En medio de la pandemia del covid-19, una de las instituciones que ha jugado un rol clave ha sido la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que transformó sus servicios de alimentación y organizó la entrega de cajas con productos para cocinar en los hogares y así garantizar la llegada de beneficios a los niños. Esos aportes -repartidos gracias al trabajo de los equipos docentes de escuelas y liceos- resultaron fundamentales para muchas familias del país y la región en los momentos de mayor dureza de la crisis sanitaria.

Ahora, con el regreso presencial a clases, Junaeb retoma sus lineamientos habituales, entre ellos la preocupación por los índices de obesidad que muestran los escolares chilenos; algo que en la zona sur del país tiene cifras altas, especialmente en menores de prebásica y básica. Ante esta realidad, la primera medida es entregar dietas más balanceadas a través del Programa de Alimentación (PAE). Al respecto, este mes hubo anuncios importantes: las raciones estudiantiles contendrán ahora un mejor índice proteico y menos productos procesados; habrá menos pan, pero más leche líquida, pescados y mariscos; frutas y platos con huevos entre sus ingredientes. También consideran un rescate de recetas tradicionales latinoamericanas, además de la mantención de otra medida ya internalizada hace varios años, la disminución del uso de sal.

Es bueno recordar, además, que desde 2019 se ha privilegiado que en cada región se entreguen alimentos generados localmente, lo cual es favorable para la salud de los beneficiarios, genera menos contaminantes por traslado y también dinamiza en especial a la agricultura familiar campesina.

Sin duda que todas estas iniciativas son positivas, pero ellas deben ir de la mano con refuerzo en la formación de hábitos. No basta con comer sano en la escuela si fuera de ella se accede a "comida chatarra" o si en los mismos hogares no hay recursos -materiales o de información adecuada- para una alimentación más saludable.

La alimentación sana desde temprana edad es una de las claves para garantizar una población saludable en los años posteriores.

Con mucha preocupación he recibido las denuncias de proveedores, de diverso tamaño, que enfrentan graves problemas en los contratos de suministro que mantienen con diferentes organismos del Estado, directamente o a través de empresas operadoras con convenios marco.

En efecto, muchas pymes están obligadas a ofrecer sus productos a través de operadores intermediarios, que mantienen convenios marco con Chilecompra, y que imponen condiciones gravosas a las pymes, incluyendo altas comisiones, descuentos obligatorios y retardos en los pagos. Esta situación afecta a pequeños y medianos emprendedores todavía con mayor fuerza en regiones. Y la de Los Lagos no escapa a esa condición.

Muchos pequeños ferreteros, elaboradoras de alimentos y distribuidores de materiales de oficinas, están atados de manos frente a estos grandes convenios marco, a través de los cuales se realiza una parte importante de las compras públicas del Estado, especialmente de municipalidades.

He solicitado, a través de un oficio del Senado, que Chilecompra informe sobre las empresas que están operando con esta modalidad y las medidas adoptadas para impedir los abusos y malas prácticas que hoy existen en el sector.

Las pymes siempre han enfrentado trabas en su relación con los organismos públicos, especialmente, en cuanto al pago oportuno de sus productos y servicios, materia que incluso debió ser abordada por una ley especial dictada hace un tiempo.

Sin embargo, la pandemia ha agravado estos problemas, pues al conjunto de problemas habituales ahora deben sumar dificultades de abastecimiento con sus propios proveedores, lentitud en la cadena de transporte, falta de mano de obra y alzas de precios.

Más allá de las palabras, debe haber medidas concretas de parte de la autoridad para ayudar a las pymes en estos problemas que son reales, que provocan muchas veces incumplimientos, y que no deben ser abordados como en tiempos de normalidad, sino que haciéndose cargo de las circunstancias especiales que atravesamos.

El compromiso con la reactivación económica del país no puede limitarse a la entrega de algún beneficio -ya de por sí insuficiente- sino a generar las condiciones necesarias para que las pymes del país se levanten. Y el Estado, como uno de los grandes compradores de sus productos y servicios, debe cautelar también un trato justo y adecuado.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos