Redacción

La comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional aprobó ayer la creación de una comisión Territorial Indígena que trabaje mecanismos para restitución de tierras, idea que luego deberá ser discutida por el pleno. Además, en Medio Ambiente se rechazó nacionalizar la minería.

Con 22 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, se incluyó en las normas transitorias de la nueva Carta Magna que, en caso de ser aprobada, en un año desde su entrada en vigencia, el Presidente creará por decreto la Comisión Territorial Indígena, a la que le garantizará financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa.

El organismo funcionará durante ocho años, renovables por cuatro años adicionales, y buscará "elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes".

La instancia, asimismo, estará compuesta por miembros de los pueblos indígenas elegidos por sus organizaciones, representantes del Estado y "personas de reconocida idoneidad", nombrados por el Presidente.

La propuesta aún debe ser ratificada por el pleno, donde necesitará los 2/3 el quórum para entrar en el borrador.

Minería y agua

La comisión de Medio Ambiente rechazó ayer la nacionalización de las empresas mineras, aunque dio el visto bueno, por 25 votos a favor, uno en contra y una abstención que "la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del cobre en virtud de la nacionalización prescrita".

Asimismo fue aprobado que "los hidrocarburos líquidos y gaseosos y el litio, no serán susceptibles de concesión minera, y su aprovechamiento continuará haciéndose en la forma contemplada por el artículo 8° del Código de Minería en vigor a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución".

En cuanto a los derechos de agua "otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución", obtuvo 25 votos, por lo cual también será revisado por el pleno, al igual que la DGA o la Agencia Nacional de Aguas, "de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia", hará el proceso de redistribución de caudales de las cuencas.

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, dijo ayer que, tras una reunión en La Moneda, "hay una buena noticia: el ministro (de la Segpres, Giorgio) Jackson nos confirma a las bancadas oficialistas que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta de imponerle al Congreso 2/3 (de quorum) durante los primeros años para hacer reformas constitucionales", como aprobó el jueves la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional.

Aún falta que esta idea sea votada por el pleno de la Convención, donde también se evalúa la idea de restablecer el quorum de 4/7 hasta 2026.

El parlamentario explicó que los dos tercios "no están en la propuesta original que el Gobierno hizo a la Convención" a través de un informe que hizo llegar a Antofagasta la semana pasada, por lo que, al igual que su partido, no comparte esta idea "que ayer defendió con harta vehemencia el constitucionalista Fernando Atria (Frente Amplio)".

El senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), confirmó que el Gobierno "les manifestó a los constituyentes que no eran partidarios de este quorum de dos tercios para este período parlamentario y que más bien los quorum se implementarán ahora".

"Creo que se ha armado mucha alharaca, mucha polémica de algo que se aprobó en la Comisión, pero que todavía no se aprueba en el pleno y que incluso muchos dicen que probablemente se va a caer en el pleno", advirtió.

Mirosevic cerró con que "no es una trampa", como señaló Atria, sino que "es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella".

Hace unos días vi un breve video donde Mariana Aylwin hace algunos comentarios sobre el borrador de nueva Constitución. En él se centra en el tema al que ha dedicado su vida: la educación. En su análisis hacía ver que en los cuatro artículos que tratan sobre educación se habla catorce veces del Estado y apenas una de los padres y madres.

Ese desbalance me parece francamente ofensivo.

¿Realmente pensó la mayoría de nuestros convencionales que el papel de los padres en la educación de sus hijos es tan irrelevante? ¿No fueron conscientes de que nuestro Estado hoy no logra ni siquiera mantener la seguridad en los liceos emblemáticos, en nuestras calles o en la Araucanía y, a pesar de eso, se dan el lujo de despreciar la iniciativa y creatividad de la sociedad civil en un campo tan importante como la educación?

Me parece que la explicación para este enfoque es relativamente sencilla. Uno puede construir un modelo educativo pensando en los ciudadanos normales o hacerlo teniendo en cuenta los casos patológicos. En el primer supuesto, lo hará sobre la base de la confianza y le dará un peso decisivo a las decisiones de los padres, sea que vivan juntos o que estemos en presencia de estructuras familiares monoparentales. En principio, nadie sabe mejor que ellos qué es lo mejor para sus hijos. Sin embargo, aquí no se habla de un derecho preferente de los padres en la materia.

No basta con decir en abstracto que los padres tienen la libertad de elegir para sus hijos "el tipo de educación", si luego todo el sistema se estructura en torno a una educación estatal y laica, y se deja en una situación muy precaria a la educación particular subvencionada. Esta solución sólo puede significar que se parte de otro modelo, el de la desconfianza, y se piensa que, en el fondo, los padres son un obstáculo para la educación de sus hijos.

Es curioso, por ejemplo, que solo se hable de la "autonomía progresiva" de los hijos a propósito de los padres y no del resto de los agentes educativos. Cualquier papá y mamá sabe que lo que hace es, en el fondo, preparar a sus hijos para esa autonomía. Hay padres posesivos, pero no vamos a construir todo nuestro sistema educativo apoyados en ese supuesto.

La desconfianza en los padres se ve en el mismo uso de la expresión "laico" para referirse al carácter de la educación estatal, que es muy ambiguo (todo el borrador está repleto de ambigüedades). Si quiere decir simplemente "no confesional" eso no ofrece ningún problema y podrían haberlo dicho así: a nadie se le ocurre que las escuelas estatales deban enseñar una única religión. Pero a lo mejor lo que se pretende es que la educación pública proceda como si, para los padres, fuera totalmente irrelevante que sus hijos reciban una instrucción religiosa de acuerdo con sus convicciones. Eso ya no sería una educación "laica", sino "laicista", lo que no constituye precisamente una muestra de neutralidad, sino que compromete al Estado en una determinada comprensión, muy negativa, del hecho religioso. En cambio, no duda en exigir el "enfoque de género", que es una filosofía muy determinada, que además no tiene nada de neutral.

Por mucho que haya crecido en Chile el fenómeno de la increencia, no hay que olvidar que la mayoría de nuestros conciudadanos adhiere a una religión. Por eso, lo mejor sería que la educación pública estuviera abierta a las distintas posibilidades -es decir, recibir o no clases de religión-, según los padres elijan. Y esto no queda asegurado en el borrador.

Otra observación que hacía Mariana Aylwin parece un detalle irrelevante, pero quizá sea elocuente. Este borrador ya no habla de "hijos", sino de "personas a su cargo". Este lenguaje burocrático puede ser sólo un desliz lingüístico, en el afán de tantos convencionales por cambiarlo todo. Sin embargo, también hay una posibilidad más inquietante: que ellos entiendan el sistema educacional chileno, desde el jardín infantil hasta 4º medio, bajo los parámetros de un gran Sename.