Redacción

Poco antes del mediodía de ayer se informó la muerte de Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 de La Victoria que había sido baleada mientras cubría la marcha alternativa de la Central Clasista de Trabajadores el pasado 1 de mayo, en la comuna de Estación Central.

Sandoval fue víctima de disparos en el barrio Meiggs en medio de un enfrentamiento armado entre descolgados y un grupo de comerciantes ambulantes del sector. Ese día más de una decena de personas efectuó disparos y el que mató a la reportera está atribuido a Mario Naranjo, quien permanece en prisión preventiva y será reformalizado por la Fiscalía, que ahora lo imputará por homicidio consumado.

El deceso de la mujer de 29 años fue dado a conocer por Señal 3 a través de Twitter: "Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad".

Luego, el jefe de la UCI de la ex Posta Central, Daniel Rodríguez, dijo que "es un momento triste para todos. Tristemente Francisca falleció después de una lucha larga, ardua. Dio una fuerte batalla por casi 12 días".

Conocida la noticia, el Presidente Gabriel Boric escribió en sus redes sociales que "la violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad".

La ministra Izkia Siches planteó que "nadie sale a la calle esperando que a un hijo le pase algo como esto. Se requiere la voluntad de distintos sectores para que personas como Francisca no terminen, lamentablemente, falleciendo"; y el subsecretario Eduardo Vergara pidió el aporte de todos "para prevenir el delito".

Reacciones políticas

Este suceso llegó incluso a la prensa internacional, donde por ejemplo la agencia Efe se calificó a Francisca como "la primera periodista asesinada en Chile en democracia".

En el país, el senador Matías Walker (DC) afirmó que "todos debemos acudir al gran acuerdo nacional por la seguridad al que ha convocado el Presidente". Su par independiente Fabiola Campillai, presente en la ex Posta Central, pidió "que no haya más impunidad".

El alcalde Daniel Jadue (PC) expresó que "nos llenamos de dolor y de impotencia frente a este crimen" y el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que "este Gobierno hoy día tiene que ser más duro que nunca, porque lo que pasó con Francisca se está replicando en muchas partes de nuestro país".

Un día después de que el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Luis Penchuleo, afirmara que "las forestales son parte del problema" de la violencia en la Macrozona Sur, la ministra del Interior, Izkia Siches, abordó el conflicto que se vive en dichas regiones.

En entrevista con radio Pudahuel, la jefa de gabinete afirmó que "nosotros creemos que hoy hay un conflicto territorial. Hay distintos grupos, gente que es mayoritariamente muy pacífica, pero otra gente que se ha agotado del sistema, donde han existido por los distintos gobiernos muchos compromisos incumplidos. Promesas, promesas, promesas".

"El otro día alguien se acordaba de que cuando hacemos publicidad como país, ahí nos acordamos de todos nuestros pueblos originarios. Cuando nos conviene nos encantan nuestros pueblos originarios, pero cuando vamos a hacer políticas públicas estamos muy al debe. Y tenemos mucho que aprender de los países que han logrado la paz", aseguró la secretaria de Estado.

"Esto no es algo inmediato, pero queremos partir decididamente esa senda de buscar los temas de origen. No queremos víctimas ni mapuche ni no mapuche, (queremos) proteger a nuestros carabineros y a las comunidades", añadió Siches.

La ministra explicó que "en el sistema que tenemos de entrega de tierras de Conadi, hay procedimientos que duran más de 10, 15, 20 años desde que se inician los primeros criterios de aplicabilidad. Ese sistema no responde a las urgencias para dar las soluciones políticas".

Según sostuvo, "hay mucha gente que está disponible, incluyendo las forestales, a vender territorios, entregar, pero la capacidad del Estado de gestionar estas soluciones políticas ha sido muy lenta. Ahí tenemos que hacernos como sistema establecido una autocrítica también de que no hemos llegado a tiempo y esto ha agudizado las contradicciones".

Un nuevo flanco de conflicto interno se abrió en el oficialismo luego de que el Partido Socialista expresara formalmente en La Moneda su apoyo a la propuesta del Gobierno que busca establecer un "estado intermedio" para enfrentar situaciones como la que se vive en la Macrozona Sur, sin tener que recurrir a los estados de excepción constitucional existentes actualmente.

La posición del PS discrepa de la que hasta ayer habían asumido los otros colectivos del bloque de Gobierno, reunidos en Apruebo Dignidad, especialmente la del Partido Comunista, que se negaba a aceptar cualquier opción que implicara tener a las Fuerzas Armadas como responsables de las labores de orden público.

Tras la cita de ayer, el senador José Miguel Insulza dijo que "este es un tema de primera prioridad y en el que hay que trabajar unidos. A nosotros nos importa es que las fuerzas del Gobierno muestren un rostro unido apoyando al Gobierno".

El jefe de bancada de diputados, Marcos Ilabaca, agregó que "se debe abordar con mano firme la situación que vive la gente en la Araucanía y el Gobierno tiene que utilizar todas las herramientas legales que la ley y la Constitución hoy le entregan".

El también diputado Leonardo Soto fue duro con el PC: "Ninguna fuerza política tiene derecho a atar de manos al Gobierno cuando quiere enfrentar la violencia y todos debemos ponernos a disposición".

A nombre del PC, la diputada Karol Cariola planteó que "no tenemos una reticencia, queremos contribuir a encontrar una solución. Hemos dicho con mucha claridad que lo estamos analizando y vamos a dar una opinión respecto de cómo vamos a votar en el momento en que tengamos una decisión tomada".

En cuanto a cuáles son las dudas que mantienen, recordó que son "preocupaciones respecto del rol particular que puedan llegar a tener las FF.AA. Es una discusión que ya hemos dado, porque las FF.AA. no tienen todas las herramientas para hacerse cargo de la seguridad pública".