En los próximos días el pleno de la Convención Constitucional (CC) deberá votar las modificaciones aprobadas ayer en las comisiones de Derechos Fundamentales y Sistema de Justicia, que incluyen parámetros para la expropiación y restitución de tierras, así como el funcionamiento del Ministerio Público, respectivamente; todo esto en medio de una desconfianza en el órgano constituyente que llega al 57%, según la encuesta Cadem, y en vísperas de la votación hoy de las correcciones de Formas de Estado.

El informe de reemplazo de Derechos Fundamentales aprobó por 25 votos a favor y ocho en contra la indicación ingresada por la convencional y machi Francisca Linconao, donde se afirma que "el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos".

La norma establece que "la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución".

En cuanto a expropiación de tierras, ya se había aprobado, para llegar al borrador, el artículo que indica que "ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador".

Ayer a esto se agregó, por 23 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, que "el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado", mientras que "el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley", idea aprobada por 20 votos, seis en contra y siete abstenciones.

También 20 convencionales respaldaron que "cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada".

Fiscalía y banco central

En otra votación relevante, ayer la comisión de Sistema de Justicia aprobó que "la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario. Al Consejo Superior le corresponderá designar a la o el Fiscal Nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público", por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, pese a que semanas atrás se había eliminado esta figura.

El ex fiscal metropolitano Manuel Guerra firmó la carta "Abogados y abogadas por Chile" publicada el fin de semana en medios de comunicación, donde apuntaron a la "burocratización" del sistema.

Ayer, Guerra detalló a Ex-Ante que esto contiene "una alta intervención de la política en sus decisiones", sumado a una "autodirección, lo cual genera una reducción de la calidad del control. (...) Aparte de hacer crecer el Estado, no sé ve cómo funcionalmente van a contribuir a tomar mejores decisiones".

Respecto al Banco Central, se aprobó una idea opositora que indica que deberá "velar por la estabilidad de los precios", teniendo "presente la orientación general de la política económica del Gobierno. En la fundamentación de sus decisiones el BC deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo y el cuidado del medioambiente".

La comisión de Sistema de Justicia aprobó ayer que el Consejo del Banco Central esté integrado por siete consejeros designados por mayoría en "el Congreso, a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública", y los integrantes del Consejo del ente emisor "podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema".

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, calificó ayer como "impertinente" el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, debido a que "nadie, nunca, ha planteado expropiar los fondos" en el órgano constituyente. La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió que la medida del Ejecutivo "no afecta ni lo que ha redactado la Constituyente, ni lo que ingresaremos como reforma previsional".

Que La Moneda presentara esta medida ante el Congreso "fue una impertinencia, y habría que preguntarle al Gobierno cuál era la intención de responder a un miedo instalado por un grupo de la derecha", dijo Domínguez ayer en Radio Cooperativa, esto porque "nadie, nunca, en ningún contexto, manera o forma, ha planteado expropiar los fondos en la Convención".

La presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, señaló que "no es un pronunciamiento de la mesa, es la opinión del vicepresidente, que la comparto como constituyente por supuesto, pero no es una opinión consensuada. Coincido con el vicepresidente que por supuesto todo lo que es desinformación y mentira hay que atacarlo directamente".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que la medida ingresada "no afecta ni lo que ha redactado la constituyente ni lo que ingresaremos como reforma previsional", ya que "no ha estado ni en la mente, ni en las aspiraciones ni en el imaginario de los convencionales, ni de este Gobierno y sus parlamentarios, avanzar hacia un proceso expropiatorio de los fondos de los trabajadores. Son los trabajadores y se van a resguardar en el próximo sistema previsional".

"no fue oportuno"

El convencional del Colectivo Socialista César Valenzuela dijo que lo enviado por el Ejecutivo "no fue oportuno. (...) Creo que no sería honesto señalar que el proyecto que presentó el Gobierno no generó un ruido, un remezón al interior de lo que hemos conversado, porque lo que hemos señalado es que esa regla ya se encuentra cubierta por la reglas generales de garantía de propiedad y expropiación".

Su par PC Marcos Barraza agregó que "no hablaría de impertinencia, pero fue equívoco. No debió haberse presentado".

La UDI Carol Bown, sin embargo, señaló que "no me parece que Domínguez pretenda paralizar al Gobierno mientras dure el proceso constituyente. El Gobierno debe tomar la decisiones que estime adecuadas".