El Gobierno y la oposición de Venezuela firmaron en México este sábado el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional.

El acuerdo firmado tras reanudar el diálogo con la Plataforma Unitaria, que había sido suspendido formalmente en octubre de 2021 por decisión del Ejecutivo, establece que la oposición y el Gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas.

La atención médica es a partir de 2.700 millones de dólares de fondos que actualmente se encuentran congelados en cuentas internacionales por las sanciones de Estados Unidos.

El representante mediador de Noruega, Dag Nylander, advirtió a las partes que en caso de que una de ellas tome cualquier medida unilateral que modifique lo acordado será inválida, aunque las partes podrán realizar acuerdos anexos a lo general siempre que se hayan debatido anteriormente en la medida de lo posible.

A la vez, el mediador recordó que, aunque la comunidad internacional apoye el proceso, los avances "dependerán de los venezolanos".

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard -anfitrión del evento-, compartió que la firma de este segundo acuerdo es "una esperanza" para Latinoamérica e insistió en que reciben la reanudación de diálogos con los "brazos abiertos"

El jueves Ebrard dijo que el Gobierno mexicano "apoya", pero "no participa" en el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela.

"Nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo, pero no vamos a estar durante las conversaciones", aclaró Ebrard en una conferencia tras la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico.

La mesa de negociación política, suspendida formalmente desde octubre de 2021 por decisión del Gobierno, se instaló de nuevo este sábado en Ciudad de México con el propósito de firmar un acuerdo social que busca desbloquear recursos que Venezuela tiene congelados en el extranjero y, con ellos, ayudar a las poblaciones más vulnerables.

La oposición llegó a México "con la urgencia y la voluntad de encontrar, de una vez por todas, acuerdos tangibles y reales que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria", según un comunicado de la Plataforma Unitaria, publicado el jueves.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, indicó que este proceso arrancará "en un nuevo nivel", partiendo del acuerdo de usar el dinero depositado en cuentas bloqueadas.

El objetivo es poder acceder a un dinero, cuyo monto no fue precisado, para "invertirlo en Venezuela en el servicio eléctrico, en el agua, en salud, en educación" y en zonas afectadas por las lluvias de los últimos meses que han dejado miles de viviendas afectadas y casi un centenar de muertos.

EE.uu. vuelve a operar

El Gobierno estadounidense anunció que autorizará a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo (ver recuadro).

Esta medida, según el Departamento del Tesoro, refleja la política de largo plazo de Estados Unidos "de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia".

El Departamento del Tesoro precisó que esta autorización impide que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron y permite la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela solo, no otras actividades con PDVSA.

"Otras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela impuestas por EE.UU. siguen vigentes", aclaró su comunicado, según el cual el país "hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela".

2.700 millones de dólares deberán ser destinados a la atención médica. Estos fondos estában congelados.

La petrolera estadounidense Chevron consideró que la licencia recibida por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela añade transparencia al sector petrolero de ese país. "Reiteramos nuestro compromiso para desempeñar nuestro negocio en cumplimiento del marco establecido", dijo la empresa. "Significa que Chevron puede comercializar el petróleo que actualmente está siendo producido a partir de los activos de las empresas conjuntas", añadió.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunció ayer el veto a la importación y venta en el país de productos de telecomunicaciones de los fabricantes chinos Huawei y ZTE. por considerarlos una amenaza a la seguridad nacional.

El regulador del sector señaló en su comunicado que esta es la última medida adoptada para proteger las redes de comunicaciones de Estados Unidos al garantizar que equipamientos "no fiables" no tienen su uso autorizado dentro de sus fronteras.

El veto incluye a los equipos de comunicaciones de los también chinos Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology y Dahua Technology y sus filiales a menos que estos en concreto garanticen a la FCC que no se usarán con fines de seguridad pública, seguridad de las instalaciones gubernamentales y otros objetivos de seguridad nacional.

"Nuestra decisión, unánime, se trata de la primera vez en la historia de la FCC en la que hemos votado para prohibir la autorización de nuevos equipos basados en preocupaciones de seguridad nacional", apuntó uno de los cinco miembros de la Comisión Federal, Brendan Carr.

La orden validada la noche del viernes tiene la potestad de revocar autorizaciones existentes, un derecho que no se va a ejercer en estos momentos, pero que Carr confió en que se acabe haciendo "pronto".

La presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, añadió que estas nuevas normas son parte de sus acciones en curso "para proteger a la población estadounidense de las amenazas a la seguridad nacional relacionadas con las telecomunicaciones".

El presidente estadounidense, Joe Biden, había firmado en noviembre de 2021 la Ley de Equipos Seguros, un nuevo esfuerzo de su Administración para tomar medidas contra firmas chinas de telecomunicaciones y tecnología que buscaba evitar que aquellas consideradas una amenaza nacional reciban nuevas licencias.

Las restricciones a la tecnología china se intensificaron en el mandato del republicano Donald Trump y han continuado con el actual inquilino de la Casa Blanca, lo que ha llevado a China en el pasado a deplorar que Washington perjudique de forma "infundada" a sus compañías, según indicó por ejemplo en febrero el Ministerio chino de Industria y Tecnología de la Información.