Un balance positivo de la aplicación de ley que Sanciona Acoso Sexual en Público o Ley de Acoso Callejero fue realizado a nivel nacional hace pocos días. Desde la Fiscalía informaron que entre mayo de 2019 -fecha de promulgación de la norma- y noviembre de este año, fueron recibidas 3.794 denuncias y 279 de ellas acabaron con una sentencia condenatoria, lo cual es considerado alto, pues la mayor dificultad de este tipo de casos es la identificación de los agresores, que actúan en la calle y no tienen relación con las víctimas. Para ejemplificar se podría decir que ocurre algo parecido a un escenario de "lanzazos": un atacante sorpresivo, que causa daño y huye, haciendo compleja su ubicación e identificación.

Pese a esa complicación, las denuncias ayudan. Se puede georreferenciar un lugar donde se producen los delitos y prevenir la ocurrencia, contribuyendo a la seguridad de todas las personas afectadas por este tipo de hechos, cuya principal característica es la connotación sexual: acciones verbales, gestos obscenos, exhibicionismo, persecuciones y acercamientos, entre otros que causan incomodidad, invaden el espacio privado y ponen en riesgo a quien los enfrenta. Lamentablemente, son mujeres la mayoría de las afectadas. Estas agresiones caben en lo que entendemos por violencia de género y causan daño tanto en los hechos, como en la sensación de inseguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) y a estudios efectuados por Ipsos, la percepción del peligro es mayor para las mujeres que para los hombres; un 68% reconoce sentirse insegura en el transporte público y 79% al caminar de caminar de noche en ruta a sus hogares.

Esas cifras son de 2019, el mismo año de promulgación de la Ley 21.153. Seguramente ahora serán distintas, en parte porque la existencia de la legislación y sanción también ha ayudado a generar conciencia. En La Unión, por ejemplo, la semana pasada fueron identificados "puntos violeta" donde se destacaba positivamente el compromiso por erradicar la violencia contra las mujeres en el espacio público; en Paillaco existe una ordenanza municipal de acoso callejero. Pero aún falta más difusión y educación que ayude a no "naturalizar" la ocurrencia de estos hechos.

Con la dictación de la ley N°21.389, que crea el "Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos", se establecen nuevos mecanismos para garantizar el pago y medidas para el pago de pensiones alimenticias, respecto de aquellos deudores que deben pensión por tres meses consecutivos o cinco discontinuos, cuando una resolución judicial así lo ordene, razón por la cual el Tribunal de Familia mensualmente le ordena al Registro Civil que inscriba en este registro al alimentante que es deudor, (una vez que han sido notificadas las partes correspondientes de la resolución y liquidación y la persona deudora no la ha objetado dentro del plazo de tres días o no ha pagado).

De esta manera se establecen una serie de consecuencias negativas para los deudores inscritos, en diferentes ámbitos, como el laboral, en la compraventa de bienes raíces, compraventa de vehículos motorizados, renovación de licencias de conducir, renovación de pasaportes, entre otras.

También se establece como delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, en tanto esto lo realiza el deudor con el fin de menoscabar o controlar la posición económica de la mujer cuidadora de niños, niñas y adolescentes, el cual se sanciona con presidio menor en grado mínimo.

Para salir de este registro, el alimentante deberá pagar la totalidad de lo adeudado o suscribir un acuerdo de pago que garantice el pago de la totalidad de la deuda de manera suficiente y seria. Junto con ello, deberá solicitar al tribunal salir de este registro.

María Macarena Hayal, Colegio de Abogados Osorno