Sergio Silva Vásquez

Un veredicto condenatorio recibió un trabajador de la construcción domiciliado en Río Negro, quien fue acusado del delito de violación cometido en contra de una joven de 27 años, de nacionalidad haitiana. El hecho ocurrió el año 2018 en el inmueble del acusado, identificado como Reinaldo Navarro de 46 años.

Por unanimidad los jueces del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

La víctima, hoy de 31 años, según la investigación de la Fiscalía había llegado a Chile el 21 de enero del 2018 desde Puerto Príncipe (Haití), viaje que lo realizó con la ayuda de una tía que vive en Estados Unidos, con la esperanza de poder tener una mejor situación económica, ya que sus expectativas eran trabajar y residir en nuestro país.

El agresor, que tenía como colegas unos ciudadanos haitianos, supo que la joven buscaba trabajo y le comentó a uno de ellos que necesitaba una persona para cuidar a una adulta mayor postrada.

Esta noticia le fue retransmitida a la víctima, quien viajó a Osorno donde se contactó con sus amigos y su supuesto "empleador", quien la llevó hasta su casa en Río Negro.

Ataque sexual

Aprovechando que estaban solo en la vivienda, el hombre la tomó por la fuerza y la lanzó a la cama donde procedió a cometer la violación.

Si bien el Ministerio público solicitó 10 años, el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno (TOP) lo sentenció a cumplir una pena efectiva de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo.

El fiscal Daniel Alvarado logró acreditar la participación del hombre en el ataque ocurrido la tarde del 29 de enero del 2018.

"Él logra que ella, de 27 años a la fecha del hecho, fuera a su domicilio en Río Negro con el engaño de cuidar a una persona de la tercera edad, quien sería la abuela del imputado, cuestión que no era efectiva. Ya en la casa del acusado, éste uso la fuerza y la intimidación para materializar la violación", detalló el abogado.

La víctima fue dejada por el sentenciado en un paradero de la locomoción colectiva de Río Negro, y logró contactar a sus amigos a quienes les mandó imágenes del lugar donde estaba, lo que permitió por intermedio de la policía su ubicación.

Ella relató en idioma creole lo que le había pasado, dando inicio así a la investigación que no estuvo exenta de problemas.

Idioma y traducción

Si bien se contaba con los testimonios de la víctima y de sus amigos que fueron los que reforzaron la denuncia, con el correr de los días la joven dejó la zona y luego el país. La Fiscalía consiguió contactarla cuando estaba en Tijuana (México), debido a que planeaba cruzar hacia Estados Unidos.

"Esta causa tuvo su dificulta adicional, que ella (víctima) a raíz de la inestabilidad migratoria en la que estaba en Chile, se fue del país rumbo a Estados Unidos y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía logró ubicarla en Tijuana. Se logró que viajara al consulado chileno en ese país, donde pudimos mediante intérprete su declaración anticipada para el juicio, lo que ayudó a reforzar las pruebas para acreditar los hechos", añadió el fiscal.

Alvarado sostuvo que fue un caso complejo por el tema del idioma y la vulnerabilidad de la víctima, junto a la ausencia de redes de apoyo.

Dado que la víctima y algunos testigos presentaban poco o nulo manejo del castellano, el tribunal gestionó -con la colaboración de la Corporación Administrativa del Poder Judicial- la implementación de un servicio de traducción en línea.

"Prestaron testimonio mediante la modalidad de videoconferencia, desde otros tribunal fuera de la jurisdicción, incluso la víctima declaró desde el consulado chileno en México, país en el que actualmente reside, donde tuvo el apoyo del traductor durante su declaración. Así aseguramos que todos tuvieran el derecho a la igualdad de condiciones para comparecer en el juicio, evitando que el idioma sea una barrera para acceder a la justicia" expresó la magistrada del TOP de Osorno y presidenta de la sala, María Soledad Santana.

La jueza señaló, además, que esta herramienta impulsada por el Poder Judicial, existe desde 2016, pero es la primera vez que se ven en la necesidad de usarla en Osorno.

"En esta causa la barrera idiomática era un factor que podía dificultar la comprensión de las preguntas o la entrega de la información que los propios testigos debían realizar durante el juicio", apuntó.

De esta forma se resguardó el derecho de las personas a conocer, entender y responder lo que se aborda en el tribunal, con pleno entendimiento de las consecuencias o implicancias de lo planteado por la Defensa, Fiscalía y jueces, intervinientes.

"Pudimos mediante intérprete lograr su declaración anticipada para el juicio, lo que ayudó a reforzar las pruebas para acreditar los hechos"

Daniel Alvarado, Fiscal jefe de Río Negro

2018 en enero de ese año ocurrió la violación a la joven cuando ella tenía 27 años de edad.