Tasas de interés de 9,75%; dólar pisando los mil pesos; desempleo de 7,8% a nivel nacional; inflación que podría alcanzar el 11%, guerra en Ucrania; situación interna de inestabilidad. Los datos se repiten semana a semana y repercuten en la confianza de las personas y empresas; en la economía regional y del país.

¿Qué hacer desde la comunidad y las familias frente a este escenario, que se traduce en problemas básicos como aumento de precios? Además ¿cómo comprender el impacto local de decisiones oficiales del Banco Central y del gobierno, para regular la macroeconomía?

Algunas de esas consultas fueron abordadas por la académica de la Universidad San Sebastián, Constanza Caicha, en una entrevista en la cual explicó los sistemas de regulación, la forma en que opera la oferta y demanda de productos (tanto básicos como crediticios) y la necesidad tanto de priorizar el uso de recursos como de informarse antes de tomar acciones de inversión y compra, pues no se debe olvidar que el sistema funciona mejor en la medida que los usuarios y consumidores cuentan con más bases para tomar decisiones. Recordó también la conveniencia de reducir gastos, pues si bien las tasas de interés encarecen los préstamos (de consumo o hipotecarios); sí favorecen el ahorro.

En este contexto señaló que es positiva la entrega de aportes como el Bono de Invierno de 120 mil pesos, aprobado en el Congreso, y que llegarán a más de 7 millones y medio de personas, poniendo énfasis en aquellas de menores ingresos, a quienes golpea más fuertemente la inflación, entendida como disminución del salario real: alcanza para menos, aunque se mantenga en los mismos montos.

La docente también se refirió a la colaboración comunitaria para generar compras (citó el ejemplo de la red de abastecimiento de Valdivia) y la valoración de los productos locales, aportando para que la economía regional se sustente en el tiempo.

Reflexionar respecto de estos puntos es importante, pues las soluciones generales -coincide la mayoría de los analistas- no se ven tan cercanas y los desafíos cotidianos pueden enfrentarse de mejor manera con planificación adecuada.

Hoy día podemos entender el recurso de protección de manera transversal como una acción jurisdiccional destinada a proteger distintos derechos que señala la Constitución, cuando son amenazados, perturbados o privados.

Esta acción cautelar fue establecida por primera vez en el Acta Constitucional de 1976 y que hoy se contiene en el artículo 20 de la Constitución.

Los recursos de protección se interponen en las Cortes de Apelaciones respectiva, 17 en todo Chile, así ha funcionado por más de 40 años.

La ciudadanía conoce de manera generalizada que la afectación de derechos consagrados en la Constitución, puede hacerlos valer ante la Corte de Apelaciones, sin necesidad de un abogado, es decir, no es necesario que un ciudadano sepa siquiera distinguir las materias a fin de lograr protección.

Las numerosas modificaciones a nuestra Carta Magna, desde la vuelta a la democracia, no han hecho jamás ni un solo cambio en este mecanismo protector, pues existe aquiescencia de ser eficaz en el mundo jurídico.

El proyecto Constitucional modifica por completo el recurso de protección. Lo sustituye por una acción de tutela, que se debe interponer en los Juzgados de primera instancia, pero con distinción de materias, previa dictación de una ley, los recursos serán conocidos por un juez, en el actual son 3 jueces o ministros de Corte, los que deciden el asunto.

Art 119 nº1 del Proyecto Constitucional: "...podrá concurrir por si o por cualquiera en su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley".

Nº3: "Al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto".

Al tomarse una decisión del caso, dará paso a un nuevo proceso judicial, lo que evidentemente dilatará el asunto sometido a su conocimiento, pues lo reenvía a otro proceso judicial, primero el de decisión y el segundo de ejecución. Por otra parte, la disposición transitoria cuadragésima segunda, mantiene el recurso de protección vigente que conocemos hasta la dictación de la ley.

Cuesta tener herramientas jurídicas eficaces y rápidas, el recurso de protección en ejercicio lo es y ha pasado la prueba de la blancura por más de 40 años. Cuesta entender que se quiera eliminar algo que funciona bien y es eficaz en la protección de los derechos constitucionales.

Juan Bautista Gutiérrez, director Colegio Abogados Provincia de Osorno