La crisis por la pandemia ha permitido valorar la importancia de contar con conexión a internet para desarrollar el trabajo de manera telemática, así como también los estudios, que habían tenido un lento avance a nivel mundial, pero que con la emergencia permitió a las personas desarrollar sus labores a distancia e, incluso, la comunicación familiar. El uso de internet se ha transformado en un punto de inflexión, especialmente en términos de comunicaciones y relaciones con su entorno, con cambios que han sido profundos y vertiginosos.

Hace unas semanas, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dio a conocer un estudio con datos de septiembre de 2021, que reveló que hubo un importante incremento de las redes de alta velocidad, las que son demandadas cada vez más por los usuarios del país. El 67,4% de los hogares chilenos cuenta con una conexión de internet fija, cifra que supera con creces el 48% que se registraba en 2018. Las redes de internet fija de alta velocidad son las que lideraron en la preferencia de los usuarios. Además, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se han impulsado iniciativas de conectividad rápida como las nuevas redes 5G y las redes de fibra óptica, que apuntan a mejorar la calidad de la conectividad de los usuarios del país.

Esta semana, además, se dio a conocer otro antecedente. Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en diciembre de 2021, una de cada diez personas trabajadoras (10,9%) realizó labores a distancia o bajo la modalidad de teletrabajo a nivel nacional. El uso de internet ha significado que el concepto de distancia se haya relativizado, que muchas labores se puedan realizar de forma remota y que de esta forma se haya podido afrontar las consecuencias de la pandemia, como es la prevención de los contagios y el aislamiento para evitarlos.

Tanto el tráfico como las conexiones fijas a internet aumentaron por la pandemia, los confinamientos y el despegue del trabajo y educación a distancia. Esto sentó nuevas dinámicas digitales para las personas, las instituciones académicas, el mundo laboral y familiar, por lo que se proyecta que esta alza de conexiones seguirá aumentando. Aquello exige robustecer con premura la infraestructura digital del país.

Los primeros días de febrero se promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal, entregándoles a diversas instituciones nuevas herramientas para hacer frente a este complejo problema, iniciativa que se suma a los cambios que introdujo la Ley N° 21.336 a la Ordenanza de Aduanas -en mayo del 2021- para aumentar la gravedad de los delitos de contrabando de productos como cigarrillos o tabaco, bebidas alcohólicas, fuegos artificiales, productos farmacéuticos y juguetes.

Estas normativas sin duda alguna son un gran avance para perseguir con mayor eficacia a quienes comenten este tipo de delitos, dentro de los cuales se encuentran bandas criminales altamente organizadas y con grandes recursos.

Como parte de la gestión del Servicio Nacional de Aduanas, hemos abogado en todas las instancias donde participamos -gubernamentales, legislativas e interinstitucionales- para que las leyes sancionen con mayor severidad la ocurrencia de estos delitos, porque sabemos de primera mano que se trata de una problemática difícil de abordar y que requiere la coordinación de muchas instituciones.

En nuestro caso, como garante o protectores de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, nos enfrentamos todos los días a los contrabandos, por lo que tenemos planes de fiscalización específicos de acuerdo a los tipos de productos.

Nuestros análisis de inteligencia abordan los modos de ocultamiento, procedencia, rutas, empresas involucradas en las importaciones y otros detalles correspondiente al intercambio de información que tenemos con las policías, las fuerzas armadas, las fiscalías, diversos ministerios o el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otros organismos.

También trabajamos estrechamente con la red de inteligencia RILO de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y con otras instituciones internacionales y de otros gobiernos. Y somos parte activa de una serie instancias de trabajo, como la Mesa de Nacional de Seguridad de Productos junto al Sernac o el Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC. Utilizamos softwares especializados y ya estamos incorporando con fuerza la minería de datos.

Creemos que se debe seguir en esta línea de trabajo que profundiza las diferentes normativas para combatir al crimen. Nuestro objetivo es contar con más y mejores herramientas para que la efectiva fiscalización que hacemos tenga su correlato en la persecución penal y en condenas.

José Ignacio Palma Sotomayor, director nacional de Aduanas