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Domicilio electoral
Así como el nombre, el domicilio nos da individualidad y designa una relación permanente con un lugar fijo y determinado (territorio), lo que permite ejercer derechos y, asimismo, nos impone obligaciones. En el ámbito electoral, la ley lo define como aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él, adicionalmente, se tendrá como domicilio electoral el último declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.
En dicha perspectiva, es que la legislación admite que uno pueda tener varios domicilios, pero en lo electoral el que declaremos como tal debe reunir características objetivas, tales como un vínculo permanente en el tiempo, sea laboral, académico o donde efectivamente tengamos nuestra residencia principal, con el fin de impedir que maliciosamente se puedan generar cambios de domicilio con fines puramente electorales, conocido como el "acarreo de votos".
Cada persona es responsable de actualizar su domicilio electoral, por cuanto ello le permitirá ejercer su derecho a sufragio en una comuna determinada y respecto de un distrito y circunscripción específica. Ahora bien, si alguien emplea maliciosamente nuestro domicilio la ley sanciona tal actuación, por cuanto ello podría tener efectos respecto de otros ámbitos, como un embargo o la notificación de una demanda.
En efecto, la ley pena a quien declare un domicilio electoral falso ante el Servel o cuando declare uno en los mismos términos ante el Registro Civil, por ejemplo, al renovar la cédula de identidad u obtener pasaporte. De esta forma, si descubrimos que alguien emplea nuestra dirección para fines electorales cabe denunciar ante las policías o presentando una querella en el Juzgado de Garantía respectivo.
Williams Valenzuela, académico Escuela de Derecho U. de Las Américas
Educación y Carta Magna
El debate constitucional tiene a la educación invisible ante la seriedad de temas realmente importantes que ha pasado casi inadvertida para la opinión pública.
No es el caso analizar aquí todos los problemas que el texto presenta. Pero el objetivo es sólo llamar a leer e informarse. Un tema importante que se habla en el texto "La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un Sistema de Educación Pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas." (Art. 36 N° 8). El texto es claro y dice que la educación tendrá un carácter cada vez más estatal y que será laica.
Determinar el por qué lo dice es hasta cierto punto fácil, se refiere a enfatizar el rol primordial del Estado en la gestión de la educación pública. Hay que ser claros en los planteamientos para no crear confusión, ya que no lo prohíbe, pero tampoco lo mandata expresamente.
Un dato importante y que el texto omite, es que se rechazó el derecho a crear y mantener colegios no estatales, que es una condición democrática fundamental que establecen los convenios y tratados internacionales suscritos por Chile. La creación y la continuidad de los colegios no estatales dependerá de la mayoría simple de un Parlamento unicameral.
La educación particular subvencionada y la particular pagada quedan en total indefinición en cuanto a su posibilidad de funcionamiento futuro y las condiciones que deberán cumplir para funcionar.
¿Por qué el texto se refiere sólo a la educación pública?. Cabe decir que, si un programa político pretendiera instaurar una educación estatal hegemónica, que imparta contenidos programáticos, tendría con esta Constitución el camino despejado para hacerlo.
El articulado de educación clama por ser debatido. Tener una buena educación es un derecho, el futuro de los niños no es un juego. Es de suma importancia contar con un debate profundo, con ideas claras, que aporten a un debate en que la enseñanza sea el eje central de la discusión con altura de miras y con la importancia que se le debe dar, antes de la medianoche del 3 de septiembre.
Felipe Varela, director de Mi Derecho a Educar
Reforma e impuestos personales
Dentro de las iniciativas que incluye la reforma tributaria patrocinada por el actual gobierno, está el alza de la tasa del impuesto global complementario a los tramos de renta más altos. Esto es, a las personas con ingresos superiores a los 4 millones de pesos mensuales, llegando a una tasa de 43%. La propuesta supone pasar de una tasa efectiva de 25,9% a 30,95% anuales.
Según estimaciones del gobierno, esta medida afectaría a menos del 3% de la población, poco más de 200 mil personas. Las cifras, sin embargo, difieren con las últimas estadísticas de ingresos, que indican que tan solo el 1,9% de la población tiene ingresos por sobre 3 millones de pesos mensuales.
Si bien la medida es correcta, está lejos de ser efectiva, porque se prevé que la recaudación efectiva sería marginal.
Se trata de un alza significativa, puesto que se estima que actualmente una persona dentro de esos rangos de ingreso destina 3,1 meses de ingreso para pagar impuestos y con el cambio tendría que destinar 4 meses al mismo objetivo. Pese a ello, la cantidad de personas en esos tramos es tan pequeña que no va a significar un aumento importante en la recaudación fiscal.
De hecho, actualmente se recauda el 2% del Producto Interno Bruto, PIB, por concepto de impuestos personales. Con este cambio, se aumentaría tan solo a 2,2% del PIB, muy lejos del 8% promedio de recaudación en los países de la OCDE.
A partir de estos argumentos uno podría pensar que esta iniciativa está dirigida a generar cierta sensación de tranquilidad en la opinión pública. Reitero que apuntar a los más altos ingresos es conceptualmente correcto, a pesar de efecto marginal que esta medida tendría.
Si bien se hace necesario este tipo de decisiones, deberían ir de la mano con estrategias más profundas y de largo plazo, que tiendan a aumentar el PIB, a través de inversiones, mejoras en la productividad personal y empresarial, generando mayor riqueza, de tal forma que naturalmente los impuestos a recaudar aumenten, no necesariamente por un aumento en la tasa, sino que en la generación de riqueza.
José Navarrete Oyarce, director Magíster en Tributación Universidad Andrés Bello