Verónica Salgado

Desde 2015 que las obras de construcción del relleno sanitario están paralizadas y sin que exista claridad de la continuidad del proyecto que prometía ser la solución definitiva para la disposición final de los desechos domiciliarios de toda la provincia. Esto ha obligado prolongar la vida útil del vertedero de Curaco, ubicado en la ruta U-400 al Mar, que ahora deberá seguir operando hasta el 2026 como la única alternativa autorizada para recibir las basuras de las siete comunas, con todo el gasto económico, riesgo ambiental y cuestionamiento social que eso significa.

Es por eso que consejeros regionales, alcaldes y vecinos acusan escaso avance técnico para concretar la construcción y posterior operación de un relleno sanitario que cumpla con los estándares y normativas medioambientales actuales. Esto, debido que por lo menos durante los próximos cuatro años no se tendrá una solución definitiva para la basura provincial, debido a la falta de claridad respecto a mantener el proyecto en el mismo terreno ubicado en la zona de Curaco o se buscará un nuevo emplazamiento, el monto de inversión que se requiere, plazos de ejecución, entre otros aspectos.

El proyecto de relleno sanitario tiene una data superior a los 20 años, considerando que desde el 2000 se comenzaron a recibir paulatinamente los desechos domiciliarios de las otras comunas de la provincia, lo que sumado a la necesidad de reemplazar la forma de disposición final por aquellas que cumplen con las normativas ambientales nacionales e internacionales, dieron paso a una solución definitiva que aún no se logra concretar y de la cual existen muy pocos antecedentes técnicos disponibles y de conocimiento público.

Etapas

La cronología en la construcción del relleno sanitario provincial, que estaría emplazado en el mismo sector, comenzó su construcción en 2014, pero cuyas obras se paralizaron en octubre del 2015. Desde entonces el proyecto que consideraba una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, ha enfrentado fuertes cuestionamientos políticos, sociales y ambientales.

Además, el pago de 1.480 millones de pesos (en dos cuotas 2022-2023) del municipio local a la empresa Servitrans (era encargada de ejecutar las obras) para darle cumplimiento al acuerdo de conciliación ordenado por la Corte Suprema, que vino a resolver definitivamente las acciones judiciales iniciadas tras la demanda de la firma al municipio local por el incumplimiento del contrato para la construcción y operación del relleno sanitario provincial celebrado por ambas partes en octubre de 2014.

Consejeros regionales

Francisco Reyes, consejero PS y presidente de la comisión de medio ambiente, apuntó a la falta de comunicación y coordinación entre los involucrados para desarrollar un trabajo técnico paralelo a los problemas que detuvieron el avance del relleno sanitario provincial.

"Desde hace más de cuatro años que venimos planteando la necesidad de contar con un plan b para el proyecto de relleno sanitario, solicitud que comenzó justamente porque el manejo y disposición final de la basura es un tema que no se detiene con el proyecto; al contrario, crece día a día. Siento que existe un relajo de las administraciones comunales frente a la problemática también dada por el agotamiento de enfrentar un grave problema, pero sin suficientes antecedentes técnicos en la mesa. Esta discusión no se puede prolongar en el tiempo y vemos una apertura del municipio de Osorno para convocar a través de la asociación de municipalidades provincial al trabajo técnico que no debe pasar de agosto para avanzar en un proyecto que cuente con la participación de la comunidad, El Consejo Regional, Gobierno Regional y los alcaldes. No podemos pensar en pasar 4 años más en la búsqueda de soluciones técnicas a un tema que sabemos hace años era urgente pero sigue pendiente", expresó Reyes.

Francisco Paredes, consejero PDG por la provincia, precisó que el trabajo de los organismos técnicos ha sido muy lento, dejando que las diferencias políticas tomarán mayor relevancia.