La orden de registro a la vivienda del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, publicada ayer, revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la Ley de Espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la Justicia.

El fiscal general de EE.UU., el demócrata Merrick Garland, pidió al juez que la orden de registro y el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, dejaran de estar bajo secreto de sumario, algo a lo que el exmandatario accedió y la orden se publicó.

En ella se indica que a Trump se le investiga por la posible comisión de tres crímenes: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitarle para ocupar cargos políticos.

Por su parte, el inventario muestra que entre la documentación requisada figuran 26 cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "top secret" o "confidencial".

Entre ellas aparece un documento bajo el título "presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.

La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro.

En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: cualquier documento o caja con marcas de "clasificado", cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump.

También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.

El detalle de la casa

La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con "aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños" situada en una propiedad de 6,8 hectáreas y en la que se podía también revisar "la oficina 45", en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EE.UU.

En la red social Truth, Trump se defendió al asegurar que "en primer lugar, todo estaba desclasificado. En segundo, no necesitaban 'incautarse' de nada. Lo podrían haber conseguido en cualquier momento, sin hacer política ni entrar en Mar-a-Lago. Todo estaba en un almacén seguro. (...) Lo único que tendrían que haber hecho era preguntar".

También ayer, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) de Estados Unidos desmintió al expresidente republicano en su acusación de que su predecesor Barack Obama no había devuelto a ese organismo documentos tomados al abandonar la Casa Blanca en 2017.

Esa institución dijo en una breve declaración escrita que asumió la custodia "legal y física" del material presidencial de Obama cuando el mandatario demócrata dejó el poder.

Además, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Trump de "instigar los ataques contra las fuerzas del orden" por sus críticas al FBI tras el registro de su casa, como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 (ver recuadro).

Los republicanos, por su parte, mantuvieron su defensa de Trump y exigieron a Garland explicaciones sobre cuál es la supuesta "amenaza nacional" que habría justificado el registro de la casa de un expresidente, algo de lo que no hay precedentes en la historia de EE.UU.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, calificó ayer como "secuestro" la situación que vive el también obispo nicaragüense Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar "organizar grupos violentos" y lo mantiene sitiado y retenido en un Palacio Episcopal desde hace nueve días.

"Condeno el secuestro de mi hermano Mons. Rolando Álvarez de parte de la dictadura de Nicaragua", en alusión al Gobierno del presidente Daniel Ortega, escribió en Twitter el obispo Báez, quien se encuentra fuera del país desde hace 40 meses por decisión del papa Francisco por motivos de seguridad.

"Estoy cerca de él (Álvarez) con mi cariño y mi oración. Es una luz que brilla en las tinieblas, que las tinieblas no podrán apagar (cf. Jn 1,5). ¡Él y quienes lo acompañan deben ser liberados!", abogó.

Álvarez, de 55 años y obispo de la Diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, se encuentra confinado junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, en el Palacio Episcopal provincial desde el jueves de la semana pasada, que está sitiado por fuerzas especiales policiales.

El obispo, un crítico de Ortega, fue acusado el viernes pasado por la Policía Nacional de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

La acusación se dio un día después de que el religioso fuera impedido por la Policía de oficiar una misa con los feligreses en una parroquia.

El sitio policial a Álvarez se da en medio de una serie de acciones del Gobierno sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, que incluye la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima, que se realizaría hoy, también la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la exclusión de la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia.

Estados Unidos informó este viernes que incluyó en su lista de corruptos al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, que rechazó esas acusaciones y anunció de inmediato que renunciará al cargo y a su precandidatura presidencial por el Partido Colorado.

También fue señalado de corrupción el asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, considerado por EE.UU. "cercano colaborador personal y profesional" del vicepresidente paraguayo.

La decisión, que sacudió la política local, fue anunciada por el secretario de Estado, Antony Blinken, mediante un comunicado difundido en Washington y durante una conferencia de prensa en la capital paraguaya por el embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield.

Blinken dijo en Twitter que Velázquez y Duarte son "inelegibles para ingresar a Estados Unidos por estar involucrados en una corrupción significativa".

También a sus familias se les negará la entrada a ese país y no podrán obtener visados.

Ostfield afirmó que Duarte, a pedido de Velázquez, "ofreció un soborno de más de un millón de dólares" a un funcionario público, con la presunta intención de "obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

"Los actos corruptos de Velázquez y Duarte socavan la confianza del pueblo paraguayo en la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay", advirtió.

Según el diplomático, entre los actos de corrupción se incluye "el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos".

El embajador enmarcó las designaciones dentro de una "estrategia integral de combate a la corrupción" y expresó el compromiso de su país de continuar "trabajando de cerca" con el presidente Mario Abdo Benítez.

Velázquez respondió con el anuncio de su renuncia a la vicepresidencia la próxima semana. "Realmente, para mí cayó como un balde de agua fría", declaró a Radio Monumental y aseguró que saldrá como un "ciudadano común" a defenderse de "una injusticia", aunque precisó en otra radioemisora que no tiene "la más pálida idea" sobre esa acusación, y negó estar siendo investigado.

El pasado 22 de julio, EE.UU. también señaló por actos corruptos al expresidente paraguayo Horacio Cartes.