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Horas extra en municipios
Cuando se pagan horas de trabajo fuera del horario "normal", se supone que se hace para optimizar su gestión y entregar a la comunidad o al servicio un "extra de trabajo bien realizado".
Ejercí la docencia durante cuarenta y cinco años y jamás me pagaron un minuto de trabajo extra (algún genio dirá que no me correspondía por estatutos, reglamentos o alguna macana legal). De acuerdo, no me correspondía o a lo mejor sí, pero a diario tenía que llevar trabajo a mi hogar y seguir trabajando en casa, porque el horario asignado en mi lugar no alcanzaba. Pertenezco a la generación de docentes que destinábamos sábados y domingos a las actividades extraescolares. En lugar de pagarnos horas extra teníamos que gastar dinero de nuestro bolsillo, para pasajes, comida e incluso para proporcionar lo mismo a nuestros alumnos.
¡Qué maravilla cómo se cancelan horas extra a nivel de municipios (no opino de otros servicios... pero de haberlos seguro que los hay)!, ¡cuántos millones!. Simplemente una barbaridad que no tiene nombre o si lo tiene: asalto a las arcas del Estado.
Un párrafo aparte, para aquellos funcionarios que hacen bien su trabajo y también sus horas extra. Ellos no entran en la generalización. Y que me perdone la mayoría, pero las horas extra que se pagan a nivel de servicios municipales dejan mucho que desear. Caminemos por las calles de la ciudad y ejemplos sobran. Escuchen cómo a diario la comunidad denuncia abandono de servicios en barrios de Osorno.
Contradictorio, el municipio de Osorno gasta millones de pesos en horas extra y cuando se desea solicitar un servicio vía telefónica nadie contesta....a lo mejor la telefonista no gana horas extra...
Ricardo CeaLa igualdad ante la ley
La deseable igualdad ante la ley está siempre en cuestionamiento, en especial cuando algunas personas buscan alterar dicho principio, cosa que ha ocurrido desde los inicios de los siglos.
Bien lo sabía Bernardo O'Higgins, quien durante su fundacional gobierno dio una lucha frontal contra todos aquellos que evadían las normativas legales vigentes en la época.
Un ejemplo de ello es un decreto emitido por el prócer, a través del cual fijaba estrictas normas para aduanas, ya que se había detectado que diversos comerciantes cometían "fraudes y efectuaban solicitudes contra los intereses del fisco y de otros comerciantes".
Para normalizar la situación, emitió un nuevo plan y sistema de aduana, el que dispuso implementar, dando cumplimiento a lo siguiente: "Llevarlo a efecto en todas sus partes, con una completa igualdad para todos, sin excepciones de casos particulares, ni gracias que chocan a todo orden de equidad y de justicia".
De hecho, ordenó que el Ministerio de Hacienda ni siquiera reciba solicitud alguna, que se alejara aunque fuera en lo más mínimo a lo dispuesto.
Más de dos siglos después, pareciera que la enseñanza que nos entregó nuestro Padre de la Patria sólo ha sido asumida en parte.Antonio Yakcich, presidente del Instituto O'Higginiano de Rancagua
Gobernar en la desconfianza
Los estudios internacionales relevantes de los últimos dos años (OCDE, BID, Barometer Edelman, por mencionar algunos) nos han ido entregando evidencias contundentes de cómo la falta de confianza en el mundo, en las instituciones políticas, se ha transformado en una amenaza para la democracia y la gobernabilidad de los países. En dichos estudios, nuestro país como integrante de la OCDE aparece en los últimos lugares.
Para cualquier gobierno llevar adelante un programa político que marque diferencias sustantivas con las administraciones anteriores es absolutamente complejo, si a ello le adicionamos falta de experiencia y equipos técnicos escasos, los escenarios tendenciales pueden ser poco esperanzadores.
La falta de confianza -también- se proyecta en nuestras cotidianeidades con las personas que nos rodean, limitando las posibilidades de generar interacciones sociales sólidas que nos permitan lograr fortalecer nuestras comunidades y vecindarios. De hecho, Chile se encuentra entre los tres países latinoamericanos que confía menos en la gente, solo superado por Perú y Brasil. Esto se traduce en que sólo una de 5 personas dice que puede confiar en la mayoría de las personas, no existiendo mayores diferencias entre los grupos etarios (Ipsos, 2022).
Es altamente probable que vivir en pandemia -con los consiguientes largos periodos de encierros- haya afectado nuestra sociabilidad, salud mental y tolerancia para interactuar con los demás. Sin perjuicio que ello se ha extendido con mayor fuerza a nuestras instituciones políticas y nuevos arreglos institucionales que nos hemos dado para avanzar en nuestros procesos de modernidad, por ejemplo, en lo que respecta a la Convención Constituyente, la que ha visto disminuir su valoración y confianza por parte de la ciudadanía.
Pero más allá de estas situaciones que pueden tener variaciones perceptivas en el tiempo, la desconfianza es un virus mortal para la democracia. Sabemos que cuando las sociedades y comunidades comparten una ética del bien común generan un fuerte capital social; que son aquellas redes de relaciones estables generadoras de confianza y orientadas al bien común. Cuando se debilitan, los países y sus gobiernos naufragan irremediablemente.
Una de las principales causas que explican la falta de confianza en los países -creo firmemente que es la más relevante- es la corrupción política en todas sus formas. El nepotismo es corrupción también, aunque algunos tratan de minimizar sus consecuencias.
Una caída de la confianza política, ya sea en los políticos, en las instituciones o en todo el sistema, puede hacer que los gobiernos enfrenten serios problemas respecto a la percepción de la efectividad de sus acciones, así como a la disposición de los ciudadanos para obedecer las leyes.
Las bajas confianzas transversales en una sociedad dificultan, en definitiva, la gobernanza para un buen gobierno. Sin confianza en la sociedad, jaquean el éxito potencial de una amplia gama de políticas públicas que dependen de las respuestas conductuales del público, tanto en aquellas políticas de corto y mediano plazo como, especialmente, para abordar los desafíos sociales a largo plazo, como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la automatización del trabajo, la modernización del estado, la innovación en ciencia y tecnología, por ejemplo.
En la medida que la sociedad siga debilitada no se podrá avanzar en libertad y en el logro del bien común. Y menos pensar el logro de políticas públicas de alto valor que permitan generar justicia redistributiva.
Carlos Haefner, académico de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile