Fiscalía pide a tribunal cierre de caso por muerte de malabarista y sobreseimiento de carabinero
RESPUESTA. El Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli confirmó que la audiencia solicitada por el Ministerio Público se hará el próximo 17 de diciembre.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli fijar una audiencia para comunicar el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo del imputado Juan González Iturriaga, por el delito de homicidio simple en contra del malabarista Francisco Martínez Romero, hecho que ocurrió el 5 de febrero del presente año.
Así lo confirmó a través de un video institucional el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, quien detalló que la solicitud fue realizada por el fiscal de Panguipulli, Marcelo Leal.
A su vez, el vocero agregó que "ya se recepcionó la totalidad de las pericias dispuestas y las diligencias encargadas a la PDI en esta causa, todo lo cual en su contenido extenso se dará a conocer en la audiencia solicitada, la que fue programada por el Juzgado de Garantía de Panguipulli para el 17 de diciembre a las 11 horas".
Querellante
Una de las partes querellantes en esta crimen son los propios vecinos de Panguipulli, quienes son representados por el abogado Marcelo Vargas.
En ese contexto, el profesional manifestó su rechazo a la solicitud realizada por el fiscal, y expresó que "nosotros como vecinos ingresamos esta querella para que se llegue a la verdad y para que exista justicia. Esto porque en un primer momento se habló de un homicidio y posteriormente de legítima defensa, entonces la medida va contra quienes resulten responsables no contra el carabinero en particular".
Y agregó que "con todas las pruebas que existen a través de imágenes, testigos y grabaciones, nos hemos formado la convicción de que en definitiva el procedimiento y protocolos que ocupó carabineros en aquella fiscalización en particular, no cumplieron ningún estándar mínimo de cualquier procedimiento policial, lo que terminó con la vida de esta persona".
Asimismo, destacó que "si se hubiera tomado otra forma de operar, llamando a otros funcionarios e inclusive no disparar el último disparo, que es el que finalmente le causó la muerte a la persona, cuando este ya estaba inhabilitado en el piso, nada de lo que ocurrió posteriormente hubiera ocurrido. Entonces, en la audiencia en principio lo que vamos hacer es oponernos a la solicitud de Fiscalía, porque entendemos que el procedimiento policial no se ajustó a derecho y puede ser constituido incluso como un delito".
situación
El pasado 5 de febrero, el malabarista Francisco Martínez murió luego que el sargento Juan González disparara en seis oportunidades, luego de un control de identidad, al cual la víctima se rehusó. En ese contexto, en el informe policial señala que el uniformado usó su arma en legítima defensa, luego que Martínez se abalanzara sobre él, con machetes que eran utilizados para malabares.
El 8 de febrero, el imputado fue formalizado en el tribunal de Panguipulli por homicidio simple bajo la hipótesis de legítima defensa incompleta, quedando en primera instancia con arresto domiciliario total.
No obstante, posteriormente la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la medida del tribunal y dispuso firma quincenal y arraigo nacional, que es la actual situación que se encuentra el imputado.
Alcalde Burgos lamenta la solicitud
Respecto a la solicitud de la Fiscalía, el alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, a través de un comunicado, expresó que "como municipio nos parece que la Fiscalía antes de proponer el sobreseimiento de la causa debe agotar todas las circunstancias que permitan determinar responsabilidades en el fallecimiento de Francisco Martínez. Por lo mismo, hemos dispuesto que la Asesoría Jurídica evalúe acciones para que la Fiscalía continúe con la investigación". Y agregó que "espero que el Tribunal reconsidere y mantenga abierta esta investigación. No es un hecho casual ni fortuito, es un hecho que ocurrió en un proceso rutinario policial donde fallece una persona y estimamos que se debe agotar hasta la última instancia de investigación que permita establecer responsabilidades en los hechos ocurridos ese 5 de febrero".