Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la primera causa de muerte en Chile, además de dejar con discapacidad a una parte importante de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, sobre todo en personas mayores de 65 años. De ahí que la Organización Mundial de la Salud determinó que cada 29 de octubre se celebre el día de internacional de esta emergencia médica, con el fin de alertar a la población respecto de sus consecuencias y la necesidad de prevenirla.

Estadísticamente, uno de cada seis chilenos, sobre todo adultos mayores, se ven afectados alguna vez por un ACV, que es la pérdida repentina de una función neurológica, producida por la obstrucción o rotura de un vaso sanguíneo cerebral, y que se manifiesta en la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, la alteración del lenguaje, que se hace incomprensible o bien la persona no entiende lo que se le dice; una disminución de la sensibilidad y dolor de cabeza muy fuerte. No obstante, los especialistas dicen que si el paciente recibe atención oportuna en un servicio de urgencia, se le puede retirar el coágulo alojado en la arteria.

La hipertensión, que es el principal factor de riesgo para sufrir y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de modo prematuro, afecta a unos 250 millones de personas en América y, en la mayoría de los países, las tasas de control de la presión arterial son bajas.

Es fundamental que las personas se informen sobre la prevención de los accidentes cerebrovasculares, para tomar medidas de resguardo, estar atentas para un diagnóstico oportuno y acceder a una atención que puede salvar vidas y evitar las secuelas de estas enfermedades. El ACV se puede prevenir, se puede tratar en urgencias, es una patología que no sólo puede afectar a adultos o adultos mayores y que en la medida que haya una adecuada y oportuna detección, puede tener una buena recuperación.

El Estado, a través del Ministerio de Salud, lleva a cabo planes y programas, que incluyen desde la prevención hasta el trabajo de recuperación de personas que han sufrido estas patologías. Sin embargo, los altos costos, no sólo financieros, sino que emocionales y sociales que están asociados a estos casos, son en sí un llamado a extremar las medidas de prevención y cuidado.

Recientemente el ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunciaron un conjunto de medidas económicas para el sustento de la política habitacional que busca apoyar a las familias que actualmente trabajan por obtener la tan fundamental vivienda propia. Complementariamente, las medidas anunciadas buscan transformarse en un apoyo a las empresas del rubro inmobiliario, complicadas por las actuales condiciones que vive el sector de la construcción por el aumento del precio de materiales e insumos y la escasez de mano de obra, así como el aumento del valor del suelo.

La primera medida incorpora una garantía estatal de un 10% del valor de la vivienda para precios del inmueble entre 2.600 a 4.500 UF, permitiendo que muchas familias puedan acceder a él cuando no alcancen a cubrir el total del pie, considerando los incrementos en los precios de la vivienda, así como en las tasas de interés. En este sentido, las familias podrán optar a una garantía de crédito entregado por los bancos por un 10% adicional, que estará garantizado por el Estado y que se traduce finalmente en disminuir el crédito hipotecario.

La segunda medida dice relación con la donación de terrenos por parte de las empresas para que sea factible la construcción habitacional hacia sus trabajadores. De esta forma, se efectuarán beneficios tributarios para eximirlas del impuesto a las donaciones y que el costo del terreno donado sea considerado gasto para producir renta. Esta medida será incorporada al proyecto de reforma tributaria que se revisa en el Congreso.

La tercera medida consiste en aumentar la cobertura del seguro de remate a un 100%, cubriendo la diferencia entre el saldo de la deuda y el monto de los recursos obtenidos en el remate. Por último, una cuarta medida tiene que ver con extender la vigencia del crédito especial de IVA a las empresas constructoras, permitiendo ampliar su período de transición para los años 2025 y 2026 por un 25%.

Estos lineamientos apuntan a dinamizar el mercado inmobiliario, apoyando a su vez a diversas familias de sectores medios que hoy no pueden acceder a una vivienda por el contexto económico actual. Medidas que responden a lo señalado por el Presidente Gabriel Boric, quien ha sido enfático en abordar el déficit habitacional y sus desafíos desde una óptica integral, con la necesaria colaboración entre el sector público y privado.

Es de esperar que la burocracia no entorpezca la tramitación necesaria para el desarrollo del país. Bien por el Gobierno, bien por Chile.

Gonzalo Valenzuela, cientista político