Redacción

Con un total de 30 denuncias por acceso a las playas, la Región de Los Lagos es la tercera a nivel nacional en este ítem.

De acuerdo a la ley, todas las playas de mar, ríos y lagos son bienes nacionales de uso público, es decir, son de dominio de todos los chilenos y su uso le pertenece a todos.

Por lo tanto, el acceso a uno de estos sitios no puede ser comercial, por lo que nadie puede utilizarlas como si se tratase de propiedad privada, cobrando para acceder a ellas, ni dificultando o prohibiendo el paso de personas.

Bajo esta premisa, y entendiendo que la temporada de verano está pronta a comenzar, la Seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos ha dispuesto el despliegue de sus fiscalizadores para recorrer las cuatro provincias de la región, viendo en terreno las irregularidades que se puedan presentar.

Fiscalización

"Nadie se puede adueñar de una playa, por cuanto se trata de un bien nacional de uso público y, por ello, como ministerio estamos encargados de fiscalizar y garantizar los accesos de playas de mar, lagos y ríos", señaló el seremi de Bienes Nacionales, Pablo Flores Merino.

La autoridad agregó que "la Región de Los Lagos es la tercera a nivel nacional con más denuncias, las que se desglosan de la siguiente manera: en la provincia de Llanquihue, 21 denuncias; Osorno 8; y en Chiloé una; por lo que hacemos un llamado a los vecinos de predios colindantes a colaborar, ya que aquí no se trata de perjudicar a nadie, sino que ha garantizar un derecho", aseguró el secretario regional ministerial.

Según datos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), en el país hay un total de 954 playas de mar, lagos y ríos catastradas.

De ellas, 78 corresponden a lagos y 42 a sectores de ríos. Por su parte, en la Región de Los Lagos hay 12 playas aptas para el baño. Cuatro de ellas en Puerto Montt, dos en Puerto Varas, dos en Castro, dos en Maullín y dos en Puyehue.

Asimismo, en cuanto a las razones de las denuncias, en orden decreciente, se encuentran por acceso cerrado, cobro de estacionamiento, porque un tercero impide el acceso, porque no existe acceso y porque hay un control en el acceso al lugar.

Además, desde la cartera se destaca que si existiera una vía fijada y el propietario del terreno colindante cierra u obstaculiza el paso, se arriesga a multas que van desde las 10 a las 100 UTM, es decir, desde más de $595 mil a más de $5,9 millones.

En caso de ser reincidentes, se puede aplicar el doble del máximo establecido, es decir, hasta 200 UTM.

¿Cómo se denuncia?

Actualmente hay varias vías para presentar una denuncia. Es así como se puede realizar online y a través de la página web playas.mbienes.cl, así como también de forma presencial en cualquier Secretaría Regional Ministerial u Oficina Provincial del Ministerio de Bienes Nacionales.

Otra opción es hacerlo ante la delegación presidencial regional o municipalidades respectivas, quienes luego derivan el caso al Ministerio de Bienes Nacionales o a la seremí correspondiente.

De este modo, para quienes tengan la aplicación PlayApp, pueden seguir derivando sus denuncias en esta plataforma.

Pero el Ministerio de Bienes Nacionales está trabajando en simplificar el método.

Por eso, prontamente estará a disposición un Chat Bot que llevará directamente a un formulario y que facilitará todo el proceso.

12 playas aptas para el baño se contabilizan a nivel regional, según datos de Directemar.

21 denuncias se han formulado en la provincia de Llanquihue, por el acceso a las playas.

La creación de un nuevo Departamento de Fiscalización y Seguimiento de Obras por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, anunció el gobernador Patricio Vallespín, unidad que buscará evitar en el futuro la paralización de proyectos que cuenten con financiamiento público.

La autoridad explicó que dentro de las funciones de esta nueva entidad estará el realizar "una evaluación preventiva, vale decir, antes de llegar a una situación fatal de una empresa, ir paso a paso viendo cómo va evolucionando para que podamos resolverlo, porque sabemos que las empresas han estado complicadas y entonces generar los apoyos pertinentes".

En la línea de mejorar los procesos, Vallespín también mencionó que en lo próximo, la contratación de asistencias de inspección técnica de obras se hará directamente desde el Gobierno Regional, "con lo cual tenemos más control", aseguró.

Agregó que además se están mejorando los convenios mandatos, "para que las unidades técnicas municipales tengan más herramientas de fiscalización y estemos mucho más encima de los proyectos y se recoja mejor todo el uso de los recursos públicos", subrayó.

Por otro lado, el líder regional se refirió al proceso desarrollado para reactivar 17 de las 23 obras paralizadas en la Región de Los Lagos algunas desde el año 2018, "vale decir casi cuatro años que estaban abandonadas sin ninguna acción que permitiera ir regularizando estas situaciones", comentó.

Entre ellas enumeró la construcción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Chonchi; la ampliación del cuartel y la reposición de la compañía de bomberos de Palena; la normalización del consultorio de Puqueldón; la construcción del Liceo Politécnico de Calbuco; la posta rural de Cucao en Chonchi; el agua potable rural El Manzano en Hualaihué; el estadio Ewaldo Klein en Puerto Varas; el agua potable rutal El Tarahuín en la comuna de Chonchi y el Centro de Diálisis de Calbuco.

Respecto al caso específico del Liceo Politécnico de Calbuco lo calificó como un "ejemplo de cómo acortamos los plazos para hacerlo en poco menos de 6 meses, la mitad de lo que era antes, por lo tanto marcamos un precedente para el futuro".

Trabas

Vallespín estableció además que en este proceso de reactivación de obras paralizadas "se detectaron trabas que tienen que ver con normas nacionales. Desde la región queremos impulsar cambios en la nación. Eso hay que tenerlo claro: en la región muchas veces identificamos mejor la problemática que en Santiago", recalcó.

Por ello propuso -entre otras medidas- reducir las exigencias para los llamados a licitación sin sacrificar la probidad; flexibilizar la ley de compras públicas; modificar la normativa de reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social; que toda institución pública tenga mecanismos de revalorización de presupuestos; una mayor rapidez en la asignación de recursos y un cambio en la normativa del Consejo Nacional de Monumentos.

También comentó que se realizó una gestión con el Ministerio de Desarrollo Social y con la Dirección de Presupuestos, "para que cuando se presentaran los proyectos, éstos fueran prioridad uno y se aceleraran los procesos de asignación de manera significativa".