La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para Venezuela recomendó ayer al país caribeño reforzar "la separación poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cara a futuras elecciones.

En este sentido, el consejo de refuerzo de la separación de poderes, se transformó en una de las principales recomendaciones del informe de la MOE-UE tras las elecciones locales y regionales celebradas el pasado 21 de noviembre.

El informe se presentó en una conferencia de prensa virtual desde Bruselas por su jefa, la eurodiputada Isabel Santos, quien dijo desconocer por qué las autoridades venezolanas no respondieron a su solicitud para dar el reporte en Caracas, tal y como estaba previsto.

De igual manera, en su recomendación también pidieron "la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral".

Como recuerda el informe, publicado minutos después de que terminara la comparecencia de Santos, el TSJ anuló los resultados en el estado Barinas, donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez y en el que había ganado el candidato opositor Freddy Superlano.

"Al ordenar la repetición de las elecciones en Barinas para el 9 de enero de 2022, el TSJ interfirió en las competencias del Consejo Nacional Electoral. A pesar de ello, el CNE aceptó la decisión del TSJ y convocó las elecciones para la fecha fijada por el TSJ", reiteraron.

Cabe recordar que en esa repetición, a la que no acudió Freddy Superlano, inhabilitado junto a otros dos antichavistas, al igual que un candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV), finalmente la oposición obtuvo la victoria.

Facultades cne

Entre las 23 recomendaciones de la MOE-UE, la primera misión enviada por el bloque comunitario a Venezuela en quince años, también se incluye "reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones".

En esa misma línea, recomendó que esas sanciones deben ir "desde la amonestación, hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en el uso de recursos del Estado en campaña".

Medios de comunicación

Así como en el informe preliminar, presentado en Caracas el 23 de noviembre, dos días después de las elecciones, la MOE-UE también pidió "equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales en campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales". Además de derogar "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar autocensura".

En efecto, dicha norma ha sido rechazada por numerosas asociaciones tras ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, un extinto órgano compuesto solo por chavistas que asumió de facto las tareas de un Parlamento dominado, entonces, por la oposición y que nunca elaboró una carta magna, teórica razón para la que fue creada.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó esa ley al calificarla como ambigua y una "coartada" del presidente Nicolás Maduro para acabar con la "debilitada libertad de expresión". A su vez, MOE-UE consideró que las autoridades abandonen "políticas dirigidas a manipular la conversación pública en redes sociales".

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, destituyó ayer a su ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras conocerse denuncias sobre sus contactos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, un supuesto narcotraficante detenido en Brasil.

La decisión del mandatario se sustenta en "la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior", sostuvo el jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann.

Asimismo, confirmó que Giuzzio será reemplazado por el hasta ahora asesor de la Presidencia en Asuntos Estratégicos, Federico González, quien se prevé que asuma hoy. Huttemann indicó que Abdo Benítez designó igualmente a la actual ministra de Justicia, Cecilia Pérez, como asesora en Asuntos de Seguridad de la Presidencia.

La salida del Giuzzio se produjo luego que medios locales se hicieran eco de contactos del hasta ahora ministro con un presunto narcotraficante brasileño, lo que el exfuncionario aseguró se produjo antes de que tener conocimiento de que pertenecía a una "organización criminal".

Giuzzio explicó en Twitter que recibió el año pasado la visita de Marcos Vinicius en una unidad de la Policía Nacional de Paraguay denominada Agrupación Especializada, en su carácter de "representante de la empresa Black Eagle". Detalló que entonces estuvo "acompañado de personal técnico", a quienes Marcos Vinicius "exhibió equipos tácticos que ofrecía su empresa". Según Giuzzio, el sujeto hizo llegar al Ministerio "una propuesta sobre blindaje".

De igual manera, admitió que a finales de diciembre, en un viaje familiar, y tras un desperfecto mecánico que sufrió su vehículo en territorio brasileño, decidió volver a Ciudad del Este, en Paraguay, y arrendar un vehículo de la empresa Ombu, propiedad del señalado narcotraficante, para continuar el trayecto.

Sin embargo, el diario Última Hora reveló que el gerente de la firma Ombu S A, Gilberto Enciso, comentó que el vehículo fue cedido por amistad.

El presunto narcotraficante fue detenido hace unos días en Brasil como parte de la Operación Turf, que contó con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y de Europol .

4 de febrero se lanzó una iniciativa para un juicio político contra Giuzzio por "mal desempeño". No avanzó.

Por otros tres meses se amplió la reclusión preventiva de la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez y de dos de sus exministros, según resolvió un juzgado en uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019.

De esta manera, y en una audiencia virtual, el juez Décimo de Instrucción en lo Penal Armando Zeballos resolvió la ampliación del arresto de Áñez y de las exautoridades de su gobierno Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Además, fijó una nueva audiencia para considerar la situación jurídica de los tres investigados para el 16 de mayo próximo.

La solicitud de ampliación de la detención fue hecha por dos de los acusadores en este caso, el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Procuraduría General del Estado.

"Soy inocente"

Tras el término de la audiencia, en las redes sociales de la exmandataria interina, administradas por sus familiares, surgió el mensaje "me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron".

La publicación agregó que "soy inocente y presa política hace 11 meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia".

La exmandataria y sus exministros están encarcelados desde hace once meses por el caso llamado "golpe de Estado I", en el que se les acusó de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El oficialismo sostiene que la dimisión de Morales fue producto de un supuesto golpe de Estado, mientras que sus detractores aseguran que fue consecuencia de las denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de 2019.

Áñez inició una huelga de hambre hace trece días, en vísperas de la apertura del juicio en su contra.