Jaime Arancibia M.
Cualquiera sea el resultado del plebiscito, la discordia constitucional continuará porque el texto que rija no tendrá la validación de una mayoría superior de chilenos, como lo exige la naturaleza de una norma suprema. Sin embargo, aunque cueste creerlo, avanzamos por buen camino, pues va quedando claro que los chilenos no quieren una Constitución de izquierda o derecha sino una que permita el juego democrático de ambas, con pleno respeto a nuestros valores republicanos. Además, a diferencia de lo ocurrido en centurias pasadas, hemos procurado resolver el desacuerdo constitucional con madurez cívica, con tinta en la papeleta y no con sangre en las calles.
A partir de septiembre, las fuerzas políticas deberían definir un itinerario de término verdadero del proceso constitucional que recoja las experiencias buenas y malas de los intentos anteriores. Los compromisos recientes de sectores de derecha e izquierda de avanzar hacia posiciones más "centradas" dan cuenta de un cierto consenso en torno al procedimiento y contenidos de una Carta Magna fiel a la conciencia jurídica de Chile.
El nuevo texto sería confiado a una Convención integrada por representantes elegidos en todo el país, sin listas de independientes, voto obligatorio y aporte de expertos de trayectoria. La propuesta sería elaborada en menos tiempo y sometida a un plebiscito ratificatorio.
La segunda asamblea es una práctica saludable para destrabar o terminar de validar procesos políticos trascendentales. Está presente, por ejemplo, en regímenes parlamentarios cada vez que no se logra conformar un nuevo gobierno luego de censurar al que existía. Asimismo, las constituciones de Finlandia, Grecia, Georgia (EE.UU) y Colombia, entre otras, condicionan la vigencia de cambios constitucionales a la aprobación de un segundo parlamento.
En el plano sustantivo, el texto constituiría un Estado social de derecho que asegure el acceso a agua potable, salud, vivienda digna propia, educación y seguridad social a través de prestadores públicos y privados. Además, ampararía la cultura de los pueblos indígenas, la protección eficaz de la naturaleza, los derechos asociativos, económicos y laborales, la equidad de hombres y mujeres y la valoración del mérito en los mecanismos de selección y elección para cargos y funciones públicas. Sumemos el fortalecimiento de la democracia representativa y de la gobernabilidad mediante partidos políticos sometidos a requisitos exigentes de democracia interna, probidad, transparencia y participación parlamentaria.
La descentralización sería otro eje fundamental de la propuesta, pero no mediante la segregación o burocratización de los territorios sino a través de mecanismos de incentivo eficaz a la inversión privada en las regiones, de autonomía en las decisiones administrativas y de inversión pública, y de mayor representatividad local en el Poder Legislativo.
Estas novedades deberían coexistir con aquellas normas de organización política y derechos fundamentales de la Constitución vigente que provienen del siglo XIX, de la Constitución de 1925 y del siglo XXI, para asegurar una continuidad histórica opuesta a la refundación populista que intentó la Convención pasada.
Nuestra Constitución debe ser un lugar de encuentro de las generaciones de ayer, hoy y mañana; de izquierda, centro y derecha; del apruebo y del rechazo. Chile quiere y necesita paz.
"Los compromisos recientes de sectores de derecha e izquierda de avanzar hacia posiciones más 'centradas' dan cuenta de un cierto consenso en torno al procedimiento y contenidos de una Carta Magna fiel a la conciencia jurídica de Chile."
"Sumemos el fortalecimiento de la democracia representativa y de la gobernabilidad con partidos sometidos a requisitos exigentes de democracia interna, probidad, transparencia y participación parlamentaria."
*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.
