Las autoridades de Gobierno han señalado hace unos días que desde 1990 hasta ahora se han destruido más de 185 mil armas, que proceden de decomisos realizados por las policías. La semana pasada se realizó la fundición de 13.600 pistolas y revólveres.

Es evidente que la delincuencia se ha potenciado por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas. El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego. Resulta alarmante ver cómo en las redadas realizadas por las policías se incautan pistolas y revólveres a jóvenes y hasta a niños, lo que indica que pese a los operativos que se realizan y a la destrucción de material, queda mucho más en circulación o que así como salen, se van reponiendo.

Solamente en el primer semestre Carabineros realizó más de cinco mil detenciones con incautación de armas de fuego en todo el país.

Ya no son extraños los casos de balaceras entre traficantes en las poblaciones, que pugnan por el control de los barrios, sino que también los asesinatos y los llamados ajustes de cuentas de miembros de bandas rivales. En ocasiones, han caído víctimas inocentes, incluso niños, como resultado de las balas perdidas. Carabineros y la PDI incautan con frecuencia armas de fuego y municiones en sus operativos policiales, y a la vez recogen el material que la ciudadanía opta por entregar en forma voluntaria.

Ocasionalmente se realizan campañas para que las personas que mantengan armas inscritas o no, o que hayan sido heredadas, las entreguen, para no exponerse a penas por no tenerlas regularizadas. No hay que olvidar también que en casos de robos, éstas pueden pasar a manos de los delincuentes. Según cifras del Ministerio del Interior, en Chile existen 700 mil armas en manos de privados y 800 mil operadas por el Estado. Sin embargo, no se sabe con certeza cuántas no están inscritas.

Para el constituyente, el rol de la persona humana en una sociedad libre e igualitaria no es cuestión menor y por esa razón, en sus primeras líneas escribe una potente declaración de un profundo contenido dogmático, axiológico y filosófico.

El Art. 1° inc. 1° de la Constitución declara que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Mediante esta declaración la Constitución se ampara o apoya en una concepción filosófica que reconoce en la persona, a un ser único y digno cuya dignidad procede de su calidad de ser consciente y racional y dotado de voluntad y afectividad.

Es una concepción humanista que pone su acento en la persona como principal preocupación del Estado, quien está a su servicio. Pero al mismo tiempo, es una concepción ius-naturalista, desde el momento en que entiende en que no es el Estado ni tampoco el poder constituyente originario, los que hacen que las personas sean libres e iguales, pues nacemos con estos atributos. Es decir, el ser humano por su propia naturaleza es libre e igual y tiene tales cualidades porque es anterior y superior al Estado y por ello "es el Estado el que está al servicio de la persona humana" y no al revés.

La dignidad por su parte es el respeto que merece todo ser humano por su calidad de tal lo que impide que sea violentado física o mentalmente o que sea discriminado. La persona por su propia dignidad es un depósito de valores destacando entre ellos la libertad e igualdad.

Esta concepción de la persona en la norma suprema, a nuestro juicio, no debería ser objeto de ninguna modificación sustancial, puesto que, si el colectivo se impone por sobre la dignidad de la persona, instrumentalizamos al Estado como medio para socavar las libertades individuales, imponiendo por la fuerza las convicciones del gran Leviatán.

Es de vital relevancia tener muy claro que la dignidad es inherente a la condición humana ya que esta es la razón última para rechazar los abusos de poder, en cualquier forma y por cualquier medio, y por lo mismo, habrá que tener muy presente cuál candidato a la primera magistratura del país otorgue más garantías para priorizar a la persona por sobre el colectivo, asegurándole las condiciones adecuadas para su pleno desarrollo espiritual y material, con el goce pleno de los derechos fundamentales que aseguren un crecimiento con la máxima igualdad y equidad que la institucionalidad pueda brindar.

José Manuel Baquedano, presidente Colegio Abogados Provincia de Osorno