Luego de la polémica generada por el anuncio del Gobierno de que el programa de Liceos Bicentenario "no continuará como se le conoce" y que se analizará "gradualmente cómo este proyecto va a ir teniendo año a año menos recursos asociados", el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila se vio obligado a hacer algunas precisiones, entre las cuales expuso que esta iniciativa no se terminará, pero que ya no se aceptarán nuevas postulaciones a ella para buscar un financiamiento parejo a todo el sistema de la educación pública.

"Estos Liceos Bicentenario, que hoy día son 320 en el país, tienen una firma de un convenio con el Ministerio de Educación, que se compromete a entregar, a través de cuotas, un financiamiento especial que les permite mejorar infraestructura, algunos equipamientos y formación pedagógica. Esos convenios están establecidos y el último remanente de cuotas pendientes es del año 2023, por lo tanto, en el fondo, se entrega lo que corresponde. Lo que se acaba es ese financiamiento", explicó el secretario de Estado en radio Cooperativa.

"Estas cuotas estaban establecidas por una temporalidad, en ningún caso se señalaba en los convenios originales, establecidos por la administración anterior, que era un financiamiento infinito", aclaró Ávila.

Según el ministro, su cartera está "muy consciente del papel que ha jugado en las distintas regiones los Liceos Bicentenario, destacamos mucho a aquellos que han podido implementar procesos de mejoramiento, queremos aprender de ellos y queremos que estos programa se vayan multiplicando", pero "no necesariamente van a tener siempre, hasta el infinito, financiamiento especial".

El ministro enfatizó que "en un escenario de restricción presupuestaria y de recuperación de brechas de aprendizaje muchos de los recursos deben ir de manera masiva a todos los establecimientos del país".

Sin postulaciones

Ante las críticas surgidas desde la oposición, el ministro Ávila afirmó que "muchos de estos establecimientos ya no reciben financiamiento especial" y recordó que "desde el año 2020 no hay nuevas convocatorias, entonces le preguntaría al ex ministro Raúl Figueroa por qué no las hubo en los años anteriores".

El aludido extitular de la cartera durante el Gobierno de Sebastián Piñera ayer insictió en que "el punto central tiene que ver con la valoración que el Ministerio de Educación debe hacer de este proyecto y el compromiso de la autoridad en acompañar el desarrollo de la Red Bicentenario durante un periodo largo para asegurar buenos resultados en esos establecimientos y proyectarlos al resto del sistema".

El gobernador metropolitano Claudio Orrego indicó que la medida del Gobierno "me suena un poco a volver a quitarle los patines. Cuando en el resto de la educación pública los padres y apoderados han ido sistemáticamente sacando a sus alumnos, este era un programa que estaba haciendo que los padres se esforzaran por llevar a sus hijos de vuelta a la educación pública".

"Con restricción presupuestaria muchos recursos deben ir de manera masiva a todos los establecimientos".

Marco Antonio Ávila, Ministro de Educación.

"El punto central tiene que ver con la valoración que el Ministerio de Educación debe hacer del proyecto".

Raúl Figueroa, Ex ministro de Educación

La ministra en visita que investiga el caso del fraude en el Ejército, Romy Rutherford, ordenó ayer la detención del excomandante en jefe Juan Emilio Cheyre (2002-2006) por el mal uso de gastos reservados dentro de la institución castrense.

El general en retiro, quien fue citado a declarar a finales de septiembre, quedará recluido en el Batallón de Policía Militar en la comuna capitalina de Peñalolén, informó el Poder Judicial.

En los próximos días deberá definirse si puede o no acceder a libertad bajo fianza.

En el detalle, la magistrada de la Corte de Apelaciones de Santiago procesó a Cheyre por un perjuicio fiscal por un monto total de 128.638.559 pesos y ordenó el embargo de bienes en su contra por 140 millones.

El exjefe del Ejército está ya procesado por causas de violación a los derechos humanos durante el régimen militar. En 2018 fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el delito de encubrimiento en el caso "Caravana de la muerte". Y en 2019 fue sometido a proceso por el delito de tortura en contra de 24 personas en La Serena durante 1973.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a esta situación y dijo que "creo que la Justicia siempre tiene que actuar. Es lo que corresponde en un país, en una democracia y es lo que está ocurriendo en estos casos, pero como digo es la ministra la que está llevando adelante este proceso y lo que ha hecho el Ministerio de Defensa siempre -insisto-, tanto los ministros anterior como cuando ha sido solicitado, se ha prestado toda la colaboración".

"injusta e improcedente"

Mediante una declaración pública, los abogados Jorge Bofill y Sebastián Contreras, quienes representan a Cheyre, señalaron que "el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los ex comandantes en jefe mediante un decreto presidencial".

"Por ello, nuestra opinión es que la resolución que lo ha sometido a proceso es injusta e improcedente y estamos analizando los caminos a seguir para impugnarla", añadieron.

Asimismo, enfatizaron que "en todo evento, como defensa aclaramos a la opinión pública que no hay ningún cuestionamiento en materia de probidad durante el ejercicio del cargo como comandante jefe del general (r)".

"Don Juan Emilio Cheyre, como corresponde, ha prestado colaboración en todas sus declaraciones", sentenció el documento.

Otras medidas

Junto con ordenar la detención de Cheyre, Rutherford amplió los procesamientos de los excomandantes en jefe del Ejército Óscar Izurieta (2006-2010) y Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) por montos que equivalen a 50.714.559 y 95.153.689 pesos, respectivamente.

A ambos se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial.

A raíz de estas imputaciones, la jueza amplió los embargos de Fuente-Alba por 55.000.000 pesos y de Óscar Izurieta Ferrer por 105.000.000.