Marcelo Galindo

Esta semana, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolverá la admisibilidad del recurso de protección presentado por la propietaria del fundo La Vega de Frutillar, en contra de la delegada presidencial regional Giovanna Moreira (PL), quien se reunió con los representantes de la comunidad indígena Weichán Mapu -en medio de la toma ilegal de un predio- y no así con los dueños del terreno.

Anteriormente los indígenas hicieron efectiva la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas contra la Multigremial del Sur, por asociación ilícita y donde se pide al Ministerio Público se investiguen una serie de hechos acontecidos el jueves 1 de septiembre, los que dejaron tres personas lesionadas, una de ellas de carácter grave.

El recurso de protección de garantías constitucionales contra la delegada presidencial fue presentado por el abogado Juan Cristóbal Grünwald.

El jurista que lleva adelante este requerimiento dijo que no se va a referir a esta acción de protección mientras el tribunal de alzada no resuelva la admisibilidad del documento.

Desde la delegación presidencial regional se indicó que no han sido notificados de ningún recurso judicial hasta ahora, "por lo que estamos esperando los canales oficiales", comentaron de forma escueta.

Acuerdo

Según consta en el documento presentado por Grünwald ante el tribunal de alzada el 5 de septiembre, desde el 30 de julio en adelante "los querellados y otros miembros de la comunidad indígena, aún no individualizados, se han mantenido constante y permanentemente en el deslinde del predio, hostigando y amenazando a mi representada y a miembros de su familia respecto de su propiedad, lo que ha derivado en nuevas denuncias y acciones criminales".

Agrega el texto -de nueve páginas-, que "el último de estos hechos violentos tuvo lugar el pasado jueves 1 de septiembre, donde nuevamente miembros de la comunidad indígena Weichán Mapu, motivados por un acuerdo existente con la recurrida (delegada presidencial) intentaron impedir el normal desarrollo de las labores agrícolas del predio, lo que derivó en un operativo policial encabezado por el comandante Boris Alegría, de la prefectura de Carabineros, quienes lograron establecer el orden y restituir así el predio a mi representada".

Agrega el abogado en su escrito que en el intertanto ocurrían los hechos ya relatados, "la recurrida (delegada presidencial) y parte de su equipo han sostenido reuniones con líderes de la comunidad indígena Weichán Mapu, dando señales equívocas que, en vez de resguardar el estado de derecho y la protección de la víctima, han derivado en hechos de violencia que ponen en riesgo los derechos de mi representada".

En el recurso se solicita a la Corte de Apelaciones "que la recurrida se abstenga de realizar gestiones, reuniones o acuerdos en que se ofrezca o disponga de bienes de mi representada como parte de esos factores de negociación, en especial cuando mi representada ni siquiera está presente en dichas reuniones".

Querella

La abogada de la comunidad Weichán Mapu, Orieta Llauca, explicó los alcances de la acción penal contra la Multigremial del Sur.

"Las actuaciones de la Multigremial del Sur son reiterativas y llaman al odio en las redes sociales hacia las reivindicaciones. Pese a ello, ni el gobierno y menos la Fiscalía han iniciado investigación para determinar cuál es el ánimo que hay detrás de esta Multigremial; si el ánimo es velar por intereses legítimos o crear una organización que se dedique a violentar a las personas, haciendo llamados al odio".

Llauca señala que, como no se ha establecido cuál es el fin de la multigremial, se vieron "en la necesidad de presentar una querella y esperamos que el Ministerio Público, con la misma dedicación que investiga las causas criminalizadas contra el 'pueblo' mapuche, investigue esta querella".

La acción es para que se indague una presunta asociación ilícita y se investiguen supuestos delitos tales como homicidio frustrado, lesiones, amenazas de muerte, porte ilegal de armas de fuego y de disparos injustificados, daños y maltrato animal.

3 personas de la comunidad Weichán Mapu resultaron lesionadas en incidentes el jueves, en medio de la toma ilegal de un fundo.

6 presuntos delitos son los mencionados en la querella de los indígenas que buscan ocupar el fundo de forma ilega.