El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó ayer la apertura de una investigación de oficio por el presunto delito de lavado de activos contra los fiscales María Constanza Izurieta y Andrés Iturra, hija y yerno del general (r) del Ejército Óscar Izurieta, tras conocerse antecedentes que los vincularían con el presunto traspaso de bienes de origen ilícito.

La pesquisa contra Izurieta e Iturra fue dictada en el marco de la investigación al ex alto oficial por la supuesta malversación de $6.500 millones, provenientes de las arcas del Ejército y las cuales, en palabras del propio Izurieta, habrían financiado incluso gastos de la familia Pinochet. El general (r) permanece en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, luego de que la Corte Marcial rechazó la opción de libertad bajo fianza.

Abbott, en tanto, instruyó a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, abrir un sumario administrativo contra la hija del exuniformado, quien se desempeñan en dicha oficina del Ministerio Público, aunque en las primeras horas de ayer Iturra renunció al cargo de fiscal adjunto de Las Condes, según señalaron desde la entidad, pero no a la Fiscalía.

En el ámbito penal, la autoridad nacional designó a la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer para llevar adelante la indagatoria, por "la gravedad y complejidad de los hechos y a la circunstancia de que se trata de fiscales del Ministerio Público, la investigación penal debe estar a cargo de un fiscal regional".

El organismo estatal precisó en un comunicado que la pesquisa se basa en que "se habría hecho traspaso de bienes provenientes de dichos eventuales ilícitos a sus hijas, cuestión que podría constituir un delito de lavado de activos de la Ley N° 19.913".

"La resolución emitida sostiene que la decisión se fundó en que, en virtud de diversos medios de prensa, se tomó conocimiento de que en el marco de la investigación penal que lleva adelante la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford, por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el uso de gastos reservados del Ejército de Chile, en contra del excomandante en jefe del Ejército", agregó la Fiscalía.

Generales procesados

La ministra Rutherford mantiene un proceso contra los generales (r) Humberto Oviedo y Juan Manuel Fuente-Alba, por presuntos reportes falsos a Contraloría relacionados con rendiciones de cuentas y declaraciones juradas sobre los gastos reservados entre 2010 y 2017.

Izurieta, en tanto, fue designado como comandante en jefe del Ejército por el ex Presidente Ricardo Lagos cuando Jaime Ravinet era ministro de Defensa.

En el cargo se mantuvo hasta el Gobierno de la ex Mandataria y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet, con Vivianne Blanlot, José Goñi y Francisco Vidal como titulares de Defensa.

Caso sename

No es la primera vez que la Fiscalía Nacional designa a un persecutor de Los Lagos en una causa de interés nacional. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando el propio Abbott encargó al ex fiscal regional, Marcos Emilfork, el denominado caso Sename.

Tal fue el revuelo que causó el antecedente de que 185 niños dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename) habían fallecido entre 2005 y 2015, que el senador del MAS Alejandro Navarro pidió en aquel momento la designación de un fiscal especial para que investigue los casos, publicó Emol en su momento.

Días después, el fiscal Abbott le encargó esa tarea a Emilfork, quien renunció al ente persecutor en 2019.

"No puedo en esta carta soslayar las diferencias que hemos mantenido y mantenemos sobre la visión institucional. A lo anterior se suman situaciones que se han producido entre ambos (Emilfork y Abbott) propósito de las investigaciones que conforman el denominado caso Sename, la última de las cuales se relaciona con la entrega del informe denominado 'Análisis del funcionamiento residencial en centro dependientes del Servicio Nacional de Menores' elaborado por la PDI por encargo de este fiscal regional", aseguraba el ex fiscal Emilfork en su carta de renuncia al ente persecutor, donde estuvo 15 años ejerciendo.

"Por la gravedad y complejidad de los hechos y a la circunstancia de que se trata de fiscales del Ministerio Público, la investigación penal debe estar a cargo de un fiscal regional".

Jorge Abbott fiscal nacional