Verónica Salgado

La Contraloría General estableció que no es competencia de los municipios informar sobre el plebiscito constituyente que se realizará el 4 de septiembre, donde la ciudadanía decidirá en las urnas si aprueban o rechazan implementar una nueva Constitución.

En la zona, el dictamen dado a conocer hace unos días vino a frenar el uso de recintos y bienes municipales para actividades vinculadas al referéndum, como diálogos, conversatorios, cabildos ciudadanos, charlas, entre otras. Esto significó la suspensión de eventos de carácter informativo ya programados por las propias casas edilicias, así como el préstamo de instalaciones para actividades políticas organizadas tanto por el comando del Apruebo como del Rechazo.

Lo instruido por el ente contralor causó la molestia de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que solicitó formalmente a la Contraloría rectificar el dictamen argumentando que la Ley Orgánica de Municipalidades detalla que dentro de las facultades de los municipios está la de educar e informar a la población sobre los procesos eleccionarios sin inducir de ninguna forma el voto o preferencia de las personas.

De cara al plebiscito de salida, el periodo de campaña oficial comenzó el pasado miércoles 6 de julio y, a diferencia de los procesos electorales anteriores, se permitirá el despliegue por medios de prensa y radio, brigadistas en la vía pública mediante porte de banderas, lienzos u otros elementos que identifiquen la opción o la entrega de material impreso e informativo. Además, en espacios privados previamente autorizados y validados en el Servel para la instalación de carteles, afiches o letreros, así como el uso de plataformas digitales. Todo esto hasta el jueves 1 de septiembre.

Paralelamente, con carácter informativo se realiza la campaña nacional "Chile Vota Informado" liderada por los ministerios Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia y Desarrollo Social y Familia, más la Dirección Administrativa de la Presidencia. Estos son los únicos organismos públicos autorizados para entregar información sobre el plebiscito constitucional, lo que también fue ratificado por la Contraloría.

Dictamen

El instructivo citado por la Contraloría precisa que las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas. Asimismo, indica que el artículo 62, números 3 y 4 de la anotada ley N°18.575, prescribe que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, emplear bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a lo institucional.

Bernardo Candia (DC), alcalde de San Juan de la Costa, explicó que acatarán lo instruido por la Contraloría y no realizarán ninguna actividad informativa relacionada con el plebiscito, tal como estaba programado.

"No se trata de inducir el voto de nadie, pero la realidad es que en comunas con mucha ruralidad, zonas aisladas, se hace necesario el despliegue territorial para entregar a las personas información en torno al proceso. Es lamentable, porque con la cantidad de cosas que circulan la gente necesita seriedad y es lo que los municipios damos; además en estas zonas no hay buena cobertura de internet e incluso se debe informar que el voto es obligatorio. Pero vamos a respetar como siempre a la Contraloría", comentó Candia.

María Jimena Núñez (UDI), alcaldesa de Puyehue, apuntó a la falta de igualdad al momento de aplicar la normativa, ya que muchas autoridades de gobierno realizan campaña, "eso en horario laboral y actividades públicas, donde llaman directamente al Apruebo. Acá se frenó, porque los municipios entregan información respecto al proceso y no cómo debe votar cada persona. Siempre los municipios estamos en la primera línea y nos endosan o quitan atribuciones de acuerdo a la conveniencia", dijo la alcaldesa.

Agregó que "no me parece que sea justo, porque además en el plebiscito del 2020 jugamos un rol clave informando a la comunidad del proceso. Pero vamos a respetar lo que indica Contraloría y aprovecho de decir que no toda la gente ha podido acceder al documento oficial, principalmente en zonas rurales, sería bueno que los ministerios y sus ministros encargados se preocupen de las zonas que no concentran grandes votaciones y llevar el documento hacia ellos", comentó Núñez.

Actividades

Dentro de las últimas actividades realizadas en torno al plebiscito estuvo la visita a la zona de Camila Vallejo, ministra Secretaria General de Gobierno, quien tuvo dos actividades en dependencias municipales de Osorno y Río Negro. Ambos casos fueron cuestionados por redes sociales y comandos del Apruebo, pese a que la ministra es una de las autoridades competentes, según Contraloría y la norma actual, para realizar difusión y comunicación del referéndum.

Sebastián Cruzat (RN), alcalde de Río Negro, explicó que la actividad de la ministra se enmarcó en una visita oficial de un jefe de cartera del Estado y se reunió con comunidades indígenas sin que existiera ningún llamado a votar por alguna de las opciones.

"Este proceso es bien ambiguo en cuanto a información, porque la libertad de acceso a ella también pasa por los organismos públicos que incluye las municipalidades. El objetivo debería ser llegar a todos los chilenos con la información del proceso y cómo se desarrollará. Eso no quiere decir que estamos diciendo por cuál opción votar. Vamos a respetar ese dictamen, porque no está en nuestro afán como administración comunal inducir el voto a ninguno de nuestros vecinos, pero sí nos gustaría que reciban la información correcta y documentos oficiales", indicó Cruzat.

Emeterio Carrillo (DC) alcalde de Osorno, se limitó a decir que en su rol de jefe comunal representa a todos los habitantes de Osorno y no sólo a un sector en específico, "no me voy a referir al pronunciamiento de Contraloría", dijo escuetamente.

El dictamen de Contraloría fue emitido luego de denuncias realizadas en el organismo contralor por la organización de cabildos, escuelas constituyentes y otras actividades realizadas en las instalaciones de las municipalidades de Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Temuco, Maipú, Cerrillos y Quilicura. En ellas participaron funcionarios públicos y municipales, además del uso de las instalaciones, personal y patrimonio municipal en pos de una actividad política. Todos están con sumarios y procedimientos sancionatorios en curso.