Brayan Miranda

Un total de 18.105 familias no cuentan con una vivienda en la Región de Los Lagos. Así lo establece el resultado de un estudio elaborado por Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que concluye que el déficit habitacional bordea las 640 mil viviendas a nivel nacional.

En cuanto a Los Lagos, se indica que representa el 2,8% de la necesidad total del país.

De acuerdo a la investigación, en la actualidad se vive una crisis en esta materia, la mayor de las últimas décadas.

Además, identifica entre las causas el fuerte impacto económico que ha generado la pandemia del covid-19, la cual llegó a nuestro país hace más de dos años.

Factores

El coronavirus no ha sido el único factor que ha generado este problema en cuanto a disponibilidad de viviendas.

Ello, porque el estudio identifica el alza de los créditos hipotecarios, así como el incremento de los precios en los materiales y finalmente el aumento en los arriendos, que ha complicado a miles de familias, obligándolas a vivir de allegadas, hacinadas o en campamentos.

Al respecto, el informe señala que a nivel país, 84,4% de las familias afectadas deben estar de allegados, hacinados o poseen viviendas irrecuperables, mientras que un 12,7% representa a quienes viven en campamentos y el 2,9% a personas en situación de calle.

En esta región, las cifras dan cuenta de que de las 18.105, las familias allegadas, hacinadas o en viviendas irrecuperables representan un 81,5%, mientras que aquellas que viven en campamentos bordean el 15% y en situación de calle alcanzan el 3,5%.

"Obsoletas"

A la hora del análisis respecto al resultado de este estudio, el seremi de Vivienda, Fabián Nail, señaló que "las cifras oficiales respecto sobre la necesidad habitacional la entregan herramientas como la Encuesta Casen 2020".

Sin embargo, estima que sus estimaciones, en esta materia, "están obsoletas, tras el estallido social y la pandemia".

Además, a este inconveniente, suma "el fenómeno de la migración, por cuanto ayudó a elevar la cifra de campamentos".

Ante esto, señala que el gobierno del Presidente Gabriel Boric es claro respecto a la vivienda. "Vamos a trabajar con mucho rigor, pero también con realismo".

En la misma línea, Nail menciona que el ministro de esta cartera, Carlos Montes y la subsecretaria, Tatiana Rojas, han propuesto el diseño de un Plan de Emergencia Habitacional para los próximos cuatro años, mediante la construcción de 260 mil viviendas.

"La tarea es gestionar suelo público que nos permita aumentar la capacidad de viviendas a construir en zonas con mejor equipamiento, así como también fomentar los programas de arriendo, puesto que constituyen un camino hacia la propiedad propia", detalló.

Junto con ello, sostiene que otro de los objetivos a impulsar es el efectuar cambios en la política habitacional en materias de desarrollo urbano.

"Las ciudades necesariamente requieren una mejor planificación, especialmente en un período posterior a la pandemia donde tendremos un mayor desorden territorial", concluyó Nail.

640 mil viviendas es el déficit que existe a nivel nacional, según el estudio realizado por Déficit Cero y la UC.

2020 es el año en que llegó la pandemia del covid-19 a nuestro país, impactando en el acceso de las familias a la casa propia.

Para junio próximo fue reagendado el inicio del juicio oral en contra de dos ex funcionarios del Hospital Juan Morey de La Unión, quienes están acusados por el delito de malversación de caudales públicos de dicho establecimiento de salud, por un monto cercano a los 1.500 millones de pesos.

Así lo informó el fiscal de La Unión, Raúl Suárez, quien explicó que "este viernes se llevó a efecto la audiencia en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, a propósito de la causa que investiga Fiscalía y que tiene juicio oral por delito de malversación de caudales públicos, respecto del Hospital de La Unión".

"La audiencia tenía por objeto reagendar el juicio que estaba programado para este lunes 9 de mayo, atendida la licencia médica de uno de los defensores particulares de los imputados. Lo que se resolvió fue fijar una nueva fecha, quedando para el 9 de junio del año en curso a las 9 horas, con una programación total de ocho días de duración de este juicio", complementó.

Antecedentes

Los acusados por el delito de malversación son el ex subdirector administrativo del Hospital de La Unión, José Martínez Escalona; y el ex jefe del subdepartamento de Contabilidad, Andrés Carrasco Solís, quienes utilizaron las facultades que les otorgaban su cargos para robar cerca de 1.500 millones de pesos.

La Fiscalía solicita que ambos acusados sean sentenciados a cumplir una pena de 15 años de presidio.

Tanto la Multigremial de Los Ríos como la Multigremial del Sur rechazaron públicamente un nuevo episodio de ocupación registrado durante la jornada del sábado en el Fundo El Roble, ubicado en el sector de Ponhuipa, comuna de Río Bueno.

En la oportunidad, un grupo cercano a las 30 personas, quienes pertenecerían a la comunidad Juan de Dios Máfil, ingresó al predio agrícola para realizar una rogativa huilliche.

Al lugar acudió personal de Carabineros de Río Bueno y más tarde del COP Valdivia, quienes pasadas las 19 horas y luego de oír al menos seis disparos al aire, ingresaron al fundo y verificaron que los ocupantes ya se habían retirado.

Repudio

Conocido el hecho, el presidente de la Multigremial de Los Ríos, Pablo Hoffmann, comentó que "esta situación nos preocupa mucho, ya que hasta hace un tiempo estábamos cerca del conflicto de la macrozona sur y ahora ya parece que somos parte de este territorio, pues este tipo de hecho se produce cada vez más seguido".

"Puede ser genuina su intención de dialogar, pero la otra parte no quiere hacerlo. Si eso empieza a alargarse, es difícil que esto se frene. No sé si es tan buena estrategia, solamente pensar en el diálogo, cuando una parte no tiene interés de hacerlo. Si fuese tan fácil, creo que esto se hubiese solucionado hace tiempo", agregó.

A su vez, la Multigremial del Sur emitió una declaración en que condenaron "el nuevo acto de usurpación", ocurrido en el sector de Ponhuipa.

En el texto, agregan que: "Reiteramos el llamado a las autoridades a hacer respetar el Estado de Derecho, donde no seamos atacados y podamos trabajar y vivir en paz. No queremos privilegios, sólo pedimos que el Estado cumpla con resguardar la seguridad de todos, evitando actos delictuales como los que estamos enfrentando actualmente".