Atentado terrorista
"Hemos tenido que lamentar nuevamente un atentado terrorista en la región", dijo el delegado presidencial en La Araucanía Víctor Manoli, luego del sabotaje a la línea férrea y posterior descarrilamiento e incendio de dos locomotoras y cuatro vagones de carga provocado por desconocidos aproximadamente doce kilómetros al sur de Victoria, horas antes del paso del tren de pasajeros. En el lugar se halló un lienzo exigiendo la salida de los militares de la zona.
Al respecto, cabe comentar que el Congreso no ha aprobado diversos proyectos de ley que habrían contribuido a derrotar el flagelo terrorista. Tampoco ha aprobado la modificación de la ley 18.314 que determina conductas terroristas, una ley absurda que exige acreditar un hecho subjetivo -como lo es la intención de los imputados-; algo que no se puede probar y que hace imposible condenar a quienes cometen actos terroristas (el artículo 1º de dicha ley establece: "Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor…").
Adolfo Paúl Latorre
Un futuro peor
Bastó sólo un fin de semana para que el equipo de Gabriel Boric mostrara las verdaderas intenciones del candidato en temas que resultan clave para los chilenos.
Por un lado, Sebastián Depolo aseguró que vienen a "meterle inestabilidad" al país, después de dos años de crisis social y sanitaria, en momentos en que lo que más necesita la ciudadanía es seguridad. Asimismo, Claudia Sanhueza nos notificó que en el sistema previsional que impulsarán, los trabajadores no tendremos propiedad sobre nuestros ahorros, por lo que el fruto de nuestro esfuerzo no será heredable a nuestros hijos.
Al mismo tiempo, Diego Pardow, en referencia al sistema de medios de comunicación, señaló que "si es necesario hacer un diseño institucional con frenos y contrapesos, estamos dispuestos", lo que sería una amenaza real a la libertad de prensa. Por último, Giorgio Jackson aclaró que en un gobierno de Boric no habrá desalojos de tomas, sino que "diálogo", vulnerando uno de los principios más importantes de una democracia, que es el derecho de propiedad.
De ganar Boric y de llevarse a cabo estas propuestas, tengo sólo una certeza: tendremos un futuro peor.Martina Claro, abogada
Armadura de protección
El Derecho debería ser una armadura, sin embargo, esta armadura muchas veces se entrega tarde. El pasado 4 de octubre se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.378 que establece un sistema de monitoreo telemático (tobillera electrónica), con el objeto de supervisar a través de medios tecnológicos la medida cautelar de prohibir al ofensor acercarse a la víctima en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), también, como medida accesoria o suspensión del procedimiento regulado en dicha ley.
La supervisión de la información que entregue el dispositivo estará a cargo de Gendarmería de Chile y, conforme a lo indicado, originará una alarma cuando el ofensor se acerque a la víctima.
Esta ley ingresó al Congreso el 2014 y en estos largos 7 años de discusión el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), ha registrado la muerte de 286 mujeres, entre el 12 de noviembre de 2014 y el 10 de octubre de 2021.
Tras esta cifra, cabe preguntarnos ¿cuántas muertes pudieron haberse evitado si esta ley se hubiera tramitado con mayor celeridad? ¿Por qué la tramitación que permite decretar un día como festivo se aprueba en una semana, y una ley que busca entregar una armadura a las víctimas de VIF tarda tantos años?.
Si bien celebramos su publicación, es menester explicar que esta ley no tiene una aplicación práctica inmediata. En primer término, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con seis meses para dictar el reglamento, el cual debe ser suscrito también por el ministro de Hacienda. Dictado el Reglamento y para los casos de aplicación por la Ley de Violencia Intrafamiliar, la imposición de tobilleras electrónicas se realizará en forma gradual: 10 meses después en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, y luego de 14 meses en las demás regiones.
En tanto, en el caso de la aplicación de tobilleras electrónicas como medida cautelar decretada por los Tribunales de Familia, sólo podrá realizarse en seis meses más. Esperemos que con esta demora en su aplicación, el listado de víctimas por VIF no siga aumentando significativamente.
Carolina Araya, directora carrera de Derecho, U. de Las Américas Sede Concepción
