Sergio Silva Vásquez

Las cientos de familias conectadas a la red de Agua Potable Rural (APR) de Las Lumas, ubicada frente al retén de Carabineros Eleuterio Ramírez en la Ruta 215 a Puyehue, tuvieron serios inconvenientes de abastecimiento el martes, luego que los dos operarios cortaran de manera sorpresiva el suministro. Con dicha acción dejaron 760 hogares sin el líquido por casi media hora.

La acción se generó ante la protesta de los empleados del APR Las Lumas, Aguas Buenas y La Florida, Cristian Leighton y Marcelo Barraza, quienes comunicaron a carabineros que harían una manifestación repudiando los -según ellos- constantes acosos laborales y vulneraciones a sus derechos de privacidad por parte de un integrante de la directiva.

Una de las directoras del APR denunció el hecho en la unidad policial, por lo que fueron detenidos por el delito de amenazas condicionales a las personas o la propiedad, según confirmó el subcomisario de los Servicios de Carabineros, José Halabí.

"Ellos aluden problemas laborales contra la dirección del comité e informaron que realizarían un paro de sus actividades. Profirieron amenazas respecto a que si no les daban solución a sus demandas, cerrarían el paso del agua que abastece a 760 familias de tres sectores. La acción la concretaron por media hora", expresó el oficial policial.

Sin agua

Marcelo Hott, residente de Las Lumas, señaló que hubo sectores donde el agua se repuso cerca de las 22 horas del martes, lo que perjudicó a vecinos de la tercera edad

"Hay un grupo importante de vecinos, en especial adultos mayores, que estuvieron hasta la noche sin agua. Hubo una verdadera emergencia sanitaria que pasó desapercibida en las autoridades. La gente no entendía lo que pasaba y el tema fue superado cerca de las 10 de la noche. Fue una medida desproporcionada la acción de los trabajadores y no sabemos el trasfondo del tema que lo gatilló", sostuvo.

La dirigente del callejón Urzúa, Marisol Barría, confirmó que hubo un rebalse de las copas de agua, lo que obligó a maniobrar los comandos y ello dejó algunos sectores desabastecidos de agua.

"Hubo vecinos que debieron manipular los equipos con instrucciones telefónicas de profesionales de Osorno, pero algo pasaron a traer que se bloqueó el paso del agua de esas zonas, pero después de las horas se repuso", añadió.

Presidenta y operarios

La presidenta del Comité, Estela González, confirmó la existencia de problemas internos que deben ser resueltos entre la directiva y el directorio.

"Hubo un mal entendido entre un dirigente y los operarios y ellos se tomaron la planta y cortaron el agua. Después otra dirigente hizo la denuncia y llamó a carabineros quienes los detuvieron. Hay problemas, pero se deben solucionar entre nosotros", expreso la dirigente.

Los dos trabajadores fueron formalizados, donde se decretó ilegal su detención. Sin embargo, se inició una investigación de 30 días por los hechos. Ambos recuperaron su libertad sin medidas cautelares.

Marcelo Barraza, uno de los operarios implicados, dijo que "junto al colega venimos saliendo de una licencia siquiátrica generada por los malos tratos. A la camioneta le pusieron GPS y hasta un micrófono que descubrimos. La situación se hace insostenible con algunos directores. Buscamos una solución y ayuda a nuestros problema con los dirigentes del APR. Estamos solos y no tenemos quién nos apoye o nos guíe", indicó el funcionario.

Apoyo y doh

Miguel Ayala, jefe de APR de Essal, confirmó que debieron atender una emergencia en la zona de Las Lumas, "donde técnicos electromecánicos superaron el problema en la tarde noche, ya que un sector no tenía agua potable lo que se superó. Hoy (miércoles) hicimos una capacitación a los dirigentes para que operen de una forma correcta el sistema, mientras se resuelva la contingencia", detalló.

Desde la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) aclararon que "es una situación que deben resolver terceros y la DOH es el organismo que construye los APR y luego los entrega en administración a los comités, que son los encargados de velar por su funcionamiento".

30 días tiene la Fiscalía local para investigar la denuncia contra los dos trabajadores del APR

Luego de tres meses, el Servicio Nacional de la Mujer y equidad de género, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría regional de Gobierno y representantes del Consejo Nacional de la Conadi, certificaron a 18 mujeres dirigentes indígenas y del mundo campesino, como nuevas agentes preventivas de violencia en la provincia.

"Certificación de Agentes Preventivos de Violencia contra la Mujer" fue la capacitación que permitió a las mujeres que cumplieron con la labor, validarlas de conocimiento sobre los hechos de violencia de género e intrafamiliar. Ya que, muchas veces, guardan silencio, incluso por temas culturales, de los episodios de violencia física, psicológica e incluso económica, se explicó.

Mary Mancilla, presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales de la Provincia De Osorno, destacó la capacitación en estos 3 meses con los organismos ligados, ya que les permitirá intervenir con familias que viven la experiencia de ser víctimas de violencia intrafamiliar.

"Somos mujeres, muchas de nosotras solas, pero no estamos ajenas a la violencia en sus más variables posibilidades, pero ahora se nos han proporcionado las herramientas para colaborar con nuestras pares", agregó.

18 fueron las mujeres que participaron de esta actividad de prevención de la violencia en la provincia.

En la comuna de Puerto Octay se realizó este miércoles un conservatorio con distintos entes públicos para prevenir la ocurrencia del delito de abigeato en ese sector de la provincia de Osorno y que podría aumentar en estos días debido al alza del consumo de carne durante las fiestas de fin de año.

En la cita asistieron vecinos, agricultores, ganaderos de la comuna, como también representantes de gremios de la zona.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el alcalde de la zona lacustre, Gerardo Gunckel, el abogado de la Delegación Presidencial en la provincia, José Herrera, la fiscal de Foco, Leyla Chahín, el coronel de Carabineros, Marcelo Salas, representantes de servicios públicos como Raúl Cárdenas de Indap, Marina Correa del SAG y Rodrigo Figueroa, comisario de Bicrim PDI y el dirigente de Sago, Cristian Arntz.

También participaron los concejales Peter Freitag y Víctor Hugo Santana, integrantes de la mesa de seguridad comunal y equipos técnicos de los agricultores de Prodesal y PDTI.