La ministra de Salud, Ximena Aguilera, admitió que la meta de terminar con las listas de espera en las atenciones médicas "no es real" y que por ello el objetivo de la cartera que encabeza será reducir lo más posible los tiempos de espera.

El año pasado las autoridades de Salud informaron que dos millones de pacientes del país estaban en las listas del sistema público, de los cuales un millón 700 mil requerían desde hace años atención de especialista y 330 mil aguardaban por una intervención. Uno de los golpes más importantes que tuvo la pandemia de coronavirus en el sistema de salud fue el desplazamiento de la atención de patologías no covid 19 durante los meses más complicados de la emergencia sanitaria. Y si bien la situación paulatinamente se fue normalizando, aún el sistema acumula listas de espera que se encuentran en niveles inéditos.

La ministra ha comentado que si bien este problema viene de años, con la pandemia se agravó, por lo que "la ambición de terminar las listas de espera no es real. Nosotros queremos reducir los tiempos de espera, llevarlos a un tiempo razonable y eso nos va a tomar bastante".

De acuerdo a sus estimaciones, la primera estrategia en la que trabaja es aumentar la productividad del sector público, a través de incentivos, y también la implementación de centros de referencia regionales.

La segunda estrategia es la compra de servicios a privados, mediante licitación, para lo cual, según ha señalado, han recibido ofertas generosas. La tercera estrategia es mejorar la plataforma de información. Para ello, se confeccionará un visor de tiempos de espera que se publicará en unas semanas más, de manera que los pacientes ingresen con su RUT y vean en qué etapa está su espera por una cirugía o por la consulta de especialista.

Un reciente informe elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, señala que mientras en el año 2017 se utilizaba el 92% de los 660 pabellones quirúrgicos disponibles y en 2019 era el 91% de los 672, hoy la red estatal cuenta con 659 pabellones, aunque de estos solo el 83% (550) está efectivamente habilitado, es decir, cuenta con el equipamiento y el personal necesario para funcionar.

La noche del lunes 21 de noviembre, y tras varias horas de negociación, el gobierno del Presidente Gabriel Boric llegó a un acuerdo firmado por representantes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros, Chile Transporte, Sitrach-Fenasicoch y la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales.

Se logró un acuerdo de 15 puntos bajo tres ejes de mejoras sustanciales en materia de precios en combustible; en mayor seguridad en carreteras; y más formalización e inversión. Entre los puntos relevantes para el conocimiento de todos está la inyección de 1.500 millones de dólares para la estabilización del precio de combustibles a través de la Ley de Presupuesto 2023; el congelamiento del precio del diésel por tres meses; el desarrollo de planes de prevención y control de rutas; la extensión por un año de la vigencia en el beneficio de reintegro parcial del impuesto específico; el establecimiento de zonas de descanso seguras, así como el mejoramiento de la conectividad y telefónica en las rutas; la creación de una instancia de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos para reducir la informalidad y evitar malas prácticas en el sector; entre otros puntos firmados en el acuerdo con el Gobierno.

Sin embargo, al día siguiente, un sector de camioneros desconoce el acuerdo firmado por el Gobierno y continúa en diversos puntos con las carreteras tomadas, situación que sólo daña y afecta al país. Con el bloqueo de carreteras se pone en peligro a vehículos de menor tamaño, a quienes viajan a sus respectivas ciudades en buses, se obstruye el abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos y se bloquean posibles respuestas frente a emergencias, entre tantos otros efectos.

Recientemente la Asociación de Exportadoras de Chile (Asoex) calificó de grave que en el puerto de Valparaíso el acceso de tránsito para frutas de exportación se encuentra bloqueado. El Gobierno anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, y con bastante razón. Hay acuerdos de mejora, pero la división en un sector de representantes de camioneros sólo daña al país.

Si aquello continúa, le corresponderá al Gobierno continuar trabajando según el Estado de Derecho y aplicar las acciones correspondientes. Y por supuesto, avanzar en el proyecto de Trenes para Chile.

Gonzalo Valenzuela, cientista político