El robo de vehículos es uno de los delitos que más ha aumentado en la última década, tal vez por el gran crecimiento del parque automotor, porque las bandas los usan para cometer otros ilícitos o porque las sanciones no han sido suficientes. Algunos de estos delitos ocurren por la acción conocida como portonazo, que se ha acentuado, se ha hecho más violenta, e incluso ha dejado víctimas fatales y ha puesto en riesgo la seguridad de adultos y niños.

De acuerdo con cifras de Carabineros, el año 2021 se registraron 5.103 delitos violentos vinculados a automóviles. En ese período, ocurrieron en el país 2.863 encerronas y 2.240 portonazos. Y la Asociación de Aseguradores informó que este año, solo hasta mayo, han sido robados 6.766 automóviles. Según estadísticas de Carabineros, el 76% de los robos de vehículos se produce mientras están estacionados, sin embargo, el otro 24% ocurre a través de la violencia, con un encuentro entre víctima y victimario. Muchos de los vehículos robados son sustraídos desde la vía pública. Están estacionados en la calle y los delincuentes utilizan el sistema de clonación de la llave o llave electrónica.

Según informes de la Asociación de Aseguradoras de Chile, las marcas y modelos más sustraídos son Nissan Qashqai, Nissan NP300, Toyota Hilux, Kia Frontier y Mitsubishi L200. Mientras Carabineros ha indicado que el 54% de estos delitos son cometidos por menores de edad, ya sea actuando con violencia, como son los portonazos y encerronas, o sin violencia, como es el caso de autos estacionados.

La policía ha recomendado prevención a los conductores, considerando que algunos no cuentan con elementos de seguridad, que son dejados en lugares oscuros, a veces con las puertas sin seguro y con especies a la vista en el interior, lo que es un incentivo para los ladrones. La mayoría de estos vehículos con encargo por robo son comercializados a través de redes sociales, ferias de las pulgas de cada comuna, y otras plataformas de venta en línea.

Se ha recomendado que las personas interesadas en la compra de un automóvil verifiquen en la página del Registro Civil -ya sea a través de un certificado de anotaciones vigentes o con un certificado de multas- que coincidan con los datos del vendedor y los que figuran en los documentos como el propietario del auto.

La acelerada recuperación del crecimiento post pandemia ha traído un alza de la inflación en Chile y el mundo. Distintos sectores están experimentando incrementos sostenidos en sus costos de producción. El desarrollo de construcción e infraestructura no ha sido la excepción. Esto se ha explicado en gran parte por los quiebres de stock a nivel global, y las estrecheces en la cadena logística; lo que ha impactado en un considerable aumento del precio de materiales, que podrían representar una variación promedio del 20% del costo de las obras.

Las empresas trabajando en obras privadas, han podido resolver el problema. Pero, aquellas que dependen de los organismos públicos, han experimentado mayor complejidad para los reajustes pues no es posible traspasar las alzas de costo en contratos con el Estado. La rigidez del marco normativo en que éstos se celebran, ha impedido hacer propuestas concretas para solucionar esta disyuntiva.

Este impedimento de reajuste está significando serias dificultades para muchas empresas contratistas cuyo principal mandante es el Estado. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas. Pero, más importante todavía es que muchas obras necesarias para mejorar la infraestructura al servicio de las personas y los ciudadanos, están siendo suspendidas o postergadas

Para dimensionar un posible impacto en el empleo, sólo el Ministerio de Obras Públicas, para este año tenía considerado que sus obras generaran cerca de 211.000 empleos. Por lo que una subejecución que alcance un 20%, implicaría 42 mil empleos menos.

Nuestro planteamiento es que se trata de una circunstancia totalmente excepcional y única que requiere una habilitación legal igualmente única y excepcional. En vista de que no sería posible considerar un reajuste de los contratos vigentes por vía administrativa, creemos que sería inevitable considerar algún tipo de modificación legal para enfrentar la situación.

Confiamos en que una idea de este tipo pueda ser considerada como forma de evitar la pérdida de empleos, capacidad productiva y de ejecutar el presupuesto de las distintas entidades estatales involucradas. También como una forma de evitar generar una limitación adicional a la capacidad de recuperación de nuestra economía en el corto plazo.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno