El pleno de la Convención Constitucional votó ayer el segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias en el que se aprobaron medidas que han sido polémicas, como el quorum para las reformas a la Carta Fundamental que pretenda realizar el actual Congreso y el fin del Senado en ejercicio en marzo de 2026, sin importar cuándo hayan sido elegidos sus miembros.

La primera de estas disposiciones, aprobada por 106 votos a favor, es decir tres más que el mínimo requerido, establece que "hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional se requerirá el voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado".

El texto visado además plantea que "los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente los capítulos de Naturaleza y Medioambiente y de Disposiciones Transitorias deberán ser sometidos a un referéndum ratificatorio de reforma constitucional. Si el proyecto de reforma es aprobado por dos tercios de las y los integrantes de ambas Cámaras, no será sometido a dicho referéndum".

La otra norma aprobada pese a que ha generado controversia es la que pone fin al periodo de todos los actuales senadores en marzo de 2026, a pesar de que cerca de la mitad de ellos asumió su cargo hace tres meses y fue elegida por ocho años.

Esta disposición, que generó el rechazo transversal de casi todos los actuales integrantes del Senado, es consecuencia del fin de esta corporación para dar paso a la Cámara de las Regiones, cuya composición se determinará en la elección parlamentaria de 2025, cuando los integrantes tanto de esta nueva instancia como el Congreso de Diputadas y Diputados serán renovados por completo y los actuales senadores podrán ser candidatos para cualquiera de ellas y se les contará como su primer periodo.

Tras lo aprobado ayer quedaron abiertas dos opciones para que el Senado no deje de existir. La primera es que gane el Rechazo a la nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre y la segunda es que el actual Congreso lo modifique con un quorum de dos tercios o uno de cuatro séptimos más plebiscito ratificatorio.

Tribunal constitucional

También fue aprobada la norma que establece que el proceso de cese de funciones del Tribunal Constitucional (TC) para dar paso a la Corte Constitucional.

El texto visado por 110 votos a favor dice que "el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas. Todos los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en el Tribunal Constitucional deberán ser conocidos, tramitados y fallados dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. Al término del plazo señalado o terminada la tramitación de dichas causas, el TC cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho".

Derechos de aguas

Respecto de los derechos de aguas, fue aprobado el artículo que establece que "con la entrada en vigencia de esta Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua".

A esto se añadió que "la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución".

La Cámara de Diputadas y Diputados, en primera instancia, y anoche el Senado, aprobaron una nueva prórroga del estado de emergencia "acotado" en la Macrozona Sur, luego de que el Gobierno solicitara por primera vez este aumento del plazo que ya cumple un mes.

Con 39 votos a favor, dos abstenciones y el voto en contra de Fabiola Campillai, anoche a las 21.15 horas el Senado confirmó dar curso a otros 15 días bajo este estado de excepción constitucional que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Región de La Araucanía completa y las provincias de Arauco y Biobío, para evitar que hechos de violencia en las rutas y vías pongan en peligro a trabajadores, impiden el libre tránsito, alteran el orden público u obstaculizan las cadenas de suministros.

La medida regirá desde mañana 16 de junio.

Durante la mañana, la ministra del Interior, Izkia Siches, había afirmado que el Gobierno está "utilizando los instrumentos que la Constitución le permite al Presidente de la República. El debate no es si es acotado o no acotado; semana a semana, todos los jueves en conjunto con la ministra de Defensa (Maya Fernández) y todo los instrumentos técnicos, estamos evaluando el despliegue del mismo".

"Hasta la fecha, el mecanismo más estratégico es con los puntos, los checkpoints, y también las evaluaciones de respuesta rápida para recurrir a los distintos eventos y asegurar la llegada del Estado y el desarrollo del Plan Buen Vivir en esta zona", enfatizó la jefa de gabinete.

La propuesta recibió finalmente 126 votos a favor, siete en contra y nueve abstenciones, y llamó la atención que todos los sufragios en contra fueron de representantes cercanos al Gobierno o de izquierda: Jaime Araya (PPD), María Candelaria Acevedo (PC), Félix González (Ecologista Verde), Pamela Jiles (AH), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC) y Clara Sagardía (CS).

Araya apuntó que en las últimas semanas se ha reportado que "hay seis o siete alcaldes que han sido amenazados de muerte; hay fiscales que están haciendo cursos de autodefensa; hay personas que fueron asesinadas durante la vigencia del estado de excepción. Desde ese punto de vista, siendo la aplicación acotada, me parece que mejor no se utilice la herramienta, y por eso mi voto es en contra, porque si no se van a hacer las cosas como corresponde, mejor no las hagamos a medias".