La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará esta tarde la idea de legislar el quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones (AFP), tras ayer haber escuchado los argumentos tras la negativa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, quien avizoró una "inflación en torno al 15% a mitad de 2022" en caso de ser aprobada la iniciativa. El oficialismo se mostró dividido en el Congreso, y la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que "si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como Gobierno".

"Un nuevo retiro podría desencadenar efectos financieros de magnitudes importantes, cuyas consecuencias son difíciles de cuantificar", afirmó la líder del Banco Central en la Comisión de Constitución de la Cámara, que votará hoy si la discusión en general del quinto 10% continúa en la Sala.

Costa explicó, asimismo, que "la efectividad de las políticas de contención" financiera ante la crisis económica derivada de la pandemia, sumada al incremento de la inflación, "es decreciente en la medida que se aplican sobre condiciones estresadas y en un contexto macroeconómico complejo".

Por esto, continuó la presidenta del ente emisor, en caso de ser aprobado el retiro desde las AFP, "la inflación se situaría en torno al 15% a mitad de 2022", y "veríamos un incremento en las tasas de largo plazo (créditos) y en el tipo de cambio (dólar), encareciendo el financiamiento, mermando las capacidades de crecimiento de largo plazo tras un efecto acumulativo en el mercado de capitales", ya que también muchas personas han guardado en cuentas bancarias sus giros, siendo el último (tercero) en abril de 2021.

Desvalorización

El titular de Hacienda coincidió con Costa en anunciar que "es muy probable que lleguemos a 10% (de inflación, hoy situada en 9,4%), pero un retiro le agregaría cinco puntos porcentuales".

"Los nuevos retiros le quitan poder adquisitivo incluso a los fondos que se retiraron previamente, mayor inflación significa que la plata que mucha gente ha guardado de los retiros anteriores tendría un poder adquisitivo menor", sostuvo Marcel.

Otra consecuencia, según el economista, es que "el Fisco va a tener que gastar más en el servicio de su deuda, nuestra estimación para el efecto de eso es de US$2.500 millones al año", aunque con la aprobación del quinto 10% "sería prácticamente equivalente a los recursos que se necesitarían para llevar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a los $250.000 que es la meta del Gobierno. O sea, nos gastaríamos por la vía de mayor pago de intereses todo lo que necesitaríamos para llevar la PGU a $250.000".

Vallejo sostuvo que la iniciativa "también que se cruza con nuestra reforma de pensiones, porque queremos y necesitamos construir un sistema de seguridad social. Si no garantizamos las reformas estructurales, entonces vamos a perder el norte como Gobierno".

El oficialismo ha reaccionado dividido y ni la coalición gobernante ha podido alinear a sus legisladores para rechazar la medida, como pidió Gabriel Boric.

El diputado PS y miembro de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, dijo en Radio Pauta que "soy representante de la ciudadanía, no del Gobierno", que ante el eventual nuevo retiro "está equivocado".

El presidente de la Cámara, PPD Raúl Soto, agregó que "la gente no entiende, y con justa razón, por qué hoy día se pide votar en contra lo mismo que hace tres meses atrás se votó a favor y ese es un problema de relato que hay que sincerar. Y para mí hoy día, que voté a favor del cuarto retiro en diciembre, me es muy difícil, imposible, decirle a la gente que no".

15:00 horas se vota en la Comisión de Constitución la idea de legislar el quinto retiro.

El comité político de los lunes en La Moneda, instancia donde participa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, terminó con un posible envío al Congreso de los proyectos de subsidios a los precios de la parafina y el gas licuado, junto al incremento del sueldo mínimo, durante la próxima semana, en busca de aminorar el impacto de la crisis económica en los hogares de menores ingresos, sin recurrir a medidas como el retiro de ahorros previsionales, que el Gobierno busca evitar.

El Presidente Gabriel Boric anunció a fines de la semana pasada su estrategia de reactivación económica "Chile apoya: plan de recuperación inclusiva", donde fueron presentadas 21 medidas para enfrentar las consecuencias que la crisis sanitaria y económica de la pandemia del coronavirus, así como los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania en las finanzas locales.

Los ejes del proyecto estatal consisten en la reincorporación al trabajo formal, la inversión pública, el apoyo a sectores rezagados en la recuperación, el impulso a las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), evaluar los ingresos y el costo de vida, junto a la institucionalización de mecanismos de protección económica y social.

Ayer, tras el comité político, Marcel señaló que la próxima semana se ingresarán los dos primeros proyectos de este plan, consistentes en el subsidio a la parafina y gas licuado, como abierta respuesta al conflicto en Euroasia, que ha elevado el precio de los combustibles a niveles históricos, junto al proyecto que aumenta el ingreso mínimo, para respaldar a los sectores más vulnerables ante el alza de la inflación, que luego durante la tarde, en el Congreso, el ministro afirmó que "llegará al 10%".

"Mediante el incremento de los recursos del Fondo de estabilización de precios del petróleo contendremos el alza de la parafina o kerosene", señala el plan Chile apoya, medida que beneficiará a más de un millón de hogares.

El Ejecutivo, además, fijó "la meta de alcanzar este año un ingreso mínimo de $400.000", con un plazo para activar el proyecto "desde el 1 de mayo", es decir, el Día del Trabajador.