Previo a la pandemia, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio de mercado sobre los textos escolares, donde se comprobó lo que tanto autoridades como apoderados comentan desde hace años: que las editoriales mantienen precios dispares respecto de un mismo libro, dependiendo si éste corresponde a los pedidos que hace el Estado, para distribuirlo gratuitamente en las escuelas, o si se entregan para venta en el comercio. El análisis reveló que en este último caso los precios pueden ser hasta diez veces superiores, pese a que los libros en ambos casos son muy similares y de tener variaciones, son mínimas. Sin embargo, cada año las editoriales insisten en que aquellos que van a las librerías son de calidad superior y que hay costos relativos a comercialización y distribución que es necesario cubrir.

De acuerdo con la FNE, el Ministerio de Educación realiza cada año un proceso de licitación para adquirir textos escolares a bajo precio, incluyendo una guía didáctica para el profesor y recursos digitales complementarios. En cambio, en la educación privada, los padres son los encargados de costear los textos que el colegio decide, con la editorial ofreciendo otros bienes y servicios al establecimiento, como capacitaciones, asesorías y plataformas. Por ello, la fiscalía ha señalado que falta competencia en este sector.

Desde hace años el Ministerio de Educación ha pedido a los colegios que prioricen el uso de los textos que entrega el Estado, indicando que es incomprensible que algunos establecimientos no los acepten y hagan incurrir en gastos a las familias. Éste es un debate que se genera todos los años al inicio del período escolar, cuando las investigaciones de medios de prensa revelan que algunos colegios rechazan los textos que el Estado entrega en forma gratuita, los dejan almacenados y -en cambio- piden a los padres que los compren en librerías. El estudio comprobó que pocos establecimientos del país cuentan con protocolos reales para elegir los libros, procesos en los cuales enfrentan costos de búsqueda elevados para evaluar alternativas. Esto favorece a aquellas editoriales de mayor tamaño, que pueden contar con redes de vendedores que antes de iniciar el año escolar visitan los establecimientos para promocionar sus productos.

Las recientes dificultades que han vivido las familias de Ovejería ante el abandono de la línea de recorrido de microbuses, ha dejado en evidencia, una vez más, la fragilidad de nuestro sistema de transporte público y cómo éste no ha dado el salto hacia la calidad que merece la comunidad.

Frente a ello, estamos presentando esta urgencia al nuevo ministro de Transportes, para que las familias afectadas sean escuchadas y los responsables asuman sus labores y prioricen una solución.

Este problema puede tener múltiples factores, pero uno de los principales es la falta de consideración respecto a las particularidades de cada sector territorial, escudada en engorrosos y poco flexibles procesos administrativos. Me refiero a que las licitaciones podrían detonar en resultados más adecuados y confiables para la ciudadanía, si la construcción de sus bases estipulará de forma fidedigna las reales necesidades e incluyera de forma amplia, factores que amplíen y velen por el buen servicio: mantención y adecuación de la infraestructura, móviles en buen estado y con acceso universal, un plan de exclusión que estudie con detención el flujo vehicular y permita integrar un sistema de monitoreo abierto, con el que los habitantes de Osorno (o cualquier ciudad donde se aplique) puedan monitorear sus recorridos y programas de mejor manera su día a día. Y, finalmente, considerar altos estandartes de servicio y seguridad, que tengan sentido para la comunidad. Suena a utopía, pero podemos trabajar en hacerlo realidad.

La tarea radica en el Ministerio de Transporte y su nueva mirada, pero tanto el municipio como el Gobierno Regional y los propios vecinos, deben jugar un rol importante en impulsar las ideas.

Para que nunca más otro sector viva lo que hoy sufren los vecinos de Ovejería, debemos alcanzar un sistema eficiente y que piense en cómo mejorar la calidad de vida de la gente, pero enserio. No con cumplimientos de contrato que deben respetarse por norma, si no que sean construidos con el fin de obtener el servicio de alto nivel que la gente merece. Así creamos y cuidamos Osorno y la región.

Patricio Vallespín, gobernador regional