Redacción/Agencias

Dos proyectos que el futuro presidente de la República, Gabriel Boric, observa muy de cerca, vieron ayer más retrocesos que avances en su tramitación en el Congreso.

Uno es el del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que impulsa el Gobierno, pues tras ser aprobado con una indicación opositora que incluye el llamado impuesto a los "súper ricos", la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), dijo que este punto genera "ruido, porque no es una indicación que haya sido del Ejecutivo, por lo tanto, no es admisible".

"Yo no sé cómo se ha logrado pasar esa valla en la Cámara de Diputados y entiendo que en el Gobierno han anunciado que esto va a ir a Tribunal Constitucional, lo que puede hacer que el proyecto en sí se detenga", agregó Rincón.

El Presidente electo indicó el lunes, en su proclamación oficial por parte del Tricel, que no pondría trabas para que el proyecto avance en el Parlamento, "en la medida que se garantice" su financiamiento.

La presidenta del Senado dijo que "es fundamental que el Ejecutivo diga cómo se va a financiar este proyecto".

Ley de indulto

Otro proyecto que involucra a Boric y los compromisos que realizó en campaña es el que busca indultar a los llamados presos de la revuelta.

En la misma ceremonia del Tricel el diputado magallánico pidió al Senado que se legisle para tener durante este mes luz verde sobre el tema.

Ayer los senadores de la comisión de Constitución entregaron su respuesta a través del presidente, Pedro Araya (ind-PPD), quien confirmó que la iniciativa será votada en la sesión del próximo lunes.

Al mismo tiempo, Araya dijo que aunque la Comisión lo apruebe, no están los votos en la Sala del Senado para que se apruebe la idea de legislar y con ello la moción sería archivada por un año.

"sin recados"

El socialista Alfonso de Urresti fue más enfático y pidió a Boric no mandar "recados" a por la prensa a los legisladores, sino que encontrar acuerdos a través de otros mecanismos.

Según Gendarmería, oficiada por la presidenta del Senado, serían 144 personas las que están en prisión preventiva por delitos supuestamente cometidos en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019

De ellos, 69 esperan condena y algunos ya habrían cumplido su pena (o accedido a beneficio) si fueran condenados por los hechos que se les imputan.

"El proyecto tiene una serie de complicaciones que son de carácter técnico: no sabemos cuántos son los denominados presos de la revuelta y cuántas personas pasaron por el sistema penal durante el estallido social. Segundo, es un proyecto que técnicamente tiene bastantes deficiencias", agregó Araya y señaló que "al tener normas de quórum, necesita que al menos dos senadores de derecha voten a favor de este proyecto. No sacamos de la Comisión despachar este proyecto si no logramos construir un acuerdo político que le dé viabilidad técnica".

Finalmente, ayer Gabriel Boric tuvo una cita privada en la llamada "Moneda chica" con Dahianna Pereira, viuda del cabo de Carabineros Eugenio Naín, asesinado durante un procedimiento en Padre Las Casas en octubre de 2020.

"Le hablé sobre el tema del terrorismo en La Araucanía, porque sí que hay y que se haga justicia por mi marido y que Carabineros ya no esté solo", dijo Pereira y agregó que Boric "me dio un poco de esperanza, pero también sé que no todo depende del presidente y le planteé sobre la Ley Naín, que con esa ley Carabineros igual necesita apoyo y que sacando esa ley van a tener ese apoyo".

Uno de los fenómenos más preocupantes del último tiempo -que se suma al envilecimiento de los espacios públicos y una cierta desvergüenza en el obrar delictual- es el aumento de los crímenes violentos. Este fin de semana Santiago y Valparaíso sumaron seis muertos a balazos.

¿A qué puede deberse ese fenómeno? ¿Quién es el responsable de controlarlo?

Desde luego, y tal como lo reclamaron este lunes un grupo de alcaldes y alcaldesas, el control del orden público es una tarea gubernamental. Y lo es a tal extremo que la oferta de mayor seguridad y de control de la delincuencia suele aparecer en la competencia electoral.

Pero, como es obvio, la capacidad de las instituciones para controlar el orden público no depende solo de su inteligencia o sagacidad o eficiencia. También depende de su legitimidad, es decir, de la sensación muda de que el policía merece se le respete. Y entonces es probable que exista aquí un primer factor a considerar: hay ineficiencia de las instituciones, sobre eso no parece haber duda; pero también hay un deterioro de su legitimidad. Instituciones que se desprestigian por su propio comportamiento, o a las que se desprestigia mediante un discurso derogatorio, tarde o temprano ven estropeada su legitimidad y entonces el control espontáneo que su sola presencia debiera provocar ya no se produce. Se ha dicho mil veces y vale la pena repetirlo: el respeto de la ley no depende de la capacidad del estado de sancionar su transgresión, depende ante todo de la obediencia que le prestan, sin coacción alguna, las personas.

Y en Chile ha habido el último tiempo tanto un mal comportamiento policial, como un discurso público que descree del orden y deslegitima a la policía.

Se suma a lo anterior lo que podría llamarse una atmósfera anómica. Desde un tiempo a esta parte -y acentuada por la revuelta de octubre y la pandemia- las dos fuentes para orientar el comportamiento se han venido al suelo. En efecto, los seres humanos se dejan guiar, ante todo, por los ciclos de la naturaleza y por la ley. Y ocurre que ambas fuentes de orden han experimentado estos años una fuerte crisis. El resultado está a la vista en las paredes de la ciudad, en las plazas y en los parques, donde actos y conductas que apenas anteayer eran impensadas, hoy ocurren y se verifican sin sorpresa de nadie. La línea invisible que separa lo que es razonable y admitido, de aquello que no lo es, se ha vuelto borrosa y zigzagueante.

Y, en fin, se encuentra la cuestión migratoria.

La migración contemporánea no solo se refiere a esos miles y miles de personas que escapan de sus países en busca de mejores condiciones para ellas y para sus hijos (luego de que la promesa de bienestar fracasara en manos de gobiernos torpes y corruptos), sino que también migran el crimen ordinario y para qué decir el narcotráfico, industrialmente organizado. Estas dos formas de migración no están necesariamente vinculadas. La industria del narcotráfico por su propia índole -y al igual que cualquier actividad de mercado- tiende a expandirse y a colonizar partes de la estructura social que son más vulnerables.

De esta forma entonces la crisis de legitimidad de las instituciones, la atmósfera anómica y la mayor vulnerabilidad que provoca la crisis de la pandemia, se confabulan para crear espacios sociales vulnerables a su colonización por parte del narcotráfico y el crimen organizado.

Controlar el crimen y producir orden -una de las tareas básicas del presidente electo- requerirá componer la legitimidad de la policía, luchar con gestos y con símbolos contra la atmósfera anómica, regular la migración sin control por la que se cuela el crimen y desplegar un decidido plan de acción contra la industria del narcotráfico.

¿Será fácil? Por supuesto que no. Es muy difícil. Pero hay algo que el presidente electo no debiera hacer: echar la culpa a su antecesor. Quien postula a la presidencia no lo hace para culpar de lo que ocurre a quien le precedió, lo hace porque se siente capaz de resolver los problemas que el anterior no pudo.