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Armas en poder de civiles
El actual gobierno se encuentra en campaña para desarmar a los civiles, lo que creo es un error gigante. Los civiles que tienen armas las tienen para su defensa, defender a los suyos y defender sus propios bienes, es decir, hacer lo que se llama legítima defensa.
Ahora de forma errónea se dice que estas armas llegan a poder de delincuentes, y que cuando son víctimas de delincuentes estos las sustraen. Ello a veces sucede, pero no creo en un porcentaje superior a 5%, es decir, los delincuentes no se proveen de armas de esta forma. Por lo tanto, el Gobierno debiera preocuparse de desarmar a los delincuentes, establecer por qué medio llegan estas armas.
Se sabe que a veces entran por vía marítima, aérea y terrestre, e incluso desarmadas y al interior de especies electrónicas. A ese respecto, la PDI ha detectado casos y, por cierto, ha trabajado en conjunto con otras instituciones.
Pienso que el problema no está en que los civiles tengan armas, su uso es restringido y ni siquiera pueden portar sus armas, salvo algunas y mínimas excepciones.
La complejidad, y muy grave, está en tener una delincuencia fuertemente armada, y contrario a ello, una policía generalmente impedida de actuar, muchas veces con armas de menor calibre o calidad que la que poseen los delincuentes, y chalecos antibalas para determinada protección e ineficiente para otra.
Ahora es claro que el policía muchas veces teme actuar, si lo hace, problemas, si no lo hace, igualmente problemas. Por eso es bueno que se hable de uso racional de las armas y no sólo de proporcionalidad, que se permita ante una amenaza y que puede ser individual o grupal, usar sus armas haciendo uso de la legítima defensa. Eso que deben disparar después que se les dispara es utópico, y ello la Fiscalía y la justicia lo debe entender.
Además, no hay leyes claras, el Ejecutivo debe proponerlas y el Legislativo, aprobarlas.
Alberto Contreras Silva
¿Amenaza u oportunidad?
Luego de que la FED anunciara un alza en 75 puntos, con un crecimiento del PIB de Estados Unidos de 1,7% este año y una inflación que podría empezar a bajar dentro de dos años, las cosas en Chile no pintan para bien. Al menos, no para todos. Así como en el país del norte buscan la manera de controlar la inflación, nuestro país ha hecho lo suyo para mantenerla a raya.
Cuando el escenario económico se vuelve complejo para nuestros socios comerciales, los efectos no tardan en hacerse sentir. Un alza del precio del dólar considerable pone en riesgo los planes de muchos, pero también hace más atractivos los bonos en Estados Unidos, lo que debería aumentar esa demanda. Además, en Chile, se suma la incertidumbre jurídica que trajo el proceso constitucional.
La medida adoptada por la Reserva Federal de Estados Unidos, sin duda, será un problema para quienes importan o compran productos importados; el combustible también podría continuar su tendencia alcista y lo mismo podría suceder con el precio de la energía. Y es que Chile depende muchísimo del exterior y, por lo mismo, el efecto ya se ve en la Bolsa de Comercio.
Pero cuando caen los precios de las acciones, tanto en Estados Unidos como en Chile, la inversión en bonos se hace más atractiva. Ahora, si las acciones caen los fondos más riesgosos de AFP, como son A, B, C, pierden rentabilidad. ¿Pensar en viajar? Difícil, porque los vuelos y las estadías seguirán encareciéndose. El petróleo sube y, por supuesto, las aerolíneas traspasan el golpe a los pasajeros.
Sin embargo, aunque todo este panorama se vea negro, también se abren oportunidades, especialmente, para quienes fueron previsores y conformaron un colchón financiero para la época de vacas flacas. Con algo de dinero en el bolsillo y un horizonte de inversión a largo plazo, invertir en la bolsa es mucho más conveniente. Es hora de aprovechar la oferta.
Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual
Suspicaz...
¿Estaré siendo muy suspicaz al pensar que la idea del Presidente Boric de enviar un proyecto de ley para prohibir totalmente la tenencia de armas por civiles está inspirada en el postulado 10 del "Decálogo de Lenin" -conocido como "Manual para tomar el control de una sociedad"- que reza "Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa" o en el número 10 del "Decálogo del joven socialista" de Santiago Carrillo que dice "Ármate tú, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo"?.
Adolfo Paúl Latorre
¿Pensar en una tercera vía?
Ya se conoce la propuesta final de la Convención Constitucional. Para algunos sectores, esta propuesta debe ser aprobada sólo porque ha emanado de un órgano democrático. Esta postura se encuentra amparada en la consigna "enterrar la Constitución de Pinochet".
Otros consideran que el contenido de esta propuesta constitucional es imperioso para llevar a cabo transformaciones que permitan hacer de Chile un país más justo. Por otro lado, hay quienes piensan que el texto constitucional vigente (Constitución de 1980 con sus modificaciones), ha permitido lograr importantes avances que han llevado a Chile a las puertas del desarrollo.
Finalmente, están los que consideran que Chile sí necesita una nueva Constitución, pero se han decepcionado del trabajo de la Convención.
En este contexto, algunos sectores políticos y académicos se han mostrado partidarios de buscar una tercera vía para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. ¿Es posible?
Esta vía no se encuentra contemplada expresamente en el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" ni en la institucionalidad constitucional que ha permitido la instalación y desarrollo de nuestro proceso constituyente.
Sin embargo, considero que los días de la Constitución vigente están contados. El 78,28% de los que votaron apruebo decidieron que quería un nuevo texto constitucional. Por eso, un eventual triunfo del "rechazo" no debe ser interpretado como una validación de la Constitución actual, sino sólo como el rechazo a una propuesta que no cumple con uno de sus objetivos políticos esenciales: unir a Chile.
Jorge Astudillo Muñoz, académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar