampoco es considerada en este traspaso. Sin recursos nuevos, y con una subvención entregada de la misma manera, será catastrófico y sólo perjudicará a las familias vulnerables y de zonas rurales y apartadas", manifestó Candia.
Llamó a los parlamentarios que aprobaron esta nueva legislación a explicar a la comunidad las razones técnicas y territoriales que fueron utilizadas para su promulgación.
"¿Quién responde por este brillante modelo que crearon?, ¿quién se hace responsable por una decisión que está tomada en base a temas abordados sin ningún fundamento por redes sociales?. Aquellos que son elegidos para tomar decisiones serias en el Parlamento y el gobierno finalmente hacen eco, sin ningún pensamiento crítico y responsable, de este tipo de ideas. Y el daño, ¿quién lo asumirá?, ¿los estudiantes?, porque no está pensado en ellos, sino en ideologías y politiquería", enfatizó el jefe comunal de La Costa.
Gerardo Gunckel, alcalde de Puerto Octay, también manifestó su preocupación por la implementación de este nuevo sistema que considera aristas que no están claras y otras que simplemente van en desmedro de la educación.