Redacción

Con el alza de 1,9% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la más alta en 28 años, hubo diversas reacciones en el mundo político, entre ellas las de la bancada de la Democracia Cristiana (DC), que propuso replicar una medida uruguaya para ayudar "a las familias del país que día a día su dinero les alcanza para menos productos en la feria y el almacén o supermercado".

En concreto, los diputados de la DC pidieron al Gobierno estudiar la posibilidad de eliminar o rebajar transitoriamente el IVA a los alimentos más consumidos de la canasta básica de los chilenos, para disminuir el alto precio actual.

Ricardo Cifuentes, legislador que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, sostuvo que "los precios de los alimentos están cada día más alto. Los aumentos del costo de ellos son casi a diario y la gente cada vez puede comprar menos con sus sueldos".

"Por eso, le pedimos al Gobierno que estudie una eliminación o rebaja transitoria del IVA de algunos elementos de la canasta básica, como por ejemplo el aceite, arroz, cebollas, pollo y otros similares, tan usados a diario en cualquier hogar del país", argumentó el diputado.

Además, añadió que "no se puede entender que el argumento para no acceder a este tipo de rebaja temporal sea que el IVA recauda mucho dinero para el Estado, ya que a fin de cuentas, proporcionalmente, los que más hacen ese aporte son las familias de menos recursos, quienes destinan gran porcentaje de sus ingresos a alimentos".

El caso uruguayo

Por otro lado, el jefe de la Bancada DC, Eric Aedo, indicó que "Uruguay ha aprobado esta semana un proyecto del gobierno que elimina por 30 días, prorrogable, el IVA a algunos alimentos de mayor consumo en ese país como el pan, pasta, fideos e incluso el asado de tira".

"Creo que el Gobierno puede considerar el estudio de una medida similar, de rebaja transitoria del IVA a algunos alimentos, como forma de ayudar a las familias que les alcanza para menos productos en la feria y el almacén o supermercado", dijo Aedo.

En el caso de Uruguay, su presidente Luis Lacalle Pou señaló que la rebaja de impuestos, solo en el caso del asado de tira que significa un 10%, podría significar una merma en sus ingresos impositivos de entre 650 mil y un millón de dólares.

El Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a 12 años de presidio efectivo a Daniel Bustos Trabol, de 24 años de edad, en calidad de autor del incendio en la estación San Pablo del Metro de Santiago, que ocurrió el 19 de octubre de 2019 en la comuna de Lo Prado.

La Justicia accedió a la pena que habían pedido los representantes del Ministerio Público, a la que se adhirieron el Metro de Santiago y el Ministerio del Interior.

El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, destacó la condena por los delitos ocurridos en medio de las revueltas del estallido social, "considerando que se trataba de un delito grave que afectó el transporte público de la Región Metropolitana durante prácticamente ocho meses, en que las más de 100 mil personas que ocupaban el metro se vieron privadas de este servicio".

El condenado estaba en prisión preventiva desde enero de 2020 y fue declarado culpable de haber lanzado "un objeto portador de fuego, que contenía sustancia inflamable y previamente encendido por el imputado", señaló la Fiscalía.

Daños millonarios

De acuerdo a los antecedentes de la parte acusadora, los daños causados fueron avaluados en más de 20 mil millones de pesos, sumándose al perjuicio que provocó a los usuarios del transporte subterráneo al no poder acceder al servicio.

En mayo de 2021, un menor de edad resultó condenado culpable por la quema de la estación Pedrero del Metro de Santiago, suceso que ocurrió el 18 de octubre del mismo año, al inicio del estallido social.

El Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago lo sentenció a dos años de régimen cerrado y tres años y un día de régimen semicerrado, pese a que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitaba 10 años de internación provisoria. La defensa propugnaba libertad asistida y una pena de 300 días.

Una de las principales demandas de la ciudadanía, incluso con anterioridad al estallido social, dice relación con la distribución más equitativa del poder. Desde hace años que distintas voces han promovido una suerte de remasterización de nuestra democracia representativa, uno de cuyos principales inconvenientes ha sido la concentración de la toma de decisiones en pocas manos. De ahí la urgencia de contar con más y mejores niveles de participación institucional, en especial en una sociedad compleja como la chilena, donde las instancias de resolución de conflictos se han quedado tradicionalmente cortas. Esto es importante sobre todo para las regiones y su vinculación con el Estado central.

A partir de este ejercicio de desconcentración de las atribuciones políticas, económicas y territoriales, cabe preguntarse si las normas ya aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional están realmente en línea con las urgencias y necesidades regionales: ¿resolverán la plurinacionalidad y la Cámara de las Regiones los problemas que día a día experimentan las zonas que viven retiradas de la capital? ¿Será esta supuesta "regionalización" capaz de lograr una mejor distribución del poder? Me temo que no, y ello por razones tanto conceptuales como materiales.

Respecto a la plurinacionalidad, no es para nada claro todavía qué se entiende por dicho concepto ni si el Estado nacional dejará de existir por el mero hecho de que el texto constitucional así lo establezca. ¿No es acaso la nacionalidad algo más que una mera declaración simbólica y formal? Sería bueno que la izquierda decolonial -que es la que al final de cuentas está empujando el punto- nos explicara de una buena vez si eso que llaman "naciones preexistentes" viven en un mundo aparte del resto de los chilenos, es decir, ajenos a la realidad palpable, material y concreta que conlleva haber nacido y crecido en una cultura delimitada por vidas cruzadas. En caso de que la respuesta sea positiva, sería esperable que transparentaran que su objetivo es remediar sus dolores pasados mediante la introducción de una serie de privilegios concebidos ad hoc, rompiendo con ello el principio de igualdad ante la ley.

En cuanto a las demandas y necesidades de las regiones, lo cierto es que el proyecto de régimen político que se está discutiendo está muy lejos de satisfacerlas. De hecho, es muy probable que las regiones queden en una posición aun más debilitada, ya que, producto de prejuicios sin una sólida base empírica, los convencionales buscan derogar una institución -el Senado- que históricamente ha servido para contrabalancear la autoridad del Ejecutivo y dar mayor representatividad a los territorios. La Cámara de las Regiones que se propone es, como bien ha dicho Arturo Fontaine, un "tigre de papel", esto es, una institución que no tiene las prerrogativas legislativas para oponerse a las decisiones que tomarán los diputados desde la comodidad de sus distritos. Es más, para muchos especialistas esta solución supuestamente bicameral no sería sino un unicameralismo encubierto.

Así las cosas, las izquierdas en la Convención están haciendo exactamente lo contrario de lo que exige el sentido común. El origen del proceso constituyente tuvo como uno de sus objetivos centrales que las regiones recibieran las herramientas suficientes para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Lamentablemente, los nuevos grupos que están emergiendo en la Convención parecen más interesados en que sus voces privilegiadas se hagan oír que en repartir mejor y más equitativamente el poder.