Con frecuencia, la ciudadanía manifiesta su preocupación por los perros que vagan por las calles, muchos de ellos enfermos, invadidos por parásitos y en condiciones lamentables. Se trata de un problema que se ve en casi todas las ciudades del país, en particular en los principales núcleos urbanos, como ocurre en Osorno.

La Encuesta de Actitudes hacia el Medio Ambiente que previo a la pandemia realizó el Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, reveló un aumento en la preocupación de la ciudadanía por los perros abandonados. El estudio se efectuó para identificar la percepción de la población de grandes ciudades sobre la tenencia responsable de animales. La mayoría indicó que los perros abandonados son un problema importante que ha ido en aumento, mientras que los principales motivos de riesgo que ven son los ataques a las personas, la transmisión de enfermedades y la suciedad de los espacios públicos. A la vez, también hay preocupación por la caza de animales silvestres por parte de los perros abandonados en sectores rurales.

Con el fin de hacer frente a ese problema, los municipios han desarrollado planes de esterilización de perros y gatos -como sucede en Osorno- lo que permite ir acotando el número de animales en las calles. Es imperativo evitar su proliferación mediante estos programas y la habilitación de caniles para los casos más urgentes. Pero sobre todo, resulta fundamental que la ciudadanía comprenda que debe hacerse responsable de sus mascotas.

A la vez, está el problema que representa que personas vivan en la calle, con el agregado de que se hacen acompañar por perros.

Cuando en julio del año 2017 se promulgó la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito, se pensó que sería la solución para el problema de los animales abandonados. Aunque claramente ha constituido un avance, lo cierto es que persiste la alta presencia de perros vagando por los barrios y poblaciones de las ciudades, lo que obliga a que las autoridades municipales exploren más fórmulas que lleven tranquilidad a los peatones y dignidad a los animales que deambulan por la vía pública.

Durante las últimas semanas hemos observado diversas reacciones referidas a lo instruido por el Ministerio de Agricultura para que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) actúe, dando cumplimiento a la legislación vigente desde 1980 y que le obliga a constatar la correcta tramitación de cualquier subdivisión de terrenos rústicos y también requerir informes a las Seremis de Vivienda. Ello desea evitar que se generen nuevos núcleos urbanos no planificados en terrenos rurales.

Efectivamente, las parcelaciones y loteos pueden generar problemas con la real capacidad de abastecimiento de agua para bebida en el sector, la ausencia de alcantarillados, saturación de caminos, electricidad y otros servicios básicos. Además de perder terrenos aptos para el cultivo. La situación es preocupante, pero, ¿se soluciona tan sólo con regular y prohibir? ¿No habrá otras medidas que quizás ayuden?

Porque lo principal es el foco, y lo anterior es sólo el "síntoma" del problema. Interesante es ver qué motiva a un vendedor de terreno y también al comprador.

Por una parte, quien adquiere una parcela, ve una alternativa de poder vivir en un espacio amplio, con comodidades que no posee en la ciudad. No estamos seguros en el pago de contribuciones por esa propiedad, aunque la casa no sea la vivienda de un agricultor-ganadero de una parcela productiva. Y acá comienzan las contradicciones y saltan preguntas: ciertos sectores que desean restringir los derechos de agua, ¿solicitarán también derechos de agua para piscinas y riego de césped en viviendas de agrado en los campos?

Por otro lado, tenemos al dueño del terreno. ¿Impedir la venta de parcelas para fines habitacionales aumentará la producción de alimentos? No necesariamente. En Europa es un problema serio, ya que la baja rentabilidad de terrenos pequeños ha generado simplemente el abandono de propiedades.

Para que el productor, con una superficie pequeña, pueda hacer productivas esas tierras, debe poder contar con recursos del Estado para capital de trabajo e infraestructura o equipamiento. Pero para ello se requiere que el campo sea rentable. De lo contrario estaría contribuyendo a un mayor empobrecimiento de la población rural, sin salida y probablemente pagando enormes montos en contribuciones.

Si deseamos incentivar a los jóvenes para volver al campo, el problema de calidad de vida e ingresos desde el campo debe ser abordado con rapidez.

Sergio Willer Daniel, presidente del Directorio de la