El comercio es uno de los sectores más atacados por la delincuencia y junto con afectar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Y con ello también se limita el crecimiento de las fuentes de empleo, con lo cual el daño tiene una notoria derivación social.

Si se realiza un seguimiento de las informaciones sobre delitos graves que se publican en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que muchos de estos son cometidos por reincidentes y sujetos que habían pasado por los tribunales pero fueron dejados en libertad.

La encuesta de victimización elaborada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) ha revelado que durante el primer semestre de este año, un 58,6% de los locales en el país fueron víctima de algún delito, lo que representa un alza significativa si se considera que en el segundo semestre del año pasado la tasa de victimización fue de 47,9%. El sondeo se realizó en 1.214 establecimientos de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar-Valparaíso, Gran Santiago, Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad.

La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del Gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que la aborden de forma constante y persistente y no solo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país, impulsada desde el poder central.

Muchas de las víctimas (57,9%) deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, porque estiman que no tendrán resultados, o porque lo consideran una pérdida de tiempo, de manera que al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar lo que se conoce como las "cifras negras de la delincuencia".

Entre 1347 y 1350, Europa fue sacudida por la peste negra. Se estima que el continente tardó alrededor de 80 años para recuperarse de las consecuencias; además de la irremediable pérdida de alrededor de 100 millones de habitantes.

En Chile, según cifras oficiales, desde el inicio la pandemia del covid, 61.459 personas han fallecido. Sin duda, estas vidas son irremplazables. Pero además de las implicancias fatales que la emergencia sanitaria ha traído consigo, existen efectos sociales, y por sobre todo económicas, que ahora golpean al país y nuestra industria.

A partir de los datos del último MACh (informe Macroeconomía y Construcción), elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción, la inversión en construcción caería en un 5,3% el próximo año, en relación al 2022. Esto, considerando que desde el 2016, se han observado números rojos en el sector. Es un escenario complejo. Por ende, uno de los principales desafíos es elevar la inversión, que es clave para enfrentar las recesiones y tener un desarrollo sostenible.

Las causas de esto se revocan a la incertidumbre política-regulatoria junto al alza de los precios de los materiales, la caída de la demanda inmobiliaria, y los problemas de las empresas para conseguir financiamiento, que también ocurre en un contexto de gran burocracia, baja productividad y creciente pérdida de certezas jurídicas.

Junto con los resultados del estudio, el gremio de la construcción propone seis medidas que el Estado -con el apoyo de los privados- debiera implementar con la urgencia que la situación requiere.

Asegurar pago oportuno por servicios prestados, disminuir tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos.

Destrabar iniciativas de inversión en curso; aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución, afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales.

Crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial.

Avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida por el Gobierno; cambiar el enfoque de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, poniendo énfasis en fomentar la inversión y aumentar la productividad.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno