Oscar Gallardo Ríos

Transcurridas poco más de 24 horas desde el ataque incendiario que destruyó 19 camiones y un galpón de grandes dimensiones ubicado en el sector Los Ciruelos, en Mariquina, uno de los propietarios de la empresa de transportes afectada realizó un balance de los daños y también entregó nuevos detalles del atentado.

En esa línea es que el socio y gerente de operaciones, Iván Salgado, sostuvo que los pérdidas materiales están avaluadas en 2.000 millones de pesos, y que mantenían seguros comprometidos por los camiones, pero no así por la infraestructura destruida.

"Las compañías de seguro responden por el valor comercial del equipo, por lo que cubre cerca de un 75% de la pérdida. Sin embargo, debemos esperar un periodo de cuatro a seis meses para recuperar los equipos perdidos", detalló.

Con respecto a las sensaciones dejadas tras el ataque, Iván Salgado sostuvo que " ya habíamos sufrido cuatro ataques incendiarios durante 2021, e incluso dos conductores baleados en la zona de Carahue. La verdad es que esto es muy preocupante. La seguridad en el transporte forestal está cada día peor. Se produce un daño tremendo a la empresa y a las personas que laboran en ella".

"Los conductores que están con sus equipos actualmente trabajando, no lo hacen para nada tranquilos", añadió.

Detalles del ataque

El gerente de operaciones visitó este martes el lugar del ataque y entregó nuevos detalles del mismo. "Nosotros tenemos cámaras y pudimos ver el cómo actúan estos tipos. Llegaron a la entrada, se bajaron dos personas con escopetas apuntando hacia la construcción donde está la central y la casa habitación, y otros seis se bajaron con acelerantes para quemar todos los equipos que estaban dentro de la base. Durante cuatro minutos, quemaron todo y se fueron", relató.

Y agregó: "Eran ocho personas en dos vehículos: un Mitsubishi Montero, y un automóvil Citroen de dos puertas".

Responsabilidades

Consultado por las responsabilidades políticas ante la seguidilla de ataques incendiarios en la macrozona sur, Iván Salgado afirmó que "hay una responsabilidad muy grande de parte del Estado, dado que no se ha podido pesquisar a las personas que están generando estos daños, quienes se amparan en una causa territorial mapuche, pero lo que realmente está ocurriendo es terrorismo. Yo no quiero involucrar a las comunidades indígenas en esto. Aquí hay un tema de otra índole".

Y prosiguió: "Hay que actuar con inteligencia policial y llegar al final de este germen. No basta con las querellas contra quienes resulten responsables, porque eso no entrega soluciones. Deben llegar a la raíz del asunto para poder trabajar en paz".

Mientras que en relación a la aplicación del estado de excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía, el empresario señaló que "igual ocurren atentados. No ha sido efectiva. Se siente un poco más de seguridad porque se ven los militares patrullando la Ruta 5, pero igual existen ataques en caminos interiores".

"Se bajaron dos personas con escopetas (...), y otros seis se bajaron con acelerantes. Durante cuatro minutos quemaron todo y su fueron".

Iván Salgado, Propietario empresa afectada

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El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), René Muñoz, sostuvo que ampliar el estado de excepción constitucional a la región de Los Ríos "no servirá para nada".

En esa línea, y consultado por sus efectos en las regiones del Biobío y La Araucanía, el dirigente gremial expuso que la medida "no sirve de nada en las condiciones en que están hoy las fuerzas armadas. En el clima (de seguridad) puede haber ayudado, pero en el caso nuestro, hemos sufrido 21 atentado en zonas con estado de excepción, que para nosotros es la misma historia siempre".

Y subrayó: "Para los contratistas forestales, sus trabajadores y sus familias, sigue ocurriendo lo mismo con o sin estado de excepción. En las condiciones actuales, no sirve para nada ampliar el estado de excepción a Los Ríos".

"abandono"

Con respecto a las sensaciones del gremio tras este nuevo ataque incendiario, René Muñoz aseveró que "es la misma sensación de desolación, de abandono que tenemos desde hace ya ocho años. No hemos notado de parte de ningún gobierno, que haya una preocupación real por los trabajadores, por el desarrollo de empresas, porque finalmente nadie se conmueve por lo que está pasando".

El dirigente igualmente criticó que "ayer (martes) el delegado presidencial (César Asenjo) habló de querellas contra quienes resulten responsables, que nosotros las venimos escuchando hace tanto tiempo, pero sin detenidos. Nosotros registramos aproximadamente 330 ataques desde hace ocho años, de los cuales solamente dos se han esclarecido con procesados y condenados".

Y continuó: "Las instituciones no funcionan. La Fiscalía y las policías están absolutamente desmejoradas, sin medios, sin recursos, y así los fiscales no pueden hacer las investigaciones. El estado no estuvo preparado para atacar este problema desde un comienzo. Este es un problema de guerrillas rurales, y las policías no están capacitados para enfrentar grupos armados entrenados".

21 ataques incendiarios han sufrido contratistas forestales en zonas con estado de excepción constitucional.

330 atentados han registrado los contratistas forestales durante los últimos ocho años.