En medio de la pandemia, una de las instituciones que jugó un rol clave fue la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que transformó sus servicios de alimentación y organizó la entrega de cajas con productos para cocinar en los hogares y así garantizar la llegada de beneficios a los niños y niñas. Esos aportes -repartidos gracias al trabajo de los equipos docentes de escuelas y liceos- resultaron fundamentales para muchas familias del país y la región en los momentos de mayor dureza de la crisis sanitaria.

Ahora, con el regreso presencial a clases, Junaeb retoma sus lineamientos habituales, entre ellos la preocupación por los índices de obesidad que muestran los escolares chilenos; algo que en la zona sur del país tiene cifras altas, especialmente en menores de prebásica y básica.

Ante esta realidad, la primera medida es entregar dietas más balanceadas a través del Programa de Alimentación (PAE). Al respecto, este mes hubo anuncios importantes: las raciones estudiantiles contendrán ahora un mejor índice proteico y menos productos procesados; habrá menos pan, pero más leche líquida, pescados y mariscos;frutas y platos con huevos entre sus ingredientes. También consideran un rescate de recetas tradicionales latinoamericanas, además de la mantención de otra medida ya internalizada hace varios años, la disminución del uso de sal.

Además es bueno recordar que desde 2019 se ha privilegiado que en cada región se entregue alimentos generados localmente, lo cual es favorable para la salud de los beneficiarios, genera menos contaminantes por traslado y también dinamiza en especial a la agricultura familiar campesina.

Sin duda que todas estas iniciativas son positivas, pero ellas deben ir de la mano con refuerzo en la formación de hábitos. Sabemos que no basta con comer sano en la escuela, si fuera de ella se accede a "comida chatarra" o si en los mismos hogares no hay recursos -materiales o de información adecuada- para una alimentación más saludable.

Por estos días las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) están navegando entre dos aguas. Por un lado, el Ministerio del Interior, mediante el oficio N° 18.500 del 8 de septiembre de 2021, estableció que estas comisiones deben ser presididas por el delegado presidencial y que el gobernador regional sólo podrá convocarlas para proponer zonificaciones del litoral, siempre y cuando sea autorizado por el delegado.

Por su parte, los Gobiernos Regionales reclaman las presidencias de las CRUBC argumentando que, por mandato constitucional y legal, la planificación territorial, incluida la del espacio costero, es de su competencia. Además, hay una serie de antecedentes relativos a su creación que indican que estas instancias dependerán funcional y administrativamente del Gobierno Regional.

Esta controversia no pasó inadvertida en nuestra región, y prueba de ello es que el 7 de octubre de este mes se celebró una reunión informativa de la CRUBC Los Lagos, la cual fue convocada por ambas autoridades. No obstante esta reunión se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad entre las partes, aduciendo que, más que un conflicto regional, es un problema institucional que debe ser resuelto por la Contraloría. De igual modo, existieron voces disidentes entre los participantes, que ven con mayor incertidumbre la toma de decisiones en esta materia.

Esta situación no deja de ser preocupante, debido a que se menoscaba la figura de una autoridad regional elegida democráticamente y se entregan funciones al delegado presidencial que no le corresponden. Además, esta acción ha sido interpretada como un intento desesperado del gobierno de turno por mantener el centralismo, no sólo con el propósito de restringir la toma de decisiones de las regiones, sino que también para favorecer, de manera arbitraria, la entrega de concesiones a privados.

En consecuencia, y dada la complejidad de los usos de la zona costera en la región, se requiere navegar por aguas que tengan una visión de desarrollo integral de este espacio y donde las decisiones pasen por procesos de descentralización, que incluyan la participación deliberativa de los actores que cotidianamente se apropian funcional y simbólicamente del territorio costero.

Alejandro Retamal, investigador

postdoctorante Ceder - ULagos