No había pasado un mes desde que fue nombrado como futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, en enero pasado, y el aún senador Carlos Montes recibía una de las mochilas más grandes del plan del Gobierno que comenzaría en dos meses: construir en cuatro años una buena cantidad de viviendas dignas para comenzar a reducir el déficit de habitacional en Chile, que se disparó sobre los 600 mil hogares.
La promesa del Presidente Gabriel Boric es construir 260 mil viviendas durante sus cuatro años de mandato. No cubrirá ni la mitad del déficit, pero así y todo es un desafío ambicioso al que se han añadido una guerra, una incipiente crisis alimentaria, otra de suministros, inflación, una posible recesión mundial y la incertidumbre política.
Montes, que presidió la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por 12 años y que desde 2020 hizo lo propio en el Senado, presentará hoy de manera oficial del Plan Nacional de Emergencia Habitacional que le encargó Boric y adelantó a este medio lineamientos y obstáculos de una política que se financiará en su totalidad con 341 millones de UF como inversión.
El jefe del Minvu reitera que "Chile vive una emergencia habitacional seria, compleja", y dice que no se superará solo con recursos y limitando el nivel de burocracia en el sector, sino que además "es necesario articular mucha voluntad política para enfrentarla".
Montes afirma que dos tercios del actual déficit de vivienda en Chile son previos al estallido social, a la pandemia y al fenómeno de la migración.
Asegura, además, que "la meta del programa es lo posible, es lo razonable", y destaca que es lo asumió como "un tema de derechos humanos", con perspectiva de género, de forma descentralizada y participativa.
El marco para este plan lo otorga la Ley de integración social en la planificación urbana, gestión del suelo y plan de emergencia habitacional, que obliga al Minvu a informar al Congreso con detalle, a nivel regional y comunal, el déficit local de viviendas y la demanda, "especialmente de las familias prioritarias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población", y la estrategia para llegar a la vivienda digna.
Montes señala que esta se ha diversificado en viviendas del Fondo Solidario, 70 mil; viviendas de integración social, 70 mil; rural, 20 mil; pequeños condominios, 4 mil; viviendas municipales, 6 mil; viviendas para trabajadores de empresas, 16 mil; viviendas Serviu edificación directa, 28.000; autoconstrucción, 6 mil; arriendo, 20 mil; y radicación de campamentos 20 mil viviendas más.
Déficit, FF.AA., TOMAS
De las 600 mil familias sin vivienda en Chile, 81.643 habitan en campamentos (12,3% del déficit), y la mayoría de los comités suelen tener entre 10 y 15 años de espera después de postular, dice Montes, quien reconoce que "hay cosas muy lentas" y se deben agilizar trámites.
Con la Ley de Integración Social, los proyectos habitacionales pasan a ser prioritarios y, al menos en el papel, debería ayudar a reducir la burocracia, especialmente en la entrega de permisos o recepción de obras.
Montes explica que la diversificación obedece a que los problemas son varios y distintos según región. Por ejemplo, "la vivienda rural no está resultando adecuadamente en las regiones, faltan empresas que lleguen allá a construir".
El plan busca "que los municipios tengan viviendas de su propiedad", reponer un programa que estaba interrumpido, como la postulación para trabajadores de empresas "y que el Serviu vuelva a construir viviendas directamente".
Se añade el "arriendo justo" o sin fines de lucro, pero restan escollos difíciles, como el déficit de hectáreas para construir que existe en Chile, que es de 1.300 ("tenemos aproximadamente 2.200 resueltas", asegura el ministro), que debe comenzar a menguar con "aportes de empresas del Estado, Fuerzas Armadas que tienen terrenos adecuados para estos fines y compra de terreno en distintas partes. Esto hay que lograrlo con mucha inteligencia", apunta el jefe de cartera y agrega que "donde no hay terreno público, hay que comprar, expropiar".
Según Montes, hay además 300 campamentos en condiciones de erradicarse en el país y que 25 mil familias que viven en tomas deberían poder postular a una vivienda en este período.
Otro fenómeno complejo, indica, es la subdivisión de terrenos agrículas para parcelas de agrado, "un modelo muy malo" que "ha generado distorsiones (...) Hay personas que están comprando parcelas de agrado y subdividiendo y vendiendo lotes de terrenos vírgenes en Aysén. Esto tiene un efecto no central sobre el plan, pero sí sobre el desarrollo urbano de nuestras ciudades".
Otra barrera a sortear es el aumento en el precio de materiales de la construcción, empujado por el alza del dólar y del costo del transporte, "que tiene efecto directo en muchos insumos. Pero esperamos que no siga subiendo", dice el ministro, aunque advierte que "las noticias sobre inflación son malas para la construcción y sobre todo para el crédito".
