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Dato mata relato
Chile ha entrado, desde hace un tiempo ya podríamos decir, en un proceso de discusión de reformas complejas. Reformas que intentan resolver, por cierto, problemas que a su vez son cada vez más difíciles de abordar. Claramente, no podemos soslayar estas discusiones, todo lo contrario, tenemos que asegurarnos de que éstas ocurran, pero que a la vez se realicen sobre la base de antecedentes objetivos y confiables.
Así, hoy queremos avanzar en dimensiones por donde muchos países ya han transitado, con diferentes grados de éxito, dicho sea de paso. Esto para nosotros es información valiosa y a la cual debemos atender. Más aún, muchas políticas públicas implementadas en otras partes del mundo han generado valiosos datos a partir de los cuales se han publicado artículos científicos en conocidas revistas internacionales; es interesante destacar que esto ha sido posible en parte porque muchos de estos programas incorporaron desde el principio una estrategia de evaluación de impacto.
Localmente también tenemos evidencia sobre la cual reflexionar y hoy podemos mirar hacia atrás y sacar importantes aprendizajes de lo realizado. Más aún, las reformas tributarias que hemos llevado a cabo en el pasado también nos aportan evidencia respecto de cuáles han sido sus efectos, y por tanto, qué esperar para el futuro. El actual proyecto de reforma tributaria debiera atender con cuidado a esta evidencia.
Hoy necesitamos "objetivar" la discusión, por así decirlo. En este sentido, podríamos pensar en un rol más protagónico de la Oficina de Presupuestos del Congreso (OPC), puesto allí se llevan a cabo las discusiones más relevantes en temas de política pública. Por ello urge que los congresistas cuenten con datos objetivos y confiables respecto de las distintas iniciativas que ahí se discuten.
Otro organismo que también puede aportar en este mismo sentido es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que tiene por objeto contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. Por ello, cuando se discute una iniciativa con impacto fiscal, el CFA debiese generar evidencia y estudios que muestren -desde una posición más neutral- los efectos de las políticas propuestas, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Para que esto pueda ocurrir, y que organismos como la OPC y el CFA tengan más protagonismo (así como otros centros e institutos) se requiere que todos tengamos acceso a los mismos datos, cuestión que hoy no ocurre. Si somos capaces de avanzar en fortalecer nuestra institucionalidad, según lo planteado en estas líneas, entonces, se hará realidad la famosa frase: "dato mata relato".
Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios, U. Autónoma
VIH y Salud Mental
El VIH/SIDA continúa siendo un problema de salud pública en Chile. 4.090 personas se han notificado recientemente diagnosticadas con VIH en el período enero -septiembre de 2022, según el ISP- siendo los jóvenes de 25 a 29 años el grupo que alcanza mayor incidencia entre estos nuevos casos.
En Chile ha habido un notorio avance en las políticas públicas en relación al VIH, sin embargo, en este escenario, la salud mental sigue siendo una dimensión ausente.
La evidencia científica muestra que las personas que viven con VIH presentan mayores niveles de sintomatología en salud mental que la población general, entre ellos depresión, ansiedad, abuso de sustancias e ideación suicida, lo que impacta en la adherencia al tratamiento, la indetectabilidad y, por lo tanto, la intransmisibilidad del virus. Se hace urgente entonces, ampliar las políticas hacia intervenciones sicosociales que puedan realizarse inmediatamente después de recibida la notificación de VIH, si la persona así lo requiere, tanto en ámbitos públicos como privados. Estas medidas han mostrado ser eficientes en reducir los problemas de salud mental en esta población y mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico.
Cristian Ortega y Stefanella Costa, Facultad de Psicología Universidad Diego Portales
Electromovilidad
La reciente aprobación del proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad por parte del Senado permitirá dar un salto clave para impulsar esta nueva tecnología.
Si queremos cumplir las metas establecidas a nivel país de vender sólo vehículos eléctricos al 2035, es fundamental que este cambio responda a un mercado más competitivo, ya que hoy este tipo de automóviles son más caros que los tradicionales.
El que los autos eléctricos no paguen permiso de circulación por dos años, sin duda que es un gran incentivo. Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer.
Para que Chile sea un país que vaya a la vanguardia en esta materia, debemos contar con regulaciones que establezcan de manera clara la disposición temporal de baterías de litio, con información sobre su fabricación y componentes para potenciar su reciclaje.
En el caso del transporte público, es importante aumentar los subsidios al uso de la electromovilidad, tanto en Santiago como en regiones, de manera que estén en línea con el ahorro que se generará a nivel social. Esta misma fórmula podría aplicarse también a las motos de reparto o pymes.
Otro aspecto a considerar es habilitar las capacidades y servicios que darán soporte y respaldo a estas nuevas tecnologías, tales como la capacitación técnica del recurso humano, talleres acreditados para este tipo vehículos y desarrollar una red de carga con la capacidad suficiente según el crecimiento del parque eléctrico.
No podemos olvidar que lo que se busca finalmente con esta tecnología de cero emisiones, es generar un impacto en la descontaminación de las ciudades y una mejor salud y calidad de vida para todos.
El gran desafío que se nos viene es tener la capacidad de reunir tanto al mundo público como privado en una mesa de trabajo en torno a la regulación para acelerar la electromovilidad, analizar los puntos a favor o en contra, buscando soluciones e iniciativas exitosas en otros países, generando un ecosistema donde además se invite a la academia, startups y todos los actores involucrados en un tema que impacta a todo el país.
Arsenio Fernández
Crisis educacional
"No se les puede responder mañana, ustedes se llaman ahora". Esa fue la frase que utilizó el Presidente Gabriel Boric desde México para señalar que el Gobierno pondrá como prioridad la recuperación educativa.
Cerrando el año escolar 2022, esta declaración tiene más cara de mañana que de ahora.
Paula Streeter