Agencias

La condena contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, abrió un panorama incierto en su situación judicial, marcado por los posibles recursos que interponga su defensa y por la posibilidad de entrar en prisión una vez que abandone su cargo en diciembre de 2023.

La exmandataria, que anunció que no será "candidata a nada" en las próximas elecciones, fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ayer, diputados y senadores oficialistas repudiaron el fallo "escandaloso" contra la vicepresidenta argentina y compararon al Poder Judicial con una "mafia".

"Es una decisión política de un tribunal político, de lo que denominamos parte de la mafia judicial", dijo la senadora Juliana Di Tullio y defendió el argumento de que la "agenda judicial" es un tema que "excede" a Fernández.

En tanto, por las calles de Buenos Aires y en los alrededores de los tribunales federales de la capital se vieron algunas manifestaciones de apoyo.

Lorena Tocci, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró a EFE que todavía es "prematuro" hacer un balance de este veredicto, cuyos fundamentos completos se publicarán el 9 de marzo próximo.

"No hay una condena vinculada con el otro delito por el cual existía una imputación, que es el de la asociación ilícita, de manera que es una admisión parcial de las acusaciones que se habían formulado contra la vicepresidenta", subrayó Tocci.

Recursos posibles

Una vez que se difundan los fundamentos de la sentencia, Fernández, al igual que cualquier otro ciudadano que haya sido condenado por un tribunal oral, podrá apelar ante una instancia superior, la Cámara Federal de Casación Penal.

Como regla general, la Cámara de Casación se encarga de "revisar el error o la aplicación del derecho" en una condena y, en principio, "no tiene por objetivo la revisión de las pruebas" de un juicio, según Tocci.

Una vez transitada esta instancia, la vicepresidenta, que aún está inmersa en otras causas judiciales, podría presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, el último admisible dentro del sistema judicial argentino.

En opinión de Tocci, ambos recursos presentan "cierta complejidad" por los "temas sobre los que pueden versar".

"El recurso extraordinario federal permite revisar conflictos vinculados a la aplicación de normas federales. No es que el juicio empiece otra vez, sino que solamente las violaciones de derechos federales, que están contenidos en la Constitución, habilitan que la Corte pueda revisar esa sentencia anterior", explicó la abogada.

¿entrar a PRISIÓN?

Como vicepresidenta, cargo que ocupará hasta el 10 de diciembre de 2023, Fernández cuenta con "inmunidad de arresto", característica que surge de la combinación de una serie de normas constitucionales y de la Ley de Fueros.

Mientras esté en ejercicio de estas funciones, solo podría entrar a prisión si antes es destituida por la vía de juicio político, un mecanismo constitucional que tiene pocas opciones de salir adelante por la conformación del Congreso.

Cuando abandone su puesto, pasará a ser una ciudadana común y perderá dicha inmunidad, aunque presumiblemente seguirá en libertad mientras se resuelven los eventuales recursos ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, debido al principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, los jueces responsables de la investigación podrían solicitar prisión preventiva mientras la sentencia no esté firme, siempre que vean "peligro de fuga" u opción de condicionar la investigación de otros delitos conexos.

"Es una discusión muy grande sobre si se puede establecer la prisión preventiva. La respuesta sería en casos muy excepcionales; ahora, la situación de Cristina Fernández es particular en este sentido por el rol institucional político que tiene", sostiene la profesora de Derecho Constitucional.

En cualquier caso, la exmandataria aún dispondría de otra facultad para eludir la entrada en prisión, incluso en caso de sentencia firme: el próximo 19 de febrero cumplirá 70 años y, según el sistema judicial argentino, podría solicitar prisión domiciliaria, decisión que quedaría en manos de los jueces de la causa.

El Ejército ruso reduce a un ritmo vertiginoso su arsenal de misiles de precisión con sus ataques masivos contra la infraestructura ucraniana, según aseguran Kiev y Occidente, que además toman nota de la vulnerabilidad de la propia defensa de Rusia a raíz de los ataques contra aeródromos en el interior del país.

Todo ello mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, admitió ayer que defenderá al país con "todos los medios a su alcance" y que la guerra en Ucrania podría "ser un proceso prolongado", pero al mismo tiempo dijo que "bajo ninguna condición" será Rusia la primera en utilizar su arsenal nuclear.

"La amenaza de una guerra nuclear aumenta, para qué nos vamos a engañar", reconoció al mismo tiempo y aseguró que "las armas nucleares estadounidenses se encuentran en gran cantidad en territorio europeo. Nosotros no hemos transferido nuestras armas nucleares a nadie y no lo vamos a hacer".

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, reiteró la víspera que el país tiene "suficientes armas de todo tipo" para asegurar "la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el bienestar de todo el país".

Occidente lleva meses advirtiendo de que Rusia "ya ha gastado una gran proporción de sus misiles adecuados contra objetivos tácticos", en palabras de la inteligencia británica.

Los rusos "están usando realmente las reservas de misiles balísticos y de crucero, y en muchas categorías ya han ido mucho más allá de los límites de la reserva que necesitan en caso de ataque" enemigo, señaló el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Réznikov.

Según sus cálculos, Rusia ha reducido hasta en 13% los misiles de corto alcance Iskander, cuando lo necesario para asegurar su defensa sería entre 25% y 30%.

De la misma forma, Occidente saca conclusiones de los ataques con drones contra las bases de la aviación estratégica rusa en la región de Riazán y Sarátov -a varios cientos de kilómetros de la primera línea del frente-, y contra un depósito de petróleo del aeródromo de la región de Kursk, que sí tiene frontera con Ucrania.

El presidente colombiano Gustavo Petro anunció un "cambio táctico" en la disposición del Ejército para el convulso departamento del Cauca, a donde serán enviados más soldados profesionales en cambio de reclutas jóvenes que mueren, como en el ataque de las disidencias de las FARC ocurrido el martes en donde seis de ellos perdieron la vida.

"Tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al Ejército en la región", dijo el mandatario.

La declaración fue hecha al término del Consejo de Seguridad realizado el martes en Buenos Aires, epicentro del asesinato de seis soldados, cuyas edades están entre los 18 y 20 años, y ocho heridos más, en una emboscada de las disidencias de las FARC al Ejército.

La emboscada se produjo la madrugada del martes cuando miembros del Frente Jaime Martínez, que responde al mando del Estado Central (grupo surgido tras la extinción de las FARC), hostigaron y atacaron con fusil, tatucos y granadas al Ejército en el caserío Munchique.