Un nuevo atentado delictual ocurrió en Los Ríos en la madrugada del martes y vuelve a encenderse alertas respecto del problema llamado "violencia rural", que afecta también al Bío Bío, La Araucanía e incluso ha llegado, en menor medida, a la provincia de Osorno. Se levantaron voces solicitando, nuevamente, que el estado de excepción se extienda hacia otras zonas.

Aparentemente los hechos fueron vinculados a la solicitud de libertad de personas condenadas por hechos similares, algo que el delegado presidencial César Asenjo rechazó y luego anunció una querella invocando la Ley Antiterrorista.

En este último punto es necesario detenerse. Recurrir ante la justicia es la acción lógica que el gobierno puede y debe hacer ante este tipo de situaciones; sin embargo, pocas de esas acciones legales llegan a término. Sin ir más lejos, la investigación por un atentado similar ocurrido en 2017 -quemaron 29 camiones en esa oportunidad- fue cerrado en noviembre de 2019 sin culpables, ni claridad frente a lo realmente sucedido. Lamentablemente, sí estuvo teñido por los hechos de la "Operación Huracán", que develó graves faltas y falsas investigaciones efectuadas entonces por carabineros en dos regiones de la macrozona.

Más allá de ese hecho, en la última década solamente una persona detenida en Los Ríos por hechos de este tipo ha sido condenada. Se trata del sujeto, de nacionalidad argentina, Facundo Jones Huala, quien fue acusado en 2013 por un incendio en Río Bueno y cumple condena desde 2017. El martes, precisamente, la Corte Suprema revocó el beneficio de libertad condicional que le había sido otorgado en enero.

Claramente, esa es una señal positiva respecto del cumplimiento de las normas y una muestra de que, aunque los procesos demoren, las instituciones realizan su labor. Y se debe confiar en ellas.

Sin embargo, resulta inevitable que situaciones como el atentado contra 19 camiones en Mariquina sumen sensación de inseguridad en la ciudadanía en general, que merece garantías de protección, tranquilidad y paz en lo inmediato y en el largo plazo. En este contexto, no cabe más que apoyar las investigaciones y condenar la violencia de manera transversal.

Ocho años atrás, al final del primer mandato de Sebastián Piñera, se firmó en la Región de Los Lagos la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), cuyo objetivo es promover el desarrollo a través de un enfoque territorial y no sectorial, rompiendo el paradigma de asociar zonas rurales a zonas agrícolas.

Así, acogiendo los lineamientos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se desecha la medición estadística de población rural del INE que era un 13% en base a N° hab/km2 y se reemplaza por el concepto de Territorio Rural como aquel que se genera en la interrelación dinámica de personas, actividades económicas y recursos naturales, con una densidad poblacional menor a 150 (hab/km2) y donde la unidad básica de organización es la comuna. Bajo esta percepción, la población rural equivale a 25,5%, distribuida en 83% del territorio.

Vivienda, salud, educación, conectividad, acceso a servicios, entre otros, se han transformado en demandas colectivas de las poblaciones rurales, que ven en el desarrollo rural no sólo mejorar la calidad de vida, sino que transformarse en polos de desarrollo económico.

El abandono del campo, la migración rural-urbano de los jóvenes, la falta de oportunidades económicas diferenciadas de la agricultura, son algunos de los titulares que han marcado las dificultades de vivir en zonas rurales, pero ¿es posible remediar esto por medio del desarrollo?.

La PNDR se enfrenta a un gran desafío que ya enfrentó antes con malos resultados: sobreponerse al cambio de gobierno y no quedar en el olvido. El programa de gobierno de Gabriel Boric enuncia lineamientos similares a los ya existentes como Sustentabilidad, Participación, Innovación, Asistencia Técnica y Acceso a Servicios, pero sigue centrando sus esfuerzos en concebir el territorio rural como una zona exclusiva de desarrollo agropecuario y forestal.

Quienes habitamos territorios rurales, comprendemos que la agricultura es una parte importante de nuestro desarrollo, pero la diversificación productiva es un pilar fundamental para que todos quienes viven en territorios rurales puedan proyectarse como habitantes rurales.

Nicolás Fuentes Acuña, dr.(c) de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Ceder ULagos